Fabian Patiño García

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Fabian Patiño García
  • Alejandrina Yamada Flemate

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa en lo substancial que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 236/2018-5A, promovido por ALEJANDRINA YAMADA FLEMATE y FABIÁN PATIÑO GARCIA, correspondiéndole el juicio de amparo indirecto 514/2018-II, de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por Alejandrina Yamada Flemate y Fabián Patiño García, regístrese por su orden en el Libro de Gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 236/2018-5A. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra de la omisión de la responsable de notificar oportunamente a la parte demandada dentro del juicio laboral 751/2016, del índice de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana Baja California. Ahora, tomando en consideración lo anterior, es oportuno verificar la competencia objetiva del Órgano Jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ésta constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme al primer párrafo del artículo transcrito con anterioridad, se advierte que la competencia se surte a favor del juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Luego, partiendo de que el acto reclamado deriva de la prosecución de un juicio laboral substanciado en la ciudad de Tijuana, Baja California, entonces, aun cuando se haya reclamado en el juicio de amparo una omisión por parte de la responsable, resulta inconcuso que los actos que deriven del amparo sí requieren de una ejecución material, por lo que se estima que el Juez legalmente competente para conocer del amparo que en su contra se interponga será el del lugar en donde reside la Junta que conoce del litigio de origen. De ello se deduce, por exclusión, que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, al no encontrarse ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California, sino en Mexicali, Baja California, no tiene jurisdicción territorial para conocer de un juicio de amparo que debe tener ejecución en el municipio de Tijuana. En efecto, conforme a lo enunciado, el acto reclamado impacta en un proceso laboral que tiene tramitación en Tijuana, Baja California, esto es, la ejecución material de los actos en dicho juicio se materializa, precisamente, en el lugar de residencia de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra alguna omisión resultante de dicho procedimiento laboral federal se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable. Máxime que, si se toma en cuenta que contra el laudo que llegue a dictarse en el juicio laboral de origen, las partes estarán en aptitud de promover amparo directo del que deberá conocer el Primer o Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, ambos con sede en Tijuana; ello de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 29/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis. Ello obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional, cuenta habida que es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en tribunales constitucionales de una misma ciudad, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruyó el juicio de origen, con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2183, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y contenido siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Cabe destacar que el presente auto de incompetencia tiene sustento jurídico además en la ejecutoria relativa al amparo en revisión laboral 39/2018, del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en la que mediante sesión ordinaria de quince de marzo de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, determinaron que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con residencia en Tijuana, Baja California. En tal virtud, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de la materia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual, se ordena remitir la presente demanda y ocho copias que anexó la parte quejosa al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y de Juicios Federales con sede en Tijuana, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en aquella ciudad; previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Alberto Tirado Vega y únicamente para oír y recibir notificaciones al pasante en derecho Jaime Anibal Luna. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUES

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