Fabián Domínguez González

Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
498/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Fabián Domínguez González
  • Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Fabián Domínguez González, parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de dos de mayo del presente año. Ahora bien, vista la lectura integral de la demanda de amparo el suscrito juzgador advierte se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que se estima que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano, de conformidad con lo establecido por el artículo 112, de la Ley de la Materia. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del acto reclamado, consistente en el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad señalada como responsable en el expediente número 185/2015, procede interponer el recurso de revocación a que se refiere el artículo 423 en relación con el diverso numeral 428 ambos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, y que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;(.)" En efecto, la anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En consecuencia, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, puede ser revocado como a continuación se expondrá. Para una mayor comprensión es necesario citar los artículos 423 y 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán vigente, que disponen: "CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la apelación. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De la interpretación literal del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares se advierte que procede el recurso de revocación contra los decretos o autos que se hayan dictado por el juez del conocimiento, siempre que no fueren apelables. En ese sentido, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que ante esa circunstancia es válido afirmar que en contra del auto de uno de abril de dos mil decinueve, sí procede el recurso de revocación. Ello es así porque el citado numeral establece la procedencia de la revocación en contra de los autos y los decretos que se dicten por el juez de origen con la única salvedad de que no fueren apelables. En efecto, lo que conlleva a establecer que en contra del acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 185/2015, relativo al Juicio Ordinario Oral Familiar, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; recurso que en el caso no fue agotado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Página 8, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En el caso se tiene que el peticionario del amparo, previo a promover el juicio de amparo, debió interponer el recurso de revocación que prevé el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, pues no se advierte impedimento alguno para ello ya que es parte en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, sin necesidad de interpretación adicional al artículo que expresamente lo prevé, según quedó precisado en párrafo que antecede, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo respecto al acto reclamado citado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fabián Domínguez González, en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos el memorial del quejoso Fabián Domínguez González, parte quejosa en este asunto, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de doce de abril de dos mil diecinueve. Ahora, toda vez que la parte quejosa no manifestó con exactitud el acto que reclama al Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable, tal y como se le requirió en proveído de doce de abril del año en curso, dado que se limita a señalar que el acto reclamado es el desentendimiento y realiza diversas manifestaciones al respecto; en consecuencia, es incuestionable que no cumple cabalmente con lo requerido en acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, y a efecto de no hacer nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando todavía está en tiempo para hacerlo, se le hace saber a la parte quejosa que subsiste la prevención y el apercibimiento formulados en dicho proveído. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J.106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del tomo XVIII, del mes de noviembre del año dos mil tres, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ... También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, del libro VIII, tomo 1, del mes de mayo, del año 2012, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo registro es: 2000702, de epígrafe y contenido siguientes: ... Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO ... Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos el memorial del quejoso Fabián Domínguez González, parte quejosa en este asunto, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de doce de abril de dos mil diecinueve. Ahora, toda vez que la parte quejosa no manifestó con exactitud el acto que reclama al Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable, tal y como se le requirió en proveído de doce de abril del año en curso, dado que se limita a señalar que el acto reclamado es el desentendimiento y realiza diversas manifestaciones al respecto; en consecuencia, es incuestionable que no cumple cabalmente con lo requerido en acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, y a efecto de no hacer nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando todavía está en tiempo para hacerlo, se le hace saber a la parte quejosa que subsiste la prevención y el apercibimiento formulados en dicho proveído. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J.106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del tomo XVIII, del mes de noviembre del año dos mil tres, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ... También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, del libro VIII, tomo 1, del mes de mayo, del año 2012, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo registro es: 2000702, de epígrafe y contenido siguientes: ... Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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