Fabian Olivares Carreon

Expediente 1109/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1109/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Fabian Olivares Carreon

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el quejoso *****, interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados seis meses de la citada fecha. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos que reclama del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del IX Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1109/2022-3-B. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, los actos reclamados se tratan de lo siguiente: Autorización de toma de muestras de sangre de fecha 11 de octubre de 2022. Reapertura de la investigación complementaria aun y cuando ya se habían agotado los 6 meses de investigación complementaria de fecha 17 de octubre del año 2022. Ambas dictadas dentro del proceso penal ****, autorizadas por el H. Juez de Control del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" [.]" Como puede advertirse, la referida causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. Asimismo, de la lectura del artículo citado, puede colegirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en los cuales, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, es decir, dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia común, Tomo XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1624, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES." Así como la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así, este órgano de control constitucional advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización del supuesto previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el quejoso, no interpuso el recurso ordinario relativo para impugnar las determinaciones controvertidas por esta vía, de lo que se obtiene que no agotó el principio de definitividad, que rige la procedencia del juicio de amparo. En efecto, tal causal de improcedencia se actualiza cuando se colman los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de un tribunal judicial. 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; y 3. Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Requisitos que en el caso se satisfacen, pues los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad judicial; asimismo, el artículo 465, por exclusión de los casos previstos en el numeral 467, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la procedencia del recurso de revocación. El primer artículo que es de contenido siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la lectura de tal precepto en el Código Adjetivo Nacional se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como se observa, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, el primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y, el segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. Medio de impugnación que la parte quejosa no hizo valer, aunado a que dicho recurso, como su denominación establece, es eficaz para revocar la decisión contra la cual se instó la acción constitucional. Bajo este panorama, es inconcuso que la parte quejosa, previamente a instar el juicio de amparo, debió interponer contra las resoluciones reclamadas sendos recursos de revocación, pero, como no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualizó la causal de improcedencia de que se trata. Ello es así, porque tanto la determinación de autorizar la toma de muestras de sangre del directo agraviado como la determinación de reabrir o prolongar el plazo de la investigación complementaria, se emitieron en audiencias de once y diecisiete ambas de octubre del año en curso, además se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé una sustanciación especial o procedimiento de trámite específico para resolver acerca de tales solicitudes, sino que se emiten en audiencia con asistencia de las partes, de ahí que se considere que las determinaciones que emita el juez de control, no requieren de sustanciación alguna y se tratan de determinaciones que tienen como objetivo proseguir el trámite del proceso penal natural, tanto al admitir pruebas para demostrar la teoría del caso que planteen las partes como para obtener el lapso que consideren necesario para llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de sustentar la precitada teoría de cada parte. Entonces, aun cuando los actos reclamados en específico el primero de ellos, podría tener incidencia en los derechos sustantivos del promovente y por ello, podría ser calificado como de imposible reparación, esto no lo exime de observar el cumplimiento del principio de definitividad, para estar en condiciones de que el acto que pretenda reclamar tenga el carácter de definitivo y así, estar en aptitud de calificar como procedente la demanda de amparo a través de la que se pretenda reclamar el acto de que se duela. Sin embargo, como se precisó previamente, en el caso, el quejoso en las audiencias de once y diecisiete ambas de octubre del año en curso, no hizo valer el recurso de revocación que procedía contra la autorización de obtención de muestras de su sangre ni tampoco contra la diversa determinación en la que se autorizó la prolongación del lapso concedido para el cierre de la investigación complementaria, determinaciones que se considera que tienen como objetivo proseguir el trámite del proceso penal de origen y se emiten sin sustanciación alguna por parte de la autoridad que señalan como responsable, circunstancias que evidencian la procedencia del recurso de revocación previamente citado. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), emitida por la por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Además, se precisa que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia. En tales circunstancias, se procede a desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Es aplicable al caso también, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página número 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual manera, se precisa que de conformidad con lo señalado por los preceptos legales que prevén el recurso ordinario de que se trata, tal medio de impugnación no está sujeto a interpretación adicional pues expresamente señala su procedencia en contra de las determinaciones de trámite que se emitan sin sustanciación, lo que además fue esclarecido en la jurisprudencia citada en párrafos que anteceden. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, quien cuenta con el registro ****en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a ****, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuenta con registro de cédula profesional. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos por así haberlo solicitado la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

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