Fabián Corral Luna

Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Fabián Corral Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, residente en esta ciudad, acusando recibo de cuatro discos compactos y un tomo de pruebas que le fueron devueltos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Del estado que guarda este asunto se advierte que en auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó el archivo este asunto como por lo que resulta innecesario conservar los discos de audio y video que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado; en consecuencia, se ordena devolverlos al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, residente en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que en determinación del catorce de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó devolver a la autoridad en comento un tomo de pruebas y se le solicitó el acuse de recibo correspondiente, sin que a la fecha obre en autos dicha recepción; por tanto, solicítesele el acuse de recibo del tomo de pruebas referido. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, facultada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6901/2022, quien actúa en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario que autoriza y certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de abril del año actual, en la que se negó el amparo promovido por *****, por conducto de su defensora particular *****; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo al impetrante, así como el original del incidente de suspensión, toda vez que en este último se concedió la suspensión provisional y definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo, con relación al capítulo 7.1.1., del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, con residencia en esta ciudad, el tomo de pruebas y los discos de audio y video que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    1. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 3/2021-2; y, R E S U L T A N D O I. ******, por conducto de su defensora particular ****, por escrito recibido en este Juzgado Federal el trece de enero de dos mil veintiuno, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta ciudad y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón. II. En auto del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en el artículo 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: El auto de vinculación a proceso dictado el dos de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial C-36/2020, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada. TERCERO. La autoridad señalada como responsable, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta ciudad y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo cual se tiene por cierto; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la carpeta judicial C-36/2020 que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. El quejoso señaló esencialmente en sus conceptos de violación lo siguiente: -Que el juez responsable transgrede en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Que la autoridad responsable realizó una incorrecta valoración del material probatorio y que demeritó las pruebas ofrecidas en la carpeta judicial de origen por el quejoso. -Que otorgó valor probatorio a las testimoniales ofrecidas por la víctima, a cargo de ****, ***** y *****, no obstante que omitieron señalar la razón de su dicho. -Que la autoridad responsable no aplicó lo previsto en los artículos 259, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en razón de que de los medios ofertados por su defensa se acreditaba que había cumplido con su obligación alimentaria. -Que el juez responsable no atendió a lo previsto en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no realizar una valoración conjunta integral y armónica de los datos de prueba, tal y como le refiere el citado precepto. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, analizados de manera conjunta, dada su estrecha relación, aun suplidos en la deficiencia de la queja, dado que se estima que del estudio de la resolución reclamada la misma se encuentra dictada conforme a derecho. En principio debe destacarse que en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Al respecto, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "ARTÍCULO 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso --- (.) El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. (.).". Sobre esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, entendiendo como tales aquellos elementos de convicción recabados en la fase indagatoria que resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. En ese contexto, el juez instructor -al emitir el auto de vinculación a proceso- o bien, el tribunal de apelación -al pronunciar la resolución de segunda instancia- no valoran las pruebas legalmente aportadas a la causa, sino únicamente se basan en los datos de prueba aportados que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para justipreciar los medios de convicción que no fueron tomados en consideración ni valorados, ya sea por el juzgador natural, o bien por el tribunal de alzada, al emitir la resolución judicial en su respectivo ámbito de competencia. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado debe hacerse también con base en los datos de prueba que fueron aportados por el ministerio público en la audiencia de formulación de imputación. Conviene acotar que el auto de vinculación a proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 19 constitucional reformado, no se puede analizar a la luz de las reglas y consideraciones legales que rigen el auto de formal prisión a que aludía ese precepto en su anterior redacción. Al respecto, se destaca que son claras las diferencias entre ambas instituciones, tanto de fondo como de forma; y en ese sentido, la fundamentación y la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso como el que originó la determinación que aquí se reclama. Para clarificar lo anterior, conviene señalar que una resolución judicial de esa naturaleza tiene como antecedente básico la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, bajo la vigilancia garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para decretar la vinculación a proceso del inculpado, lo que no es seguro, sino que ello depende del resultado de la investigación. En esta línea de pensamiento, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 16 de esa propia legislación, que establece: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos rectores que han de observarse para vincular a proceso, los cuales se encuentran previstos en su artículo 316, que establece: "ARTÍCULO 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Al respecto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, transcrito en párrafos precedentes, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Sala responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. En ese contexto, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Novena Época, Diciembre de 2005, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado; al igual que el tribunal de apelación al analizar la determinación que emita el juzgador de primer grado. Es decir, las citadas autoridades judiciales cumplirán la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que el Juez responsable únicamente debía atender el hecho o los hechos ilícitos, y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En efecto, se arriba a tal conclusión, en atención a que para el dictado del auto reclamado, el juez responsable estimó que se verificaba como hecho circunstanciado que: El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial C-36/2020, tuvo verificativo la audiencia inicial donde el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra el imputado Fabián Corral Luna, por el hecho delictuoso de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada, cometido en agravio de la menor de edad de identidad reservada con pseudónimo "Miel". El dos de diciembre de dos mil veinte, el juez de origen resolvió la situación jurídica del imputado, decretando auto de vinculación a proceso; en el entendido de que el juez de control estimó que la fiscalía acreditó el hecho delictuoso y la probable participación, bajo el hecho circunstanciado de que: ".señaló la Agente del Ministerio Público, que tras haber existido un matrimonio entre Fabián Corral Luna y la señora María Guadalupe Ortega, el catorce de mayo del dos mil catorce, del cual procrearon a una menor, quien nació el veintiséis de febrero del año dos mil quince, posteriormente el veintiocho de abril del dos mil diecinueve, la señora María Guadalupe Ortega, sale del domicilio conyugal por problemas maritales y se lleva a su hija a habitar en la comunidad de San Juan de Dios, con sus padres, posteriormente es emplazada el veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, donde se le notifica que el señor Fabián Corral Luna, solicitó el divorcio de ella, en el expediente 253/2019-IF-M, del Juzgado Mixto de Primera Instancia en materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, en donde se le comunicaba que se había establecido en contra del señor ******, una pensión mensual de $1232.16 (mil doscientos treinta y dos pesos 16/100 M.N.) a depositar los días cinco de cada mes y e dejó la guarda y custodia de la menor a favor de la madre; a partir de esa fecha se señaló por parte de la Agente del Ministerio Público, que no obstante requerimientos judiciales y extrajudiciales el señor Fabián Corral Luna, ha sido omiso en pagar la pensión establecida de manera mensual por el Juzgado de la materia.". Hechos que materializan el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada, previsto y sancionado en los artículos 205, en relación con el diverso 208, ambos del Código Penal del Estado de Guerrero, en agravio de la menor de edad de identidad reservada con el pseudónimo "***". El aludido hecho circunstanciado se basó en los siguientes datos de prueba, para así acreditar los elementos del delito, siendo los siguientes: 1. La entrevista de la denunciante *****. 2. La documental consistente en el acta de nacimiento de la menor víctima identificada con el pseudónimo "****". 3. La documental consistente en el acta de matrimonio entre los contrayentes ***** y *****. 4. La entrevista realizada a la testigo ******, hermana de la ofendida. 5. La entrevista realizada a *****, madre de la denunciante. 6. La entrevista realizada ******, padre de la denunciante. 7. El dictamen en materia de contabilidad de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el perito *****. 8. El Informe de la Policía Ministerial en relación al lugar del evento. 9. La documental consistente en un recibo de cuenta de la institución bancaria Bancoppel, con reconocimiento de un depósito de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) del día seis de mayo del dos mil diecinueve. 10. Copias simples de la resolución provisional del expediente civil 253/2019. 11. Entrevista realizada a *****. 12. Entrevista realizada a *****. 13. Documentales consistentes en siete depósitos de dinero a la institución bancaria Bancoppel, a nombre de *****. 14. Constancia de residencia de la menor víctima de identidad reservada. 15. Constancia de estudios de dicha víctima. 16. Copias del incidente de suspensión 422/2019. 17. Acuse de recibo del recurso de inconformidad interpuesto en el expediente 253/2019. Datos de prueba que ciertamente consideró idóneos para establecer la existencia del hecho delictuoso, en virtud de que se trata de actuaciones que fueron practicadas por autoridad en ejercicio de sus funciones y atribuciones, lo que da seguridad jurídica a dicha diligencia procesal. En efecto, en el acto reclamado sí se apreció el hecho delictuoso cierto y los datos expuestos conforme a la sana crítica, en virtud de que al ponderar los citados datos se explicó en lo individual por qué se estimaban idóneos y pertinentes, así como en su conjunto eficientes para acreditar el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada, cometido en agravio de la menor de edad de identidad reservada con el pseudónimo "****". Expresando de manera razonada y lógica cómo se complementa la información que cada uno de ellos aporta para constatar la existencia del hecho delictuoso por el que en su momento se dictó vinculación a proceso. En ese sentido, este órgano de control constitucional coincide con el Juez responsable en estimar que existen datos suficientes y contundentes que establecen que se cometió un hecho ilícito, pues al respecto expresó en lo que interesa, que los elementos del hecho ilícito se evidenciaban con los datos de prueba mencionados, argumentando que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar el evento delictivo que nos ocupa; de ahí la ineficacia de los conceptos de violación en estudio. Se precisa también que esa autoridad jurisdiccional emitió su determinación apegada a derecho, motivo por el que de ninguna manera se advierte que esa resolución y que es la primordialmente reclamada en la presente instancia constitucional carezca o adolezca de la fundamentación y motivación que toda determinación jurisdiccional debe contener. Aunado a que el juez responsable, se insiste, debidamente tuvo por acreditados los elementos mínimos y necesarios para confirmar el auto de vinculación contra el solicitante de la protección constitucional. De ahí que contrario a lo que manifiesta el quejoso, la autoridad responsable justipreció los datos de prueba en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, los cuales consideró idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer la circunstanciación fáctica de un hecho considerado como delito por la ley penal, en observancia a lo establecido por el precepto 19 del Pacto Federal que establece que únicamente para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesario que se demuestre que se ha cometido un hecho y que éste sea considerado como delito, así como la probable responsabilidad del implicado en su comisión o participación. Además, conviene reiterar que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, con registro 2007811, que indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." En ese contexto, se estima que la resolución del dos de diciembre de dos mil veinte, emitida en la carpeta judicial C36/2020, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, cumplió con los requisitos de forma y de fondo que exige el artículo 19 constitucional, analizados bajo el estándar probatorio que se rige sólo por el grado de razonabilidad de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía. En ese orden de ideas, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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