Fabián Rafael Rosales Cisneros

Expediente 1189/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1189/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Fabián Rafael Rosales Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    cúmplase.

  2. Principal

    sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Incidental

    notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de trece de noviembre del año en curso, remite copia certificada de las constancias relativas al traslado del quejoso Luis Alberto Álvarez, de dicho centro penitenciario al diverso Centro de Reinserción Social el Hongo, con sede en Tecate, Baja California. Ahora, el artículo 197 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." En efecto, la porción normativa antes descrita, revela para lo que aquí importa, que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y ningún expediente puede ser archivado en tanto no quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido la protección constitucional solicitada. En la práctica, como es en el caso concreto, sucede que la autoridad con el carácter de responsable en el juicio de amparo, realiza todas aquellas gestiones que la Ley secundaria le permite para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a efecto de resarcir al impetrante en el derecho fundamental transgredido, se requiere de algún otro ente ya sea moral o físico, que no tuvo intervención en el juicio de amparo para que impulse el procedimiento de ejecución de sentencia. No obstante, esa circunstancia no conduce a concluir que existe imposibilidad jurídica para acatar el fallo protector, pues el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales, implica que cualquier autoridad debe proceder en consecuencia para realizar los actos necesarios encaminados a que se dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, incluso, aunque no haya sido señalada como responsable, como lo prevé el artículo 197 de la Ley de Amparo, que faculta al Juez Federal para requerir a todas las autoridades que tengan o deban tener intervención, por encontrarse vinculadas al cumplimiento de la sentencia.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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