Fabian Martínez Molina
Expediente 445/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fabian Martínez Molina
- L.I. M. S.
- FABIAN MARTÍNEZ MOLINA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro-previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-; por el cual, remite copia certificada del acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en el expediente familiar ****/2021 de su índice, del que se advierten las gestiones para cumplir con la sentencia de amparo, a saber: Dejó sin efectos la parte relativa del acuerdo dictado en la audiencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el juicio familiar ****/2021, en la que consideró que atendiendo únicamente a la valoración psicológica de las partes, resolvería en relación a la guarda y custodia y régimen de convivencia del menor. Dictó nuevas medidas tendentes a requerir a la actora y al demandado cumplan con el convenio celebrado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, así como los debidos cuidados del menor de edad, apercibiéndolos en caso de incumplimiento Señaló las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que el menor de iniciales ***** previa entrevista con la psicóloga, pueda ser escuchado en la citada diligencia. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, para que una vez que se lleve a cabo la diligencia señalada para el siete de diciembre de dos mil veintitrés, en relación a la escucha del menor**** de la misma, con el objeto de dar seguimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a María de Lourdes Rojas Ríos Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte, el cual se concedió para los siguientes efectos: 1) Dejar sin efectos la parte relativa del acuerdo dictado en la audiencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el juicio familiar 441/2021, en la que consideró que atendiendo únicamente a la valoración psicológica de las partes, iba a resolver en relación a la guarda y custodia y régimen de convivencia. 2) Atendiendo al principio de interés superior de la niñez, emita una nueva determinación, en la que -de acuerdo a lo expuesto en párrafos precedentes-, funde y motive debidamente su resolución, en el que, tomando en consideración lo expuesto por las partes en la audiencia de pruebas y alegatos de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, así como el estado de autos, y el material probatorio que tenga a su alcance, analice si alguna de las partes o ambas, han sido contumaces en dar cumplimiento al convenio celebrado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, respecto a la guarda, custodia y convivencias del menor de edad con sus progenitores, así como a las medidas de protección que se dictaron en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, y en caso de resultar probado y procedente, haga efectivos los apercibimientos con los que se les ha conminado, además deberá dictar nuevas medidas eficaces tendentes a requerir a la actora y al demandado cumplan con el convenio celebrado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, así como los debidos cuidados del menor de edad, apercibiéndolos para que en caso de incumplimiento de los horarios y días establecidos respecto al régimen que pactaron, o poner en riesgo la integridad física o emocional de su menor hijo, estos se harán efectivos -entre otros, dar vista al Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones, con independencia de que los aperciba con algún medio de apremio en su contra, con los que cuenta para que se cumplan sus determinaciones; presentar y recoger al menor ante el órgano jurisdiccional o en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, o bien apercibir a los progenitores con modificar la guarda y custodia del menor de edad así como las convivencias-las cuales resultan medidas idóneas para garantizar la convivencia del menor, con el progenitor no custodio y que este último cumpla con la carga de respetar los horarios establecidos respecto a la convivencia con el menor. 3) Previamente a tomar alguna determinación sobre el cumplimiento de la cláusula segunda del convenio celebrado entre las partes, relativa a que "una vez que el niño de nombre con iniciales L.I.M.S., cumpla a edad de tres años las convivencias con su progenitor no custodio FABIAN MARTÍNEZ MOLINA, será cada quince días a partir de la diez horas del día sábado, regresándolo los días domingo a las dieciséis horas", además de la valoración psicológica que ordenó se realizara a sus progenitores, ordene la escucha del menor L.I.M.S., así como de las demás partes -madre y padre-, con intervención del Ministerio Público, y Alejandrina Bernardino Pérez, quien interviene como representante en coadyuvancia del menor de edad en el juicio de origen, para que brinden su opinión con relación a la pertinencia de cumplir con el convenio establecido en los términos aprobados por las partes. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Familiar, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicho Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a él. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI B PRAL. 445/2023 Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1, 37, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la parte quejosa ****** contra los actos reclamados a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos, y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA Número de expediente: 445/2023 Acuerdo: SECCIÓN II. MESA VI B PRAL. 445/2023 Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1, 37, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la parte quejosa ****** contra los actos reclamados a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos, y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
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