Fabian Martin del Campo Navarro
Expediente 2396/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Fabian Martin del Campo Navarro
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado electrónicamente por el Secretarios de Acuerdos adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de revisión interpuesto en autos por el quejoso Fabián Martin del Campo Navarro. Nota de registro del recurso. Se toma nota que se registró como queja 443/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso ****, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el acuerdo dictado el siete de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda. Se rinde informe justificado. En términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado de Distrito dictó el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Fabián Martin del Campo Navarro, contra los actos que reclama del Autoridad Investigadora de la Contraloría del Estado de Jalisco, Autoridad Substanciadora de Faltas Administrativas Graves y No Graves de la Contraloría del Estado de Jalisco y Autoridad Resolutora de Faltas Administrativas No Graves de la Contraloría del Estado de Jalisco. No se da vista. Dada la naturaleza del proveído contra el cual se interpone el recurso de queja, no es necesario dar vista a las partes para que señalen las constancias que en copia certificada serán remitidas al tribunal revisor. Substanciación del recurso. Por medio de oficio que se envíe por correo, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, petición de turno; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del recurso de trato. Los datos para registro son los siguientes: Juicio de amparo: 2396/2023. Quejoso y recurrente: Fabián Martin del Campo Navarro. Auto recurrido de fecha: siete de noviembre de dos mil veintitrés. En el entendido de que, una vez que exista constancia de lo anterior, se deberá de poner a disposición el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso queja, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se suspende procedimiento. Se hace del conocimiento que al haberse desechado la demanda de amparo, no ha lugar a suspender el procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Amparo.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR SEÑALA: Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, transcribe el proveído de trece de octubre de la anualidad en curso, dictado en los autos del recurso de queja ****, de su índice, por el cual declaró que causó estado el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. II. Orden de archivo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, de los cuales por acuerdo de cinco de septiembre pasado, se reservó a proveer respecto al archivo del presente asunto hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra del proveído de veintiséis de abril del año en curso, circunstancia que ya aconteció y se provee, por tanto, háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Toda vez que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlos; apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la ampliación de demanda y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, provéase lo relativo a la suspensión de los actos reclamados materia de la ampliación de demanda presentada en el juicio de amparo 2455/2022, promovido por **** Contra los actos que atribuye a la nueva autoridad responsable, Comisión Nacional del Agua "CONAGUA". Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan once horas con treinta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Solicitud de informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en el escrito de ampliación, esto es, al Comisión Nacional del Agua "CONAGUA", por su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. Consideraciones respecto de las notificaciones a las autoridades responsables De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a la autoridad responsable en el presente incidente de suspensión, de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe previo, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este incidente de suspensión se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Representación Social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde. Fijación del acto reclamado. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por numeral 5, fracción III, inciso b), 115 de la Ley de Amparo lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como tal, esencialmente: "[.] cualquier Orden o Autorización que haya efectuado a sus subalternos o de cualquier particular o cualquier ejecución directa o por terceros, para la realización de OBRAS HIDRÁULICAS, dentro de los terrenos pertenecientes al DERECHO DE VÍA concesionado a la hoy quejosa y que se encuentran ubicadas entre el Kilómetro ********************, lado Izquierdo de la vía principal de la línea ********************, ubicada dentro del Municipio de ********************, en el Estado de Jalisco, afectando una superficie aproximada de ********************, en una longitud de ******************** [.]" Determinación sobre la suspensión. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como, el artículos 138 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, en tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo esas condiciones, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados respecto de la ampliación de demanda, toda vez que se cumplen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita la medida suspensional respecto de la ampliación de demanda; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues el acto cuestionado no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 129 de la ley de la materia, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Al efecto, se precisa que el interés suspensional se encuentra acreditado con la copia digitalizada de la concesión respecto del predio que defiende, que adjunto a la demanda. Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que no se ejecute o continúe ejecutándose orden o autorización alguna tendiente a la realización de obras hidráulicas en el predio que se encuentra ubicado entre el Kilómetro ********************, lado Izquierdo de la vía principal de la línea ********************, ubicada dentro del Municipio de ********************, en el Estado de Jalisco, respecto de una superficie aproximada de ********************, en una longitud de ********************, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva respecto a la ampliación de demanda. Condiciones de efectividad. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que el acto reclamado se hubiese consumado, si el mismo obedece a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dicho acto proviene de autoridad distinta a la señalada como responsable, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Garantía. Sin que haya lugar a fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida, en razón de que la parte quejosa es un organismo público descentralizado, de ahí que está exenta de prestar las garantías que el ordenamiento de la materia exige, de ahí que no es el caso de condicionar los efectos de la suspensión a que se exhiba garantía de los daños y perjuicios, o a cualquier otra condición. Máxime que no se advierten daños y perjuicio a diversas personas, que pudieran tener el carácter de terceras interesadas. Tiene aplicación la jurisprudencia que dice: "Registro digital: 194807 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: V.2o. J/45 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 805 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS. Como la Ley de Amparo es la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese ámbito de aplicación sus preceptos deben prevalecer sobre cualquier otra ley, al establecer el artículo 9o. de la citada ley que las personas morales oficiales están exentas de prestar las garantías que en esta ley se exigen a las partes, es inconcuso que tal precepto exime a Ferrocarriles Nacionales de México, de otorgar la fianza que exige a las partes el artículo 125 de la ley en comento, para garantizar posibles perjuicios a los terceros perjudicados con motivo de la medida cautelar concedida, por ser un organismo público descentralizado y como tal es una persona moral oficial, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal crea las bases de la administración pública federal, centralizadas paraestatales y establece en sus artículos 1o., 3o. y 45 que forman parte de la administración pública los organismos públicos descentralizados; luego, conforme a la Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México, tal institución es un organismo que está exceptuado de la obligación de otorgar garantías para obtener la suspensión en los juicios de amparo; sin que además sea aplicable ya la tesis jurisprudencial 4/91 emitida por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevó por rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. DEBEN OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN.", pues fue superada por la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 6/95, emitida por el propio Pleno, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE ÉSTA SURTA EFECTOS. PETRÓLEOS MEXICANOS EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL OFICIAL, NO ESTÁ OBLIGADA A DEPOSITAR LA CANTIDAD REFERIDA EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", y de cuya ejecutoria se advierte que se refirió a todos los casos análogos de aquellos organismos públicos descentralizados como el presente. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.". Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. B) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.
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