Fabián José Linares González y Otros.

Expediente 1433/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1433/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Fabián José Linares González y Otros.
  • Fabián José Linares González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se agregó un oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el que informó que aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo 1433/2022-VII y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar, a favor de Fabián José Linares González y otros, la cual registró como juicio de amparo 1417/2022 de su índice. Por tal motivo, en el diverso auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós se giró el oficio 45468/2022 al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el que se le remitió el juicio de amparo 1433/2022-VII. Una vez que se consultó la página https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se advierte que al consultar el reporte del código de confirmación 6015015538-24A507287820 relativo al oficio 45468/2022 dirigido al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, aparece que fue debidamente entregado. En tal virtud, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito Secretario me comuniqué al número telefónico de red #815 extensión 1003, en donde fui atendido por Claudia Iveth Gordillo Gómez, quien manifestó ser Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, la que me informó que efectivamente ya recibió los autos originales del juicio de amparo 1433/2022-VII del índice de este órgano jurisdiccional. Archivo. En consecuencia, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente asunto.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe Irene Moreno Ibarra, parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relativas al incumplimiento a la ejecutoria de amparo que atribuye a la autoridad responsable, y al respecto manifiesta que el doce de octubre de dos mil veintidós, se presentó en el área de oftalmología a fin de hacer tratarse el daño ocular que padece, por lo que la remitieron con la doctora Blanca G. Olivo C. quien le prescribió la realización de estudios urgentes para Cardiología, TC medicina Interna, Tórax y Paea BH, AS, RP Y TPT; asimismo, indica tal profesionista le indicó estos ya no le serían realizados por la autoridad responsable y, por tanto, correspondería a ella sufragarlos. Ahora bien, los efectos de la sentencia dictada el once de agosto de dos mil veintiuno, son: "1. Las autoridades responsables Directora del Hospital General, en San Luis Potosí; de la Unidad de Medicina Familiar de Soledad de Graciano Sánchez; Director de la Clínica de Especialidades "Dr. Pedro Bárcena Hiriart" y médico Manuel Vázquez Martínez, adscrito al Hospital General, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procedan de inmediato a realizar acciones para garantizar el derecho a la salud de la quejosa Irene Moreno Ibarra, lo que implica que se proporcione sin interrupciones una atención médica de forma oportuna, permanente y constante tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, mientras sea derechohabiente, dando continuidad al protocolo de diagnóstico a su condición actual, y en caso de que sea necesaria su hospitalización, le sea brindada, así como para que se practiquen los estudios médicos, cirugías o tratamientos necesarios y de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para sus padecimientos, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales. En el entendido de que el suministro de los medicamentos que requiera deberán ser entregados hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentre sujeta conforme a sus padecimientos, un especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, el tratamiento y/o la entrega de medicamentos ya no sea necesaria; y en caso de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. Para lo anterior, las autoridades responsables deberán establecer y tomar todas las medidas pertinentes para el respeto del derecho humano a la salud, incluso gestionarlo ante terceros para la operatividad del mismo, dada la situación del país derivada de la contingencia sanitaria por SARS-COV2. En estas condiciones, si la quejosa está imposibilitada, dadas sus condiciones de salud, no le serán exigibles mayores trámites a fin de que le sean proporcionados los tratamientos, especialistas y medicamentos que requiere para la atención de su padecimiento, pues ello implicaría poner en riesgo su salud. Máxime que al tratarse de una persona vulnerable en términos de su condición de salud, requiere de una protección reforzada, aunado a que al encontrarse el país, en una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ello implica que deban necesariamente tomarse decisiones extraordinarias a fin de garantizar a la quejosa su derecho a la salud, como lo es que deban minimizarse los trámites requeridos para la obtención de os medicamentos necesarios para contrarrestar el diagnóstico que se establezca. 2. Para dar cumplimiento al punto anterior, las responsables deberán agendar a la brevedad, las citas médicas que correspondan, señalando día, hora y lugar específicos en que la quejosa deba presentarse, así como el personal médico que deberá atenderla, lo que deberá notificarse oportunamente a través de cualquiera de los medios de contacto con que cuenten para localizarla, en el entendido que corresponde a la quejosa acudir a las instalaciones que se le indiquen para que se materialice su derecho de protección a la salud, pues en la medida que aquélla se ponga a disposición del personal médico, éstos estarán en condiciones de brindar la asistencia en los términos indicados y, por tanto, se le brinde y proporcione el tratamiento respectivo de manera. Se pide cumplimiento. En tales condiciones, como se especificó en la sentencia, las responsables están obligadas a realizar acciones para garantizar el derecho a la salud de la quejosa, lo que implica que se le proporcione sin interrupciones una atención médica de forma oportuna, permanente y constante tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, mientras sea derechohabiente, dando continuidad al protocolo de diagnóstico a su condición actual, y en caso de que sea necesaria su hospitalización, le sea brindada, así como para que se practiquen los estudios médicos, cirugías o tratamientos necesarios y de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para sus padecimientos, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales. En el entendido que el suministro de los medicamentos que requiera deberán ser entregados hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentre sujeta conforme a sus padecimientos, un especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, el tratamiento y/o la entrega de medicamentos ya no sea necesaria; y en caso de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio constitucional, para que dentro del plazo de tres días informen al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. De la misma manera, en relación a las manifestaciones que refiere la quejosa en el escrito de cuenta, con el cual se ordena correr traslado a las autoridades responsables, se les requiere para que dentro del plazo referido en el párrafo que antecede, rindan informe respecto a tales hechos.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud de San Luis Potosí, en representación del Organismo Descentralizado de la Administración Pública denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, así como del Director General de dicho organismo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se le tiene informando las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, que una vez que la Secretaría de Finanzas de contestación al oficio DG/DPEYPE/SPYS/DPYE/OF/22990/2022, por el cual solicitó integrar dentro del Presupuesto de Egresos de dos mil veintitrés, el monto antes precisado para cubrir el adeudo que mantiene el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con la parte quejosa, lo haga del conocimiento de este Juzgado, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo, remitiendo las constancias que así lo acrediten. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informe si ya dio contestación al oficio DG/DPEYPE/SPYS/DPYE/OF/22990/2022 signado por el Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, por el cual hizo entrega del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés y le solicitó integrar dentro del Presupuesto de Egresos del referido año, el monto de $22´998,741.19 (veintidós millones novecientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 moneda nacional), para cubrir el adeudo que tiene el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con la quejosa Aplicaciones Médicas Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo, para lo cual se le remite copia autorizada de la sentencia dictada en este asunto el ocho de julio del presente año. Apercíbase a las mencionadas autoridades que, de no cumplir con lo anterior, les será impuesta una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, en términos del numeral 258 de la ley en cita y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite de la inejecución de sentencia. Cabe hacer mención que se requiere a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, aun cuando no fue llamada en el presente juicio de amparo, en atención a que también le compete realizar las gestiones necesarias para el debido cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 6001/2022 signado por el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, por virtud del cual transcribe el proveído de veintiséis de octubre del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 1464/2021, de su índice, mediante el cual, toda vez que la perito Luz María Ramos Ruelas, no señaló fecha y hora para llevar a cabo la valoración de los menores de identidad reservada con iniciales R.A.M. y C.J.A.M., por lo que le impuso la multa decretada en auto de diecinueve de octubre del presente año y la requirió de nueva cuenta a efecto de que en el término de tres días, tenga a bien señalar y programar fechas y horas para llevar a cabo, la valoración de los referidos menores, ello lo antes posible de acuerdo a su agenta, apercibiéndola para el caso de no hacerlo o no señalar los motivos fundados por lo que no realiza la programación de las fechas requeridas, se le aplicara una multa en los términos a que se refiere el artículo 71, fracción I, de la Ley Procesal Civil en vigor. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de esta ciudad, para que una vez que se señale fecha y hora para llevar a cabo la valoración psicológica de los referidos menores e igualmente una vez que se haya llevado a cabo la misma y emitido la valoración colegiadamente con el perito sobre cómo debe desarrollarse el régimen de visitas señaladas en la ejecutoria de amparo; lo haga del conocimiento de este Juzgado; o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo, remitiendo las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dicha autoridad que, de no remitir tal información en el plazo señalado, se le impondrá una multa con base en lo estipulado en el artículo 258 de la citada Ley, consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de la inejecución de sentencia. Por otra parte, téngase al referido Juez Segundo Familiar de esta ciudad, rindiendo informe en relación a la denuncia de repetición del acto reclamado que promovió la parte quejosa, manifestando que se niega que esa autoridad este en el supuesto de la repetición del acto a que hace valer el quejoso, en virtud de que a la fecha lo que está realizando son actos tendientes a dar cumplimiento con la ejecutoria, pues se está requiriendo a la perito a fin de que fije las fechas y horas a efecto de llevar a cabo las valoraciones de los menores, e incluso refiere que se fijó una multa a la perito en virtud de su conducta contumaz para no dar cumplimiento en fijar fecha y hora para la valoración señalada. Con el contenido del oficio que remite la referida autoridad responsable, dése vista a las partes, para los efectos legales a que hubiere lugar. En esa lógica, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, una vez transcurrido el término otorgado en el párrafo anterior, resuélvase la citada denuncia de repetición del acto reclamado. Notifíquese y, personalmente a las partes.

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