Fabián Ortíz Rojas

Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1079/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Fabián Ortíz Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    ....se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Griselda Ortega Vargas en representación de Fabián Ortiz Rojas, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1079/2019/I-A. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado: 1. La orden de traslado que se haya emitido para que Fabián Ortiz Rojas, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Regional Zona 1, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, donde se encontraba recluído a uno diferente en el Estado de Veracruz o a cualquier otro dentro de la República Mexicana, o presuntamente al de Chiapas, la cual se encuentra ejecutada. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, se advierte que María Griselda Ortega Vargas en representación de Fabián Ortiz Rojas, reclama en esta instancia constitucional la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Zona 1 con sede en Pacho Viejo, Veracruz, a otro Centro de Reclusión en el Estado de Veracruz, de Chiapas o cualquier otro en la República Mexicana. De esta manera, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo , en relación con los diversos 57, primer párrafo, 107, 108, 109, 114, 116 y 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución. Ello es así, toda vez que los artículos 57 , 107 , 108 , 109 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido, entre otros, por las personas privadas de su libertad, para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Incluso, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. Tal controversia judicial en términos del diverso artículo 116 del ordenamiento invocado, procede respecto de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con el mismo y el aquí quejoso en su calidad de interno del centro penitenciario donde se encuentre, está legitimado para promoverla conforme al numeral 117 de la ley invocada. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el juez de ejecución. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) , de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese tenor, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. En el caso concreto, María Griselda Ortega Vargas en representación de Fabián Ortiz Rojas, como se dijo, reclama en esta instancia constitucional la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Zona 1 de Pacho Viejo, Veracruz, a otro Centro de Reclusión en el Estado de Veracruz o Chiapas o cualquier otro dentro de la República Mexicana. Por lo tanto, se concluye que este juicio es improcedente porque el promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien de inmediato respecto de su petición y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, máxime que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el toca 38/2019 de su índice, al declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, emitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de amparo 135/2019 de su índice, en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida en aquellos autos, contra "la orden de traslado. a otro centro penitenciario". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de la demanda y por autorizado de su parte en términos restrictivos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Darío Cervón del Razo Nieva, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). El promovente no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales. Por otra parte, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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