Fabián Olivares Romero

Expediente 446/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Fabián Olivares Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, y se acordó que no se formaron cuadernos incidentales, sin embargo, en el presente juicio sí se formaron cuadernos incidentales. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, y toda vez que en el presente asunto se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados, son susceptibles de destrucción el original y duplicado del incidente de suspensión, los cuales serán destruidos, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el original transcurridos tres años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, lo que procederá dentro del plazo de treinta días siguientes. Atento a lo anterior, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 2 Notifíquese

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 27/08/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir los documentos, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 8.1.2, ordinal 1, tercer párrafo del Manual. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Sin que el establecimiento de un horario para la devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle cincuenta y uno (51), número uno (1), Colonia Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil doscientos noventa, en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir los documentos, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 8.1.2, ordinal 1, tercer párrafo del Manual. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Sin que el establecimiento de un horario para la devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle cincuenta y uno (51), número uno (1), Colonia Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil doscientos noventa, en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 446/2020-VI, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes ni de legítimo representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Fabián Olivares Romero, por derecho propio, auto de siete de agosto de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda, las pruebas, los informes justificados de las autoridades responsables, constancias de notificación a las partes y proveídos en los que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por desierto este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 446/2020-VI, promovido por Fabián Olivares Romero, por derecho propio, contra actos del Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado en la misma fecha a este Juzgado Federal, Fabián Olivares Romero, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se transcriben a continuación: "III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director General de Recursos Humanos y Organización de la Coordinación de Planeación y Administración de la Fiscalía General de la república; y 2. Titular del Área de Investigaciones, Evaluación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. IV. ACTOS RECLAMADOS: a) La BAJA DEL CARGO que ocupo como AGENTE DE SEGURIDAD 'C' en la Fiscalía General de la República, respecto de la cual se desconoce su origen y/o la resolución que hubiera decretado la misma; y b) El oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020, de diez de enero de dos mil veinte, por medio del cual se me hace saber que mi situación laboral es baja por término de vigencia." SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y expuso como derechos fundamentales violados en su perjuicio los señalados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado en el presente asunto. TERCERO. Previa aclaración, por acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda registrada en el libro de gobierno con el número de expediente 446/2020-VI, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos atribuidos a diversas autoridades administrativas distintas de las judiciales con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, visible en la página treinta y dos (32), Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia referida, es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La baja del cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República. El oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte. TERCERO. El Titular del Área de Investigaciones, Evaluación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, el cual consiste en el oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte; en consecuencia, se tiene por acreditada la existencia de dicho acto, por así reconocerlo la autoridad responsable en su informe justificado. Por otro lado, el Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la baja del quejoso en el cargo como agente de seguridad "C" de la referida institución; sin embargo, tal circunstancia no puede tomarse como una negativa, porque de la lectura integral de su informe justificado, se desprende la certeza del acto que se le reclama, pues manifestó que el nombramiento del quejoso, considerado como de confianza, terminó su vigencia el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, motivo por el cual se dio por concluida su relación laboral con la Fiscalía General de la República. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia, que textualmente dice lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número ochocientos catorce, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, por lo que hace al acto reclamado consistente en la baja del quejoso en el cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" De acuerdo con lo previsto en el precepto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que se estima que el objeto de tal disposición legal es que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución. Para actualizarse la hipótesis de improcedencia referida, se requiere que: 1. La parte quejosa sea quien interpuso el recurso o medio legal de defensa contra el acto reclamado. 2. El recurso o medio de defensa fuera admitido y se le diera trámite a la fecha en que se resuelva el juicio de amparo. 3. El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro digital 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En este contexto, el acto reclamado en esta instancia constitucional es el siguiente: La baja del cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República. Ahora bien, a efecto de determinar la actualización de la causa de improcedencia antes citada, es menester tener en consideración las constancias que en copia certificada remitió la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de las que se desprende lo siguiente: 1. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fabián Olivares Romero interpuso demanda de nulidad, en contra los actos siguientes: "II. LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: a) La BAJA DEL CARGO que ocupo como AGENTE DE SEGURIDAD 'C' en la Fiscalía General de la República, respecto de la cual se desconoce su origen y/o la resolución que hubiera decretado la misma, en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y b) El oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020, de diez de enero de dos mil veinte, por medio del cual se me hace saber que mi situación laboral es baja por término de vigencia." 2. Por auto de trece de agosto de dos mil veinte, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, radicó la demanda de nulidad con el número de expediente 6938/20-17-09-1, la admitió respecto del acto consistente en la baja del actor en el cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República, y la desechó por lo que hace al oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte. 3. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el término de cinco días hábiles formularan alegatos, informándoles que una vez transcurrido dicho término quedaría cerrada la instrucción con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo. De los antecedentes relatados, se concluye que respecto del acto reclamado consistente en la baja del actor en el cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República, opera la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. En efecto, se cumple con el primer requisito de la causa de improcedencia de que se trata, pues el quejoso promovió demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que hace a la baja del cargo que desempeñaba en la Fiscalía General de la República. No es óbice a lo anterior que dicha demanda de nulidad fue presentada con posterioridad a la demanda de amparo, pues se trata del mismo acto reclamado en el presente asunto, aunado a que, a la fecha en que se resuelve esta instancia constitucional, no existe constancia que obre en autos que demuestre fehacientemente que ese juicio contencioso ha sido resuelto de forma definitiva y mucho menos que se hubiese desistido el actor. Con ello, queda demostrado el segundo requisito, esto es, la admisión de un medio ordinario de impugnación promovido por el peticionario de amparo que está en trámite, -en el caso, juicio contencioso administrativo-. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, dado que en caso de ser procedente y fundada la acción intentada en el juicio contencioso administrativo federal, tendría como efecto la declaratoria de invalidez y como consecuencia la nulidad del acto impugnado. De ahí que se actualice la causa de improcedencia, en tanto que de las constancias que obran en autos se deduce la existencia de un medio ordinario de impugnación, el cual fue interpuesto por la parte quejosa y, que puede tener como efecto la modificación o revocación del acto aquí reclamado, así como el dictado de un nuevo acto que de ser el caso lo sustituya, o bien, lo declare insubsistente; asimismo, no se acreditó que a la fecha de este fallo se haya resuelto en definitiva dicho medio de impugnación. Aunado a lo anterior, no se acreditó que a la fecha de este fallo se haya resuelto en definitiva dicho medio de impugnación, el cual resulta idóneo para determinar no solo modificación, sino la nulidad del acto aquí reclamado. En el entendido que la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la ley de la materia, deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el juicio de amparo con otro procedimiento ordinario que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, existiría posibilidad de que se dicten dos sentencias respecto del mismo acto que, incluso, podrían resultar contradictorias en detrimento del principio de certeza y seguridad jurídica que debe prevalecer para las partes en litigio. Además, de ser el medio ordinario el elegido por el ahora quejoso para lograrlo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia antes referida. Por otra parte, el Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, alega que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que el oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte, se emitió únicamente para hacer del conocimiento del quejoso su situación laboral en atención a la solicitud que formuló para tal efecto, por lo que dicho acto no afecta su interés jurídico. Es fundada la causa de improcedencia. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El artículo 61, fracción XII, tiene su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del juicio de amparo y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por otro lado, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, reitera la norma constitucional. Por esta razón, conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos administrativos, ya que para que la instancia resulte procedente éstos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. De lo aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. En este sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, misma que resulta aplicable por identidad jurídica, que a la letra señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, que al respecto señala: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por ese motivo, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Expuesto lo anterior, es necesario tener en cuenta que la finalidad de una notificación de cualquier tipo es dar a conocer al gobernado cierta decisión asumida por la autoridad gubernamental acerca de un asunto que es de su interés para que, de no estar de acuerdo, pueda controvertirla en los plazos y a través de los medios de impugnación que establezcan las leyes procesales aplicables. En el caso, el quejoso promovió amparo contra el oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte, por el cual se le informó su situación laboral en atención a la solicitud que formuló para tal efecto. Es decir, a través de dicho oficio se enteró que su situación laboral es de baja por término de vigencia partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, pero no la resolución de baja en sí misma, aunado a que ésta ya es materia de impugnación en el juicio de nulidad. En este sentido, al considerarse oportuna la promoción de la demanda de amparo, así como del juicio de nulidad 6938/20-17-09- 1 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovidos en contra del acto consistente en la baja del cargo como agente de seguridad "C" en la Fiscalía General de la República, los vicios que pudiera contener el oficio por el cual se le hizo del conocimiento su situación laboral no afectan de alguna forma al quejoso. Dicho de otra forma, las violaciones que pudiera tener el oficio FGR/OIC/AIEPCI/011/2020 de diez de enero de dos mil veinte, no afectan al quejoso porque, como ya se dijo, su finalidad fue la de informarle su situación laboral para que, en caso de estar en desacuerdo, pudiera impugnarla en los plazos y a través de los medios procesales oportunos. De ahí que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto del oficio reclamado. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XII y XIX, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En mérito del resultado obtenido, es innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables en sus informes justificados, ya que el examen de ellas a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia número 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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