Fabian Ramírez Huesca

Expediente 209/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
209/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Fabian Ramírez Huesca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, se indicó que el expediente es depurable, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse concedido la protección constitucional en el juicio. Sin embargo, el ocho de junio de dos mil veintitrés, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en el cual se estableció en el artículo 17, fracción III lo siguiente: Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) (.) En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva; c) Causas civiles o administrativas federales; d) Causas Penales; e) Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; f) Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; g) Extinción de Dominio; h) Extradición; i) Jurisdicción Voluntaria; y j) Juicios Orales. Los expedientes integrados con motivo de la causa penal se conservarán en el órgano jurisdiccional hasta que se haya compurgado la pena." Valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y se hace la indicación que el presente juicio de amparo, es CONSERVABLE INTEGRAMENTE, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, es susceptible de depuración. Duplicado del Incidente de suspensión. En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el disco versátil digital (DVD), que contiene el audio y video de la audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, que remitió como apoyo a su oficio para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 66 a 107), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal ********************, para efecto de que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial y Alcocer, realizara lo siguiente: Deje sin efectos la determinación emitida en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, respecto a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal ******************** de su índice; impuesta en términos de los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que resolvió ratificar la medida impuesta. Cite a las partes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente y, Una vez escuchadas las partes en el debate respectivo, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia y atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dentro de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México: Analice si el delito por el que se sigue la causa de origen amerita o no prisión preventiva oficiosa, determinado ello, deberá considerar que la misma es inconvencional. Dará uso de la voz a la fiscalía para que, con base en los elementos objetivos que deriven de la investigación, exponga si existe necesidad de cautela a algún riesgo procesal probado que determine la imposición de una medida distinta. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción. resolverá lo conducente, pudiendo incluso imponer la misma medida, pero absteniéndose de partir de las razones de la mera oficiosidad. Así en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Posteriormente, el cinco y once de julio del dos mil veintitrés, fueron recibidos los oficios signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial y Alcocer, mediante los cuales, en el primero de ellos informó las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y en el segundo de ellos, informó el cumplimiento total dado a la misma; por lo que en proveído de doce de julio siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Vista que únicamente fue desahogada por la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el diecinueve de julio del año en curso. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En ese sentido, del análisis a las constancias remitidas, se advierte que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial y Alcocer, dentro de la causa judicial ********************realizó lo siguiente: En auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, señaló las diez horas con cero minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente y dejó sin efectos la determinación emitida en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, respecto a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, se abrió debate sobre la imposición de medida cautelar; determinó que existe necesidad de cautela y, como consecuencia, resolvió imponer prisión preventiva justificada al aquí quejoso con fundamento en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia es evidente que la responsable, dio cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Manifestaciones de la parte quejosa Ahora, de autos se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado el diecinueve de julio del año en curso, se tuvo a Johana Espejel Sarmiento, en su carácter de defensora particular de ********************, realizando manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente asunto, en las que refiere que la misma no se encuentra cumplida toda vez que en audiencia de siete de julio del año en curso, solicitó al juez responsable se impusiera como medida cautelar la presentación periódica, exhibición de medida cautelar y colocación de un localizador electrónico; derivado del estado de salud del aquí quejoso y al no imponer dichas medidas cautelares el juez responsable violó en su perjuicio el principio pro persona; aunado a que al imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar incurrió en repetición del acto reclamado. Al respecto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la ejecutoria emitida en el presente asunto sí se encuentra cumplida, ello, pues el juez responsable en atención a la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 66 a 107), dejó insubsistente la determinación respecto de la medida cautelar impuesta al aquí quejoso en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, esto es, prisión preventiva oficiosa. Posteriormente en audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, se abrió debate sobre la imposición de medida cautelar, concediéndole el uso de la voz tanto a la fiscalía como a la defensa, hecho lo anterior, el juez responsable determinó que existe necesidad de cautela y determinó la imposición de la prisión preventiva justificada al aquí quejoso; lo anterior, con fundamento en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 66 a 107), se concedió libertad de jurisdicción a la responsable para que, una vez escuchadas las partes en la audiencia señalada para la imposición de la medida cautelar respectiva, resolviera lo conducente en torno a la misma; lo cual realizó la autoridad responsable, pues previa exposición de las partes, determinó que existía necesidad de cautela e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Situación que incluso fue indicada como posibilidad dentro de la sentencia de mérito, pues se estableció que la responsable podría imponer como medida cautelar la prisión preventiva, siempre que se apartara de partir de las razones de la mera oficiosidad; lo cual, aconteció en el caso en estudio. Por lo que se concluye que la ejecutoria emitida en el presente asunto se encuentra cumplida. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de julio de dos mil veintitrés. Manifestaciones relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo Agréguese el escrito signado por Johana Espejel Sarimiento, defensora particular de Fabián Ramírez Huesca -quejoso-, a través del cual desahoga la vista concedida en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, y al efecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

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