Fabián Ortiz Miramontes

Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
686/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Fabián Ortiz Miramontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, y del presente acuerdo. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, tomando en consideración que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, remitió como apoyo a su informe justificado un disco óptico en formato de videograbación DVD que contiene la continuación de la audiencia inicial de uno de diciembre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 382/2020, y ante lo innecesario que resulta continúe a disposición de este juzgado, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 686/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Fabián Ortiz Miramontes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO "EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado en audiencia pública por la responsable el día uno de diciembre del dos mil veinte, dentro de la causa penal 382/2020 instruida en contra del quejoso y otros radicada en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 686/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido dentro de juicio, el cual tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación y cuyo procedimiento se ventila por un juzgado penal con domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia el auto de vinculación a proceso de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido en su contra dentro de la causa penal 382/2020, por la probable comisión de los hechos que la ley señala como el delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, párrafo primero del Código Penal Federal; en concordancia con los artículos 7, fracción II (delitos permanentes), 8 (acción), 9, párrafo primero (dolo directo), y 13, fracción III (coautor) del Código Penal Federal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (foja 25 de autos), manifestación expresa que basta para tenerlo por plenamente evidenciado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las actuaciones que obran en la causa penal 382/2020 y el disco óptico en formato de videograbación DVD que contiene la continuación de la audiencia inicial de uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se vinculó a proceso al aquí quejoso; disco que remitió el responsable y que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que los discos ópticos en formato de videograbación DVD de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañados por las autoridades judiciales responsables como anexos a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo y se tienen por desahogadas sin audiencia especial. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El quejoso fue notificado de la vinculación a proceso en la propia audiencia de uno de diciembre de dos mil veinte, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el dos de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del tres al veintitrés de diciembre de dos mil veinte, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes y año, por corresponder a sábados y domingos; por lo que al haberse presentado la demanda el diez de diciembre de dos mil veinte, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días que establece el numeral 17, en relación con el 18 de la Ley de Amparo. QUINTO. Precisión del concepto de violación. El quejoso esencialmente sostiene que el auto de vinculación a proceso es violatorio de sus derechos humanos en virtud de que no se cumple con el requisito señalado en la fracción III, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se colman las exigencias para acreditar ni a manera de probabilidad la existencia del delito que se le imputa -delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína-, cuando menos no en la modalidad de transporte, ello en virtud de que la embarcación que tripulaba el aquí quejoso se encontraba al pairo, o sea, que no se trasladaba o desplazaba de un punto a otro, por lo que no se puede determinar con certeza que la finalidad era transportar los bultos con el narcótico de un lugar a otro, pues no hay evidencia de donde venía y hacía dónde iba la embarcación. Asimismo, argumenta que de los datos de prueba tampoco se acredita que los bultos encontrados son los mismos (que se observan en el video), ni que el quejoso es una de las siete personas que iba en la embarcación menor. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis del concepto de violación, el cual resulta infundado, aún suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de las consideración siguientes. En relación con la resolución de vinculación a proceso, los numerales 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La intelección de los dispositivos antes transcritos, permite considerar que: en el primero, se garantiza que ninguna persona pueda ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino es mediante el seguimiento de un juicio ante los órganos jurisdiccionales preexistentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo, consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Entendiéndose por fundamentación, la cita del o los preceptos aplicables al caso; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Mientras que en el tercero, se consagra el derecho de todo individuo a una recta, pronta, completa e imparcial administración de justicia en los tiempos y términos que las leyes secundarias señalen. Finalmente, en el último de los numerales el constituyente federal, estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama, es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal de corte acusatorio cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si el material obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo atribuido. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación a proceso se realiza en función de hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y exista la probabilidad que el imputado los cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando haya indicios razonables que así permitan suponerlo. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación armónica del dispositivo en mención y el contenido del artículo 19 de la Carta Magna, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que lo ha dictado, ha sido acorde a derecho. Los requisitos de forma son: 1.- Que exista formulación de la imputación; 2.- Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, 3.- Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los requisitos de fondo consisten en: 4.- La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; 5.- Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 6.- Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que tales exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del imputado, sino que los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de la participación del activo; dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. En este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que debe considerarse a la etapa de investigación como un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado "cuerpo del delito", sino que, a fin de respetar la directriz constitucional, únicamente, se requiere determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que podríamos definir como la identificación de la norma penal relevante y que efectivamente, el hecho materia de la imputación aconteció. En esa tesitura, el análisis del acto aquí combatido (auto de vinculación a proceso) se debe practicar en seguimiento a esa óptica, aclarando que por hecho ilícito no debe entenderse un anticipo de la tipicidad, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual, acreditando los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico procesal de los elementos del tipo, no con pruebas sino con datos. Por ende, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Cobra relevancia al respecto la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En ese orden de ideas, para la emisión de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, tanto de los antecedentes narrados por el mismo quejoso (foja 4), como de la constancia de resolución de la audiencia inicial (fojas 26 y 27), y de la reproducción del disco compacto enviado por el juez responsable como anexo a su informe justificado, se obtiene, en lo que interesa, que en la audiencia inicial celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veinte en la causa penal 382/2020, se formuló imputación en contra Fabián Ortiz Miramontes, a quien se le dio oportunidad para declarar, sin embargo éste se reservó hacer uso de ese derecho, por lo que Fiscalía procedió a solicitar la vinculación a proceso del imputado, señalándose al efecto el uno de diciembre de dos mil veinte para la continuación de la audiencia inicial. Luego, el uno de diciembre de dos mil veinte se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, sin que los imputados ofrecieran ningún dato o medio de prueba; por lo que, una vez cerrado el debate entre las partes, el juez responsable resolvió la situación jurídica del imputado, dictando, entre otras cosas, auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Fabián Ortiz Miramontes, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominada clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, párrafo primero, del Código Penal Federal; en concordancia con los artículos 7, fracción II (delitos permanentes), 8 (acción), 9, párrafo primero (dolo directo) y 13, fracción III (coautores), del Código Penal Federal, en los términos siguientes: (.) Bueno una vez escuchado el agente del Ministerio Público de la Federación y también escuchada a la defensa este órgano jurisdiccional considera que de los antecedentes expuestos por el agente del ministerio público de la federación se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de transporte, el delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal y asimismo que existe la probable responsabilidad del imputado Fabián Ortiz Miramontes en su comisión. En términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que existan datos de prueba suficientes para justificar un hecho que la ley señala como delito y a su vez también que estos datos también evidencien la probabilidad de que el imputado participó o cometió ese hecho ilícito, además de que estén bien establecidas las circunstancias de tiempo modo y lugar. A juicio de este juzgado se colman esas exigencias del numeral constitucional establece. Señala la defensa como argumento que se establece que hay una ausencia de tipo. No es una ausencia, la ausencia de tipo es cuando una conducta no la regula propiamente como ilícito la ley, aquí no podemos hablar de una ausencia de tipo porque la conducta sí encuadra, la conducta que llevó a cabo el imputado Fabián Ortiz Miramontes cuadra sí encuadra en una norma penal. Entonces aquí de lo que se podría hablar es de tipicidad y atipicidad que contempla el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal, por falta de uno de los elementos. Ahora bien, ya se establecieron a través de criterios jurisprudenciales que en lo concerniente al auto de vinculación no se tiene que justificar los elementos del delito, sino hasta la etapa de sentencia que sí exige un estudio pormenorizado de cada elemento de las diferentes conductas penales, aquí nada más se tiene que justificar un hecho que la ley señala como delito. Ahora bien, en relación a la argumentación por demás abundante que es en relación qué para mi punto de vista, efectivamente la lancha fue encontrada al pairo, sin embargo el agente del Ministerio Público no tenía la carga procesal de demostrar el origen, de donde provenían y a dónde iban. Aquí ellos estaban en altamar, ellos no llegaron por arte de magia a ese lugar, tuvieron que haber salido de un punto e iban a otro punto, y se quedaron sin gasolina, se quedaron sin combustible o por fallas mecánicas se quedaron ahí en altamar. Entonces, aquí cobra aplicación, señalo a la defensa la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es obligatoria para este órgano jurisdiccional, que reza de la manera siguiente: "DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA SU ACTUALIZACIÓN ES INNECESARIO ACREDITAR LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL ESTUPEFACIENTE CUANDO EL TRASLADO ES EN UN VEHÍCULO DE CARGA SOBRE UNA CARRETERA". De manera análoga pues lo vamos a aplicar altamar sin duda alguna y, todavía, ahí todavía desde mi punto de vista, hay mayor probabilidad o mayor grado de acercamiento en relación a esta conducta cuando se está en altamar, todavía es más debatible en el territorio mexicano en relación a una carretera puesto que puede ser que por ahí se transite por poblados o comunidades y tendríamos que analizar si efectivamente hubo un cambio geográfico de un punto distinto a otro, pero aquí en altamar sin duda alguna tuvieron que salir de un lado, no llegó una embarcación nada más porque sí ahí, la aventura los dejo ahí, no, tuvieron que salir y sí tuvo que haber un cambio o más que nada, un desplazamiento de un punto geográfico a otro distinto de este narcótico. Con esta jurisprudencia queda debidamente controvertido lo que me señaló la defensa. Ahora bien, es muy complicado, también hay un criterio que establece que los actos de transporte no pueden, es difícil dar fe de ellos, ¿por qué?, porque esos se van dando de momento a momento, sin embargo el hallazgo y el aseguramiento de ese narcótico, tanto de los tripulantes de manera separada, en este caso, evidencia que el ahora imputado junto con los demás coimputados efectivamente pues transportaban ese narcótico bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar evidenciadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, o sea, dan fe de la posición del narcótico. Ahora bien, en cuanto a los videos, son bastante claros de que efectivamente iban siete personas, en las que iba efectivamente el imputado, que tuvo en su momento el carácter de náufrago, y también se da fe, efectivamente las imágenes son muy claras en relación al impermeable amarillo, las botas amarillas y en relación a las coordenadas de 13 grados, 6 minutos norte, longitud 99 grados, 10 minutos oeste, donde encuentran la embarcación al pairo y también coinciden con la coordenadas, que son las primeras coordenadas, donde es el primer avistamiento de los 99 (sic) paquetes con el narcótico afecto. Entonces creo que hay una suficiencia de datos de prueba para demostrar efectivamente la conducta y la participación del imputado. Ahora, ¿cuál es el hecho que la ley señala como delito por el cual se le está imputando al imputado Fabián Ortiz Miramontes?, es que, efectivamente el siete y ocho de octubre empiezan a arrojar los bultos. El día siete y ocho de octubre de dos mil veinte, el imputado Fabián Ortiz Miramontes, junto con otras seis personas llevaban a cabo los actos de transporte, es decir, desplazaban de un punto geográfico a otro distinto en las coordenadas 13 grados, 6 minutos norte, longitud 99 grados 10 minutos oeste, pues llevaban a cabo estos actos de transporte, en relación a este narcótico. Ahora bien, ¿cuáles son los datos de prueba?, obra: - El informe policial homologado de catorce de octubre de dos mil veinte signado por los elementos de la Marina Rogelio Iván García Maldonado, José Antonio Morales Camarena y Martín Carlos Jardín Anda, integrantes del buque Usumacinta, del cual se les hace del conocimiento que aproximadamente a las dieciocho horas, a través de la banda aérea de la Armada de México, una aeronave matricula NX1120, piloteada por Javier Romero de Santiago donde le señalan la latitud 13 grados, 6 minutos norte, longitud 99 grados 10 minutos wiskey, donde hacen el primer avistamiento en relación a que están flotando unos bultos, unos paquetes. Luego, de nueva cuenta les vuelven a recordar en relación a los objetos, a las dieciséis horas que hay un segundo avistamiento y que están en la longitud 11 grados, 31 minutos, 7 segundos norte, longitud 98 grados, 52 minutos, 2 segundos wiskey, y les señalan que esos mismos objetos están flotando. Eso es el día nueve de octubre de dos mil veinte. Ya esta embarcación que es el buque Usumacinta el día doce de octubre de dos mil veinte hace las maniobras para la recuperación de los paquetes a las once horas con treinta y uno minutos, de los noventa y nueve (sic) paquetes envueltos en bolsas tipo postalilla y tres bidones vacíos amarrados con los paquetes que le daba flotabilidad. También en ese mismo informe policial homologado de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, signado por lo elementos de la Marina, señalan que aproximadamente a las ocho horas del catorce de octubre de dos mil veinte, refieren que el nueve de octubre compañeros de la patrulla costera de nombre Mitla, indican que reciben una llamada de auxilio por equipo de comunicación de banda aérea emitida por una unidad aérea de la Armada de México, manifestándoles que aproximadamente a la posición geográfica de 13 grados, 6 minutos norte, longitud 99 grados, 10 minutos wiskey u oeste, se encontraba una embarcación al pairo detenida en ese punto, arribando a las doce horas con treinta minutos del mismo día nueve de octubre de dos mil veinte, refieren que en esa embarcación se encontraban siete personas, dos de ellos de nacionalidad ecuatoriana, dos de nacionalidad colombiana y tres personas de nacionalidad mexicana, entre ellos el imputado Fabián Ortiz Miramontes, por lo cual dicha embarcación de nombre Mitla, lo que hace que los elementos de la Marina procedieron a hacerles una inspección administrativa y refiere que no contaban con documentación de la propiedad de la embarcación, ni permiso para poder pescar, no traían artes de pesca, ni equipo de comunicación, no contaban con matricula, ni equipo de seguridad; por lo tanto, hacen el traslado de dicha embarcación a las costas de Acapulco; y ahí en ese momento, tenían la calidad de náufragos porque efectivamente no habían relacionado el primer hecho del hallazgo de los narcóticos, de los noventa y nueve paquetes, con el hallazgo de estas personas de nacionalidad extranjera y de los mexicanos. - Obran también las entrevistas de treinta de octubre de dos mil veinte practicadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, Anallely Fernández Esquivel a los elementos de la Marina, Rogelio Garfias Guzmán y Carlos Eduardo Adame Flores, tripulantes de la patrulla costera Mitla. Posteriormente se solicitó la revisión de la embarcación menor recabándose en el oficio 926/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, el cual se encuentra suscrito por el capitán de altura Gaspar Silva Escobedo de la capitanía de Regional Acapulco, siendo puesta a disposición la embarcación tipo ribereña sin nombre, sin matrícula, con dos motores, (inaudible) marca Yamaha de doscientos caballos de fuerza cada uno, que fue asegurada y que fueron localizados, entre ellos, el hoy imputado cuando se encontraba a la deriva en el mar y anexa recibos de entrega y formato de entrega y recepción. - Obra la inspección ocular de quince y dieciséis de octubre de dos mil veinte practicada por el policía federal ministerial Sahir Linares Trejo, de los noventa y cinco bultos de los cuales cada uno contenía veinte paquetes, haciendo un total de mil novecientos paquetes. - Ahora también, el dictamen en materia de química forense de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el perito Trinidad Salazar Linares respecto de los mil novecientos paquetes que contienen los noventa y cinco bultos y al realizarle la reacción de (inaudible) es cuando concluyó en su dictamen que corresponde a clorhidrato de cocaína, considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud con un peso de 1905 kilos, 675 gramos. - Obra la inspección de la embarcación de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinte, practicada por el policía federal ministerial Sahir Linares Trejo, donde señala que es en la embarcación menor color gris con blanco con pintura descolorada, realizando la inspección en las instalaciones de la Octava Región Naval. - Obra el dictamen en materia de criminalística de campo, emitido por el perito Aarón Campos Pineda, en el cual hace una descripción más amplia de la embarcación menor tipo lancha, señala las medidas el largo máximo de 8.60 metros de proa a popa y un ancho máximo de manga de 3.7 metros, es decir, de costado a costado, y refiere que tiene una línea de flotación de cinco espacios delimitados, y en el interior de dicha embarcación localizó un pasamontañas de tela color negro, dos impermeables color amarillo que son los que se avistan en los videos y unas botas amarillas con la leyenda "hecho en Colombia", esa es la casualidad que dos de los tripulantes son de nacionalidad colombiana y las cuatro personas, dos de ellas que se van localizando, dos de ellos son de nacionalidad colombiana. - Obra el dictamen en fotografía de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, suscrito por el perito Jaqueline Aguilar Rendón, donde hace una fijación fotográfica en relación a las botas amarillas y a los impermeables y al pasamontañas. - Obra el oficio de diecinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por Francisco Lima López, Comandante de la Octava Región Naval, el cual remite tres fotografías que se describen del evento y recuperación de los noventa y cinco bultos, así como de cuatro videos y diecinueve fotografías de localización de la embarcación en donde iban las siete personas; la Octava Región Naval informa que había tomado las fotografías y videos relacionados con los hechos del nueve de octubre de dos mil veinte cuando fue localizada la embarcación menor con las personas a bordo, informando que las fotografías fueron tomadas al arribo de las personas que fueron rescatadas al muelle de la región naval en Acapulco y que respecto de los videos, fueron tomados durante el vuelo de vigilancia por la aeronave "Persuader" ANX 1122, así como el avión ANX1193 recabado por los equipos de grabación free star safari 380 HD, equipos que fueron operados por el teniente de (inaudible) Emilio González Delgado, primer maestre David Salas Leiva y el maestre Miguel Javier Echeverría Valdés. - Obran las entrevistas de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, practicadas por el agente del Ministerio Público de la Federación Anallely Fernández Esquivel al elemento de la Marina Emilio González Delgado, refiere que es el operador de la cámara free star, la cual está instalada en la aeronave "Persuader" ANX 1122. En esa entrevista refiere que el siete de octubre de dos mil veinte, siendo las quince horas con veinte minutos, indica que se encontraba realizando sus lecciones de operador de la cámara con posición geográfica latitud 10 40 45 minutos norte y longitud 95 grados 51 22 segundos wiskey y esa aeronave era piloteada por el piloto Javier Romero de Santiago, en donde era piloteada por siete personas y refiere que al realizar patrullajes marítimos en la posición mencionada, se avista una embarcación menor tipo golfas, lo cual observan dos motores fuera de borda, con siete tripulantes con aparentes bultos en la parte media de la embarcación. También nos indica que pudo observar que eran bolsas negras fijadas con cinta canela en esa embarcación de color blanco con gris descarapelada, así como con cuatro bancadas; observándose que de las siete personas que manejaban a bordo, dos del sexo masculino se encontraban en la parte trasera, de los cuales pudo observar que el primero vestía un impermeable color amarillo de complexión mediana, tez blanca y la segunda persona vestía una sudadera color blanca con gorra. Asimismo, indica que el primero de las personas y que la segunda de las personas también estaba con botas de hule color amarillo, la tercera persona de tez morena que vestía playera tipo sudadera obscura en color ladrillo con gorra tipo beisbolera, en ese momento indica que al estarle dando seguimiento a esta embarcación, a las veintidós horas del mismo ocho de octubre de dos mil veinte en la posición geográfica latitud 11 grados, 17 minutos, 68 grados norte, longitud 98 grados, 47 minutos, 12 segundos wiskey, indica que la tripulación comenzó a arrojar al mar los bultos que llevaba en el interior de la embarcación. Es 11 grados, 17 minutos, 68 segundos norte latitud, longitud 98 grados, 47 minutos, 12 segundos wiskey, que es donde estaban arrojando al mar los bultos. - Obra la declaración de cinco de noviembre de dos mil veinte, practicada por el agente del Ministerio Público de la Federación Anallely Fernández Esquivel al elemento de la Marina Luis Andrés Bello Aguilar como copiloto de la aeronave, así como el piloto Javier Romero de Santiago, tripulantes de la nave "Persuader", donde vuelve a reiterar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ya precise. - Obra la declaración de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, practicada por el agente del Ministerio Público de la Federación Anallely Fernández Esquivel al piloto Miguel Ángel Echeverría Valdés quien es el operador de la cámara fear en modo infrarrojo, la cual se encuentra instalada en el avión (inaudible) air 350, con número de matrícula ANX 1193, indica que iban con la teniente de corbeta Sofía Teresa Flores Vázquez y que desde el día siete de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintiún horas con diez minutos se percataron de una embarcación, y que esa embarcación llevaba dos motores y ya que dicha embarcación detectó el infrarrojo por el calor, empezaron a sobrevolar arriba de dicha embarcación y es donde vieron las manchas de calor que desprendían las personas en dicha embarcación que vienen siete personas. También refiere que los videos se tomó como uno de los tripulantes llevaba puesto un impermeable color amarillo, que los tripulantes eran de piel morena oscura y que, entre ellos, también llevaban unas botas color amarillo dos de ellos. A esta declaración está en el mismo sentido la declaración de Daniel Esquivano Palma y Sofía Teresa Flores Vázquez, quienes iban en la aeronave. - Obra un dictamen en materia de navegación marítima de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el teniente de fragata Héctor Sánchez Cordero, ingeniero en Ciencias Navales en la cual informa que mediante el empleo de (inaudible) náuticas electrónicas bcb, la coordenada latitud 13 grados, 6 minutos norte y longitud 99 grados, 10 minutos wiskey, que corresponde al primer avistamiento que corresponde a los paquetes y a la localización de los náufragos, se indica que se encuentra a 189.5 millas náuticas de la costa más cercana mexicana; por lo tanto estamos dentro de la zona exclusiva que son 200 millas náuticas, o sea, no estamos en aguas internacionales donde podría haber alguna controversia en relación a la detención de los imputados. Estos datos de prueba se valoran de manera libre y lógica en términos del artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales para demostrar que efectivamente a las veintidós horas del ocho de octubre de dos mil veinte en la posición geográfica latitud 11 grados, 17 minutos, 68 segundos norte, longitud 98 grados, 47 minutos, 12 segundos wiskey, es donde la tripulación empieza a arrojar al mar los bultos, es donde efectivamente se evidencian el imputado Fabián Ortiz Miramontes, junto con otras seis personas, pues mantenían bajo su (inaudible) disponibilidad los noventa y cinco paquetes que a la postre resultó ser la cantidad de 1905 kilos, 675 gramos de cocaína según el dictamen químico, el cual efectivamente el narcótico ya había sido desplazado de un punto geográfico a otro distinto, pues tan es así que su aseguramiento o el hallazgo de estos tripulantes fue a 189.5 millas náuticas de la costa más cercana mexicana. Entonces, efectivamente a mi juicio, está demostrada la conducta de transporte y atendiendo a la jurisprudencia que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basta que se hayan llevado los actos de transporte, que se haya comenzado o iniciado, en este caso, y no importa que no esté demostrado, conforme a la jurisprudencia el origen y el destino a donde se iba a llevar el narcótico. Estos mismos datos de prueba sirven para demostrar la probable participación del imputado Fabián Ortiz Miramontes, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de transporte bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ya mencione. En cuanto a la forma de participación se le tiene como coautor en términos del artículo 13, fracción III del Código Penal Federal, forma de comisión dolosa, en términos del artículo 8 y 9 del Código Penal Federal y forma de consumación instantánea con efectos permanentes con fundamento en el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal. Este juzgador no encuentra causa de extinción de la acción penal o excluyente, o en este caso, que haya sido fundada la causa de excluyente del delito que invocó la defensa particular prevista en el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal. Con los motivos expuestos y con fundamento en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional concluye que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y se vincula a proceso al imputado Fabián Ortiz Miramontes por los hechos motivo de la imputación. (.)" Del análisis a la resolución se estima que, en el caso, se dio satisfacción a las exigencias formales para el dictado de un auto de vinculación a proceso, puesto que se encuentra acreditado que se formuló la imputación y se concedió al imputado, aquí quejoso oportunidad para declarar, quién se reservó su derecho de hacerlo, y la resolución de término constitucional se emitió dentro del plazo que la ley señala. En cuanto atañe a las exigencias de fondo, el juzgador estableció que los datos de prueba, al ser valorados conforme al artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaban pertinentes hasta ese momento para establecer que el imputado en compañía de seis sujetos más, el siete y ocho de octubre de dos mil veinte en la ubicación geográfica Latitud 10°40.45'N - Longitud 95°51.22'W, fueron avistados a bordo de una embarcación menor en la que se observaron unos bultos. De igual manera, a las veintidós horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en la Latitud 11°17.68'N - Longitud 98°47.12'W, se avistó cuando la tripulación arrojaba al mar los paquetes que llevaban en la embarcación citada. Avistamientos realizados y videograbados por la aeronave "Persuader", matrícula ANX1122 de la Armada de México. Así las cosas, el nueve de octubre de dos mil veinte en la zona geográfica Latitud 13°06'N - Longitud 99°10'W, fueron localizados y rescatados el quejoso y otros seis sujetos a bordo de una embarcación menor, color gris con blanco con pintura descolorada, tipo ribereña, sin nombre, sin matrícula, con dos motores marca Yamaha de doscientos caballos de fuerza cada uno, por la patrulla costera "Mitla", a quienes en ese momento se les otorgó el carácter de náufragos. Posteriormente, el doce de octubre de dos mil veinte, el buque Usumacinta, perteneciente a la Marina, realizó las maniobras correspondientes y recuperó noventa y cinco paquetes envueltos en bolsas tipo postalilla y tres bidones vacíos amarrados con los paquetes que le daba flotabilidad, de los cuales cada uno contenía veinte paquetes, haciendo un total de mil novecientos paquetes que contenía el narcótico clorhidrato de cocaína, con un peso de 1905 kilos, 675 gramos. Entonces, de las videograbaciones de los avistamientos que realizó la Armada de México se observó que las características de la embarcación menor que observaron el siete y ocho de octubre de dos mil veinte, así como de su tripulación y los bultos que contenía (que fueron arrojados al mar), correspondían con las de la embarcación y personas rescatadas el nueve de octubre por la Marina, además cuando se recuperaron los bultos se advirtió que contenían clorhidrato de cocaína. Por otro lado, el juez también indicó que no se actualizó alguna causa de exclusión de la acción penal o excluyente del delito en términos de la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Fabián Ortiz Miramontes, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, párrafo primero, del Código Penal Federal; en concordancia con los artículos 7, fracción II (delitos permanentes), 8 (acción), 9, párrafo primero (dolo directo) y 13, fracción III (coautor), del Código Penal Federal. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima correcta la actuación del juez responsable, en razón de que, tal como lo señaló en su determinación, los hechos reseñados son constitutivos del delito antes enunciado, puesto que, los datos de prueba invocados por el fiscal y los argumentos vertidos daban como resultado establecer que el siete y ocho de octubre de dos mil veinte, el imputado Fabián Ortiz Miramontes, junto con otras seis personas, dos de ellos de nacionalidad ecuatoriana, dos de nacionalidad colombiana y dos personas de nacionalidad mexicana, trasportaban noventa y cinco bultos de los cuales cada uno contenía veinte paquetes, haciendo un total de mil novecientos paquetes que contenía el narcótico clorhidrato de cocaína, con un peso de 1905 kilos, 675 gramos, a bordo de una embarcación menor, color gris con blanco con pintura descolorada, tipo ribereña, sin nombre, sin matrícula, con dos motores marca Yamaha de doscientos caballos de fuerza cada uno; motivo por el cual, este juzgador estima que tal como lo apreció la autoridad responsable, los datos establecen que se ha cometido un hecho previsto en la ley penal como ilícito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Asimismo, tampoco se observa, como lo señaló el juez responsable, que en el caso se actualice alguna causal de extinción de la acción penal o excluyente del delito a que se refiere los artículos 15, del Código Penal Federal y 405, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, a continuación se procede a analizar el motivo de disenso hecho valer por el quejoso. En su concepto de violación, el quejoso esencialmente sostiene que no se colman las exigencias para acreditar ni a manera de probabilidad la existencia del delito que se le imputa -delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína-, cuando menos no en la modalidad de transporte, ello en virtud de que la embarcación que tripulaba el aquí quejoso se encontraba al pairo, o sea, que no se trasladaba o desplazaba de un punto a otro, por lo que no se puede determinar con certeza que la finalidad era transportar los bultos con el narcótico de un lugar a otro, pues no hay evidencia de donde venía y hacía dónde iba la embarcación. Además de que de los datos de prueba tampoco se acredita que los bultos encontrados son los mismos (que se observan en el video), ni que el quejoso es una de las siete personas que iba en la embarcación menor que avistó la Armada de México el siete y ocho de octubre de dos mil veinte. Sin embargo, no le asiste la razón al quejoso, en virtud de que, como bien señaló el juez responsable, aunque la embarcación en la que se encontraba a bordo el quejoso fue encontrada al pairo, lo cierto es que el agente del Ministerio Público no tenía la carga procesal de demostrar de dónde provenía y a dónde se dirigía. Además, como lo sostiene el juez de control responsable, la embarcación se encontraba al pairo en altamar o a la deriva, por lo que tuvieron que ser rescatados por la Marina en carácter de náufragos, pero eso no significa -como lo sostiene el quejoso- que la embarcación nunca se movió de esa posición, es decir, que permaneció estática en ese punto geográfico; pues como aduce el juzgador, de alguna manera tuvieron que llegar al lugar donde fueron encontrados, y si se quedaron varados en altamar por cualquier motivo, ya sea que se quedaron sin gasolina, sin combustible o por fallas mecánicas, necesariamente tuvieron que haber salido de un punto con la intención de llegar a otro. Asimismo, el juez responsable invocó por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis 49/2018, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 670, con registro digital 2018145, de rubro y texto siguiente: DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA SU ACTUALIZACIÓN ES INNECESARIO ACREDITAR LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL ESTUPEFACIENTE CUANDO EL TRASLADO ES EN UN VEHÍCULO DE CARGA SOBRE UNA CARRETERA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "transportación" en el delito contra la salud, debe entenderse como la realización de movimientos que implican el desplazamiento del narcótico a un lugar distinto de aquel en que se encontraba, con independencia de la distancia que exista, es decir, para su configuración no se requiere que dicho desplazamiento se realice hasta el lugar que se tenía previsto como destino final, sino que basta su traslado del lugar donde se obtuvo a otro. Así, para la actualización del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, es innecesario acreditar los puntos geográficos de origen y destino del estupefaciente cuando el traslado es en un vehículo de carga sobre una carretera, ya que sólo se requiere como elemento esencial que éste desplace el narcótico de un medio geográfico a uno diverso, pues la conducta se actualiza de momento a momento mientras esté en curso el traslado del estupefaciente. Además, el hecho de que elementos de seguridad detengan el vehículo de carga en el que el sujeto activo desplaza el narcótico en una vía de comunicación, es un aspecto que revela, por sí solo, que ha tenido lugar su traslado, porque la acción abarcó lugares distintos que implicaron dicho transporte para efectos de la fracción I del artículo citado; esto es, cuando se detiene al activo a bordo del vehículo de carga que circulaba en una carretera, en el que se encontró el narcótico, se configura la modalidad de transporte, al margen de que se demuestre o no por el órgano acusador el lugar en el que comenzó el desplazamiento del estupefaciente, en virtud de que, dadas las circunstancias en que fue encontrado en el vehículo que circulaba en una carretera, hace patente su traslado de un punto geográfico a otro, ya que la acción comprendió lugares distintos e implicó un desplazamiento real. El juez responsable correctamente sostuvo que dicha jurisprudencia resultaba aplicable de manera análoga porque aunque la tesis aborda el tema desde la perspectiva de un vehículo en carretera, el criterio resulta aún más afín tratándose de embarcaciones en el mar. Esto es así porque la modalidad de "transporte" requiere únicamente que el narcótico se desplace de un medio geográfico a uno diverso, y cuando se detiene al activo a bordo del vehículo de carga que circulaba en una carretera, no es necesario acreditar los puntos geográficos de origen y destino, en virtud de que, dadas las circunstancias en que fue encontrado el narcótico en un vehículo que circulaba en una carretera, hace evidente su traslado de un punto geográfico a otro, ya que la acción comprendió lugares distintos e implicó un desplazamiento real. Lo que es aún más obvio cuando se trata de embarcaciones, pues éstas necesariamente zarpan de un lugar hacia otro destino, no permanecen estáticas en el mar, para adentrarse en éste tuvieron que haber zarpado de algún sitio, y en el caso concreto, tenemos que la embarcación fue avistada en un punto geográfico con los bultos que contenían el clorhidrato de cocaína y -estando al pairo en altamar- es evidente que de algún punto tuvo que haber partido para llegar al lugar donde arrojaron los bultos de narcótico al mar, pues es materialmente y físicamente imposible que la embarcación con los bultos citados hayan aparecido espontáneamente en ese punto geográfico en el mar; de manera que resulta increíble que no hayan desplazado los noventa y cinco bultos con clorhidrato de cocaína a un lugar distinto de aquel en que se encontraba. Además, como también lo señala el juez responsable, es difícil dar fe de los actos de transporte porque esos se van dando de momento a momento, sin embargo el hallazgo y el aseguramiento de ese narcótico, tanto de los tripulantes de manera separada, en este caso, evidencia que el quejoso transportaban ese narcótico bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar evidenciadas por la Fiscalía. Ahora bien, en cuanto a que de los datos de prueba no se acredita que los bultos encontrados son los mismos que se observan en el video, ni que el quejoso es una de las siete personas que iba en la embarcación menor que avistó la Armada de México, es correcto lo resuelto por el juez responsable, pues de las videograbaciones realizadas por la Armada de México se advierte que en la embarcación que avistaron iban siete personas, advirtiendo claramente que algunos tripulantes portaban impermeable amarillo y botas amarillas, además de que las características tanto de los bultos que se arrojaron al mar como de la embarcación que se avistó el siete y ocho de octubre de dos mil veinte corresponden a las de los bultos recuperados y a la embarcación que fue rescatada por la patrulla costera el nueve de octubre siguiente, en la que se encontraba el quejoso; por lo que se estima que le asistió la razón al juez responsable al determinar que había suficientes datos de prueba para demostrar efectivamente la conducta imputada y la participación del quejoso. Además no se estima que favorezcan al inconforme los criterios jurisprudenciales invocados por él, puesto que en el caso concreto, no se presentó ninguna controversia en cuanto a taxatividad de la norma ya que el delito que se le imputa y en específico la modalidad de transporte está claramente identificado; tampoco se realizó una interpretación conforme o integradora de la norma penal y, en cuanto al principio de tipicidad, como bien lo señaló el juez responsable, en lo concerniente al auto de vinculación no se tiene que justificar los elementos del delito, sino hasta la etapa de sentencia que sí exige un estudio pormenorizado de cada elemento de las diferentes conductas penales. En razón de las consideraciones anteriores, el concepto de violación vertido por el quejoso es infundado. Por ende, contrario a lo alegado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso se ajustó a derecho, pues los datos de prueba reseñados resultan bastantes para iniciar con la investigación judicializada enderezada en su contra, por lo cual no se afectó el principio de presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica. En conclusión, por las razones que se acaban de exponer, es dable que se ajusta a derecho lo resuelto por la autoridad responsable en cuanto a que los datos de prueba analizados, son aptos y suficientes para acreditar, cuando menos en la etapa procedimental en que se encuentra el controvertido de origen, el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, párrafo primero, del Código Penal Federal. Además, se estima que se ajusta a derecho lo razonado por el juez responsable, en el sentido de que la probable comisión del quejoso en el hecho atribuido tuvo lugar a título doloso en términos del numeral 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, esto es, con conocimiento de la conducta realizada y la voluntad para realizarlo y que intervino a título coautor en términos del artículo 13, fracción III, de dicho ordenamiento legal, y en tal sentido, no existe transgresión alguna a sus derechos fundamentales como incorrectamente lo reclaman el quejoso. Así las cosas, se arriba a la convicción de que se ajustan a derecho las consideraciones de la autoridad responsable en el sentido de que, existen datos de prueba suficientes para estimar agotados los requisitos que demanda el artículo 16 Constitucional, así como el numeral 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar un auto de vinculación a proceso y, en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Fabián Ortiz Miramontes, por las razones expuestas en el cuerpo de este fallo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fabián Ortiz Miramontes, por las razones contenidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.,,, LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE...

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    Acapulco, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla dado que a la fecha no obra la constancia de notificación del oficio 118/2021 dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en su carácter de tercero interesado, que contiene el acuerdo de doce de enero pasado, que reanudó el trámite del presente juicio. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase la comunicación oficial de referencia, a fin de que el citado Agente del Ministerio Pùblico, se imponga de su contenido. Por tanto, para dar margen a lo anterior y procurar que el expediente se encuentre debidamente integrado, se difiere la referida audiencia para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicaran por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    RAZON DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE doce de enero de dos mil veintiuno, QUE DICE: " Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. Para lo cual, de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; para ello, se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, de elegir comparecer de forma virtual a la citada audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acuerdo general 12/2020 y del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, respectivamente, en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se reservó a acordar el oficio recibido vía correo institucional, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Subdelegación Lineal "B" de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, en su carácter de tercero interesado; por tanto, se provee sobre el particular, y en atención a su contenido, téngasele por apersonando al presente juicio de amparo; de igual manera, por formuladas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y con ellas dese cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita hágansele las notificaciones que por oficio se deriven en este expediente a través de cualquiera de los correos electrónicos que proporciona, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, lo anterior, atendiendo a la contingencia sanitaria que se vive actualmente con motivo del virus denominado Covid-19; en razón de lo anterior, no ha lugar a tenerle por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente.

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