Fabian Martínez de la Cruz

Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Fabian Martínez de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos; por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto al rubro citado; asimismo, se advierte que aceptó EL CONOCIMIENTO DE LA INCOMPETENCIA DECLINADA, el cual quedó registrado bajo el número 876/2023-VII, de su índice. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 19, fracción I, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declinó competencia por TERRITORIO para conocer del juicio biinstancial; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 19, antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la persona secretaria y/o actuaria de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el quejoso ********************, en la demanda de amparo reclamó al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, lo siguiente: La omisión en determinar si debe cesar la prisión preventiva dictada dentro del proceso penal ********************/2016, que se le instruye en su contra; o bien, si debe continuar prolongándose aquélla, dado que excedió el término que prevé el artículo 20, constitucional. Cabe destacar que en sus conceptos de violación esgrimió, entre otros argumentos, que se encuentra en prisión preventiva desde hace diez años a la fecha en que suscribió su libelo constitucional y que de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, la prisión preventiva no debe exceder de dos años. Asimismo, el quejoso en su demanda de amparo, refirió que se encuentra interno en el Centro Federal Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca". Así, del contenido integral del escrito de demanda presentado por la parte quejosa, se aprecia que se reclama la omisión del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en determinar si debe cesar la prisión preventiva dictada dentro del proceso penal ********************/2016, que se le instruye en su contra; o bien, si debe continuar prolongándose aquélla, dado que excedió el término que prevé el artículo 20, constitucional. Incompetencia. Ahora bien, la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público; es por ello, que después de analizar las constancias que integran este sumario constitucional, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para seguir conociendo de este asunto, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El referido precepto legal fija tres reglas generales para definir la competencia de los juzgados de amparo, a saber: En la primera, se establece que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En la segunda, se delimita la competencia a favor del juez federal ante el cual se presenta la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa en otro. En la tercera, se define la competencia a favor del juez constitucional ante el cual se presenta la demanda, si se actualiza la particularidad de que el acto reclamado no requiere de ejecución material. Entonces, la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Entonces, la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Cabe recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, definió qué debe entenderse por ejecución material: ".con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real". Luego, a efecto de determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución material, resulta necesario -como se dijo- atender a su naturaleza. En esta línea, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver las contradicciones de criterios -antes contradicción de tesis- 343/2019 y 478/2018, estableció que los actos que se reclaman en el juicio de amparo, se dividen en: Positivos. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos. Actos negativos prohibitivos. Omisivos o abstenciones. Los actos positivos son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales. Los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde, los cuales se dividen en: 1. Actos negativos simples, los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. 2. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues no se trata únicamente de la exteriorización del rechazo a lo solicitado por el gobernado; sino que, constituye una carga concreta identificable. 3. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta; se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, esto es, impone al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta. Los actos omisivos o abstenciones son aquéllos donde las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Así las cosas, en el caso, resulta necesario verificar si la omisión del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en determinar si debe cesar la prisión preventiva que guarda el quejoso en la causa penal ********************/2016, produce efectos o consecuencias para aquél. Ahora bien, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho de todo gobernado de obtener justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver controversias ante ellas planeadas, dentro los plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables. En ese sentido, se considera que la abstención antes señalada reclamada al juez responsable, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico; esto es, tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento del impetrante. Para determinar este último aspecto, se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 118/2011, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO", sostuvo que cuando la quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye la causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el impetrante, pues los efectos del auto de formal prisión se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Relacionado con lo anterior, la citada Primera Sala resolvió la contradicción 478/2018, que dio origen a la jurisprudencia 24/2021 de rubro: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)", donde sustentó que el conocimiento de la demanda tratándose de la indebida prolongación del proceso corresponde a la jueza o juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el proceso penal; esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Asimismo, puntualizó que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Esto último, indicó, es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un juzgado que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interno el proceso y posteriormente sea trasladado a otro centro de reclusión, lo cual traería más problemáticas al respecto. Así, el principio rector que se extrae de ambas jurisprudencias, en relación a lo establecido en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es que compete conocer de este juicio al juez o jueza de Distrito que tenga jurisdicción sobre la autoridad que conoce de la causa penal; entonces, si el proceso penal ********************/2016, lo instruye el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz; por tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, es quien resulta legalmente competente para seguir conociendo este juicio de amparo, y no este Juzgado de Distrito, por el simple hecho de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", lugar donde ejerce jurisdicción este órgano federal, pues como se dijo, ello implica una circunstancia accidental por cuestión de distribución de espacios; pues, la ejecución repercutirá materialmente en el proceso penal que se instruye en su contra. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como, en el Punto Cuarto, fracción X, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir el presente expediente, así como tres tomos de pruebas, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, residente en Coatzacoalcos, a quien se estima competente, para que determine si acepta o no la competencia legal que se plantea. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada y acuse el recibo respectivo. En este contexto, cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en este circuito, en el conflicto competencial 32/2023, resolvió en los términos apuntados en este acuerdo, esto es, que el juzgado competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclame la omisión de determinar si cesa la prisión preventiva, es quien ejerza jurisdicción del lugar en que se encuentre el juzgado que instruya el proceso penal. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. En este orden, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se autoriza al Secretario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. informe justificado. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio del Juzgado Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, toda vez que en proveído de tres de agosto del año en curso, se agregó oficio de similar contenido, acordándose lo conducente. pruebas. Ahora, por cuanto hace a los tres tomos de prueba relativos a la causa penal ********************, del índice de la autoridad responsable oficiante, que adjunta en apoyo a su informe justificado, con fundamento del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida dicha prueba documental, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas y a efecto de facilitar su manejo, fórmese por separado tomos de prueba con ellas, los cuales quedan a disposición de las partes en esta Secretaría, para su consulta. Para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada en el presente expediente, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Aceptación y protesta de cargo de asesor jurídico. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de ********************, Asesor designado del quejoso ********************; atento a su contenido, se le tiene aceptando y protestando el cargo que le fue conferido en el presente asunto, esto es, asesor jurídico del quejoso ******************** ********************; para lo cual, exhibe copia certificada de su cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho. Vista. En consecuencia, se ordena darle vista con las constancias que integran el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas, que los acredita como licenciados en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por no acreditar estar autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho ni proporcionar número de patente. Notifíquese personalmente al asesor jurídico de la parte quejosa; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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