Fabian Mondragon & Asociados Sociedad Civil

Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • Fabian Mondragon & Asociados Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente y los legajos de constancias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente al tercero interesado ..., el engrose de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, por los motivos que expone. Ahora, del estado de autos, se advierte que mediante ocurso con registro 14524, el tercero interesado citado se apersonó al presente juicio; sin embargo no señalo un lugar para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, conforme a las fracciones I y III, inciso a), ambas del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tienen las siguientes reglas: - Si obra en autos el domicilio de la persona, o se encuentra señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, las determinaciones que así lo ameriten, serán notificadas personalmente; y, - Si no consta en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, las notificaciones personales al quejoso se le harán por lista. De ahí que si la parte tercera interesada se apersonó al juicio sin señalar domicilio procesal, es dable afirmar que conforme a la integración de las disposiciones normativas citadas, las notificaciones, aún las de carácter personal, deberán hacérsele por medio de lista. No obstante, se dejan a salvo sus derechos para que señale un domicilio en esta ciudad, de considerarlo necesario. Así, con el objeto de no propiciar un estado de inseguridad jurídica, se instruye al actuario de la adscripción para que efectúe la notificación de la sentencia engrosada el diecisiete de noviembre del año en curso, por medio de lista. Sin que lo anterior amerite una regularización del procedimiento, pues dicha figura jurídica está prevista para omisiones, lo que no ocurre en el caso. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 877/2023, promovido por ... por conducto de su apoderado, contra actos del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 38 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza concursal, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. Resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el concurso mercantil ..., del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación y confirmó la interlocutoria de dos de junio anterior, donde se resolvió el incidente de nulidad de aceptación de postura, promovido en contra de la audiencia de ocho de marzo de este año, en la que se aprobó la postura de ... por la cantidad de $8´000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional) y se decretó la adjudicación a su favor. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se declaró en concurso mercantil en etapa de quiebra a ..., como fiduciaria en el fideicomiso ..., resolución que causó estado el seis de octubre de dos mil veinte. II. Seguido el cauce procesal, ... y ..., resultaron ser acreedores de la comerciante. III. A través del incidente de separación de bienes promovido por ..., se decretó la desincorporación de la masa concursal de los inmuebles identificados como departamentos: "(1) 704; (2) 1101; (3) 902; (4) 901 y (5) 701; ubicados en la fracción I, de la manzana XCII-E Sección IX, con fracción E, del Desarrollo Inmobiliario denominado correctamente "...", ubicado en ..., Estado de Sonora; no así la unidad privativa (6) 502 y otros inmuebles, embargados previamente en ampliación de éste, respecto del juicio ordinario mercantil ..., del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Puerto Peñasco Sonora, promovido por ..., en contra de ..., como fiduciaria en el fideicomiso ..." IV. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a ... presentando postura en el procedimiento de enajenación de bienes. V. El ocho de marzo posterior, se celebró la subasta pública los derechos de unidades privativas 001, 201, 310, así como las áreas de Snak, cuarto de usos múltiples, tienda de conveniencia y palapa, ubicados en ..., del Desarrollo Inmobiliario denominado correctamente "...", ubicado en ..., Estado de Sonora, que atendiendo al monto de las ofertas se decretó la adjudicación a favor de ... por la cantidad de $8´000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional). VI. El dieciséis de marzo de esta anualidad, ...l promovió incidente de nulidad de aceptación de postura y adjudicación de ...; procedimiento que se admitió el dieciséis de ese mes y año. VII. El dos de junio de dos mil veintitrés, se resolvió la incidencia en comento y el juez responsable lo declaró infundado. VIII. Inconforme ..., interpuso recurso de revocación; resuelto el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, como infundado, confirmando la interlocutoria de dos de junio anterior. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. La parte tercera interesada sostiene que el proceso es improcedente, porque se actualizan las causales XXIII relacionada con la XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo , así como el precepto 217 de la legislación en cita, conforme la jurisprudencia 1a./J. 37/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO).", pues indica que la sentencia donde se aprobó su postura no fue recurrida, por lo que se trata de un acto consentido y consumado. Lo anterior es infundado, porque si bien el acto reclamado tiene relación directa con la audiencia de ocho de marzo de este año, en la que se aprobó la postura de ... por la cantidad de $8´000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional) y se decretó la adjudicación a su favor, lo cierto es que el acto reclamado derivó de una interlocutoria que se dictó en un incidente promovido ante la falta de uno de los requisitos que a consideración de la quejosa, no se cumplió para declarar procedente la adjudicación, lo que fue materia de impugnación y con motivo de ello fue que emanó la determinación que en esta instancia se tilda de inconstitucional. Esto es, el acto reclamado tiene procesalmente autonomía respecto de los actos que le dieron origen, al tratarse de un recurso independiente que confirma una interlocutoria, siendo ésta su materia directa. De ahí que, el acto combatido, no sea consumado, pues trae consideraciones diversas a las que se realizaron en la audiencia de ocho de marzo de este año, donde se le dieron motivos y fundamentos a la parte quejosa para declarar infundado el recurso intentado, lo cual será motivo de estudio en la sentencia que se dicta a la luz de los argumentos realizados por la accionante de amparo. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I. 3o. A. 150 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Por otra parte, precisa que lo manifestado por la parte accionante de amparo ya fue resuelto en sentencia definitiva de once de junio de dos mil quince, dictada en el juicio ... del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Puerto Peñasco, Sonora, por lo que ya no puede ser valorado nuevamente porque existe cosa juzgada. Lo anterior también es infundado, pues al margen de que se trata de un diverso acto y por ello no se reúne el elemento objetivo de la cosa juzgada , para dilucidar el alcance de esa resolución, resulta necesario entrar al fondo del estudio de recurso, examinar sus cauces y contraponerlos con los conceptos de violación, por lo que ello disocia de las bases que rigen a las causales de improcedencia, pues estás deben ser claras e inobjetables. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5, registro digital: 187973, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no existir más causales de improcedencia que analizar y tampoco advertirse oficiosamente una diversa, lo subsecuente es entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que la autoridad no abordó de forma puntual lo expresado en el agravio que se hizo valer, en el sentido de que el postor Eduardo Ernesto Haas López sí guarda relación patrimonial con la comerciante, pues aduce que su agravio no se fundó en una falsa manifestación sino en la omisión de exponer la relación patrimonial y que el juez que conoce del concurso identificara si se trataba o no de una relación patrimonial, lo que se traduce en una violación al principio de congruencia que establece el precepto 1077 del Código de Comercio y los criterios I.1o.A. J/9 y XXI.2o.12 K de rubros: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL." y "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.". Los conceptos de violación aludidos son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Asimismo, contempla una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando el órgano resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 1077 del Código de Comercio , cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En el caso, se advierte que contrario a lo que indica la parte quejosa, la autoridad sí dio contestación de forma frontal a lo que se le puso a su consideración. Para demostrar lo anterior, es necesario precisar que en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de aceptación de postura y adjudicación, se hicieron valer los siguientes agravios: - Se arribó a la conclusión de que no se acreditaba la existencia de un vínculo patrimonial, entre el postor ... y la comerciante, sin embargo ... es quien aportó los recursos para que la acreedora pudiera participar de los beneficios del fideicomiso, esto porque ... resultó ser el fideicomitente de ..., como fiduciaria en el fideicomiso ..., a fin de que ... obtuviera el departamento 704, tan es así que la cantidad por concepto de anticipo fue pagada mediante cheque 106 expedido por ... a favor de la concursada, como se advierte de los autos del juicio ordinario mercantil. - Dicho en otras palabras, el vínculo patrimonial que se hace valer no proviene de la propalación (sic) argumentada o de la intervención procesal en el juicio aludido, sino de la aportación económica realizada por ... a favor del fideicomiso, lo que incluso se manifestó en el proceso mercantil en diversos escritos. Sobre ello, la autoridad responsable determinó que eran infundadas sus alegaciones en los términos siguientes: Contrario de lo que sostiene el recurrente en la resolución combatida se asentó la injustificación del vínculo patrimonial del adjudicatario con la comerciante, porque la aportación económica que aduce realizó el postor en favor del fideicomiso, a fin de que la acreedora ..., como fideicomisaria obtuviera el departamento ..., no quedó acreditada conforme a lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil ..., el once de junio de dos mil quince, que causó ejecutoria el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, ya que en ésta se declararon infundadas las manifestaciones de que fue con el adjudicatario con quien el comerciante celebró el trámite de enajenación, ni que éste instruyó para que se señalara que fue con la nombrada acreedora con quien se realizó la compraventa, y que además en los términos en que se pactó el contrato de compraventa no se justificó que Eduardo Ernesto Haas López, estuviera vinculado con la compraventa. También se destacó que en esa sentencia se desestimó la confesión de la actora en el hecho seis de la demanda, respecto de que el postor aportó recursos al fideicomiso; porque no fue así acreditado, ni se justificó que fuera quien realizó diversos pagos, por lo que se dejó precisado que no figuró el nombrado adjudicatario en el consenso de voluntades base de aquélla acción, considerándose ahí intrascendente que el adjudicatario fuera quien propaló la compraventa y quien realizó los diversos pagos, porque en el contrato base de esa acción no se pactó sobre esos extremos. Además, se destacó que de las constancias de aquél juicio se constató que de los antecedentes del instrumento notarial con el que el apoderado de la quebrada acreditó ahí su personalidad, no se advierte el nombre del adjudicatario, transcribiéndose en lo conducente la parte del contrato de fideicomiso de trece de abril de dos mil cinco; sin advertirse la participación del adjudicatario en el fideicomiso, en la constitución del patrimonio fideicomitido de la quebrada y el propósito esencial del mismo; por lo que se consideró que la compraventa de bienes que integran el fideicomiso en la que el adjudicatario pudiera haber propalado y luego intervenido en el juicio, no lleva a establecer la vinculación patrimonial con la quebrada.  Por tanto, no quedó acreditada la falsa manifestación del postor en su propuesta de compra, y al no desestimarse las consideraciones torales de la sentencia recurrida, resulta que no se imponen los efectos del segundo párrafo del artículo 202 de la Ley de Concursos Mercantiles. De lo anterior, se advierte que, contrario a lo que indica la parte quejosa, no hubo violación al principio de congruencia y exhaustividad como lo alega, en razón de que la autoridad sí dio contestación de forma frontal a lo que se le puso a su consideración en el recurso interpuesto, pues sobre el tema de que el vínculo patrimonial que se hizo valer relativo a que la aportación económica realizada por Eduardo Ernesto Haas López a favor del fideicomiso, lo que incluso se manifestó en el proceso mercantil en diversos escritos, es lo que hace patente el vínculo patrimonial entre el adjudicatario y la fideicomisaria. La autoridad indicó de forma directa que la aportación económica que aduce realizó el postor en favor del fideicomiso, a fin de que la acreedora ..., como fideicomisaria obtuviera el departamento ..., no quedó acreditada conforme a lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil ..., ya que en ésta se declararon infundadas las manifestaciones de que fue con el adjudicatario con quien el comerciante celebró el trámite de enajenación, ni que éste instruyó para que se señalara que fue con la nombrada acreedora con quien se realizó la compraventa, y que además en los términos en que se pactó el contrato de compraventa no se justificó que ..., estuviera vinculado con esa transacción. Asimismo, el juez responsable indicó que no se advertía el nombre del adjudicatario en la parte conducente del contrato de fideicomiso de trece de abril de dos mil cinco, es decir, no se observó la participación del adjudicatario en el fideicomiso, en la constitución del patrimonio fideicomitido de la quebrada o en el propósito esencial del mismo; por lo que se consideró que la compraventa de bienes que integran el fideicomiso en la que el adjudicatario pudiera haber propalado y luego intervenido en el juicio, no lleva a establecer la vinculación patrimonial con la quebrada. De lo anterior se advierte que la autoridad sí dio contestación de forma frontal a lo que la quejosa expuso en el medio de impugnación que intentó, pues sobre ese tema el juez responsable consideró que no quedó acreditada la aportación económica que aduce realizó el adjudicatario ni se observó su participación en el fidecomiso, de modo que esos argumentos debieron ser materia de alegación en sus conceptos de violación y no limitarse a indicar que el a quo de forma incongruente no se pronunció al respecto. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/296 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." No es óbice que el quejoso haga valer una reinterpretación de sus agravios transitando de la idea de que "contrario a lo que indicó el postor, sí tiene relación con la comerciante" a que éste omitió manifestar tal relación, porque a criterio del suscrito, ese argumento parte de que son asertos equiparables, y no lo son porque mientras uno es oposición a lo que expreso Eduardo Ernesto Haas López, otro es acusar que no lo dijo; sin embargo, aunque sendas proposiciones tengan una estructura distinta, finalmente inciden en lo mismo, que es apuntar que esa persona tiene relación, y eso sí lo abordó la responsable, por lo que en su caso eso debería combatirse. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe."

  3. Incidental

    Agréguese el comunicado del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual devuelve el cuaderno original de este incidente y testimonio de la resolución mediante la cual CONFIRMÓ la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva. Glósese el cuaderno de antecedentes e infórmese a las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 877/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la documental y la instrumental de actuaciones. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que la parte quejosa los formuló y el tercero interesado Eduardo Ernesto Haas López invocó la improcedencia del juicio; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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