Fabian Corona Avila
Expediente 885/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fabian Corona Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos, los escritos presentados vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por -, apoderado de la parte quejosa, por medio de los cuales cumple con la prevención formulada en auto de trece de noviembre en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo que se promueve contra los actos precisados en el libelo constitucional. Dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Fórmense por cuerda separada el original y duplicado de los cuadernos incidentales, de conformidad en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo, el que podrán hacerlo por escrito, y en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Amparo. Se señalan las DOCE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, fecha señalada hasta esa data, en atención a lo establecido por el artículo 16 Decies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, así como la determinación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el punto de acuerdo relativo al periodo vacacional de invierno que será para este órgano jurisdiccional la segunda quincena de diciembre, esto es, del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, periodo en el cual se suspenden los plazos y términos en este Juzgado de Distrito y, por lo mismo, no se deberán señalar audiencias constitucionales. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada, en caso de existir, hasta en tanto obre en autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30, fracción I, de la ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo y en el artículo 23, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, sin perjuicio de que ésta sea relacionada en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacan, veintisiete de noviembre de dos mil veintitres. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número VII-885/2023-1, promovido por -a por conducto de su apoderado -, contra actos de la Presidenta e Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 115, 125, 138 y 151 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los numerales 138 y 140 del referido ordenamiento legal, mediante oficio, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, para lo cual se les envía copia de la demanda de garantías; que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos que se le reclaman; podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance, que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente; apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto atribuido; y además, en su caso, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción I, de la norma legal en cita. Por tanto, para la celebración de la audiencia incidental se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las documentales que adjunta a su demanda y que obran en el juicio del que derivan el presente cuaderno incidental de las que se ordena agregar copia, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el acto de audiencia incidental. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: La iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. Así como la a discusión, votación y aprobación del Decreto número cuatrocientos cinco, relativo a la Ley de Movilidad; la expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Ahora, de la lectura íntegra de las demandas de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de: ".que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique al quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. Así como, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado y evitar que se expida su reglamento, la creación del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, la conformación e instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, la creación del Sistema Estatal de Información Territorial y Urbanismo, el cobro de pagos de acuerdo a la Ley impugnada y los lineamientos para generar los contenidos de los exámenes de valoración integral teórico y práctico, de conocimientos y habilidades para la expedición de licencias y permisos de conducir. (.)." Para lo cual, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es: I) que el quejoso la haya solicitado expresamente; II) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; III) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; IV) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión aunque sea acreditado indiciariamente; y V) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.), y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 20133". Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de las demandas de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adminiculada con las documentales que acompañan; máxime que tratándose de normas reclamadas, su existencia constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En la especie, la quejosa reclama tanto el proceso legislativo del Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo; y, en particular, los numerales 20, fracciones, XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, como normas autoaplicativas; las que por su naturaleza reglamentaria del transporte público en esta Entidad Federativa, resulta improcedente medida cautelar: a) en primer lugar, porque respecto de su emisión, constituye un acto consumado; y, b) respecto de sus efectos y para los alcances solicitados, por existir la posibilidad de causar perjuicio a la sociedad, al pretender impedir la aplicación de una ley que reglamenta, entre otros aspectos, la expedición y permisos para conducir el transporte en el Estado; así como la emisión de las normas reglamentarias que pretenden instrumentarla. Por esa razón, resulta innecesario el análisis del siguiente requisito, esto es, del interés jurídico o legítimo del quejoso. Al respecto, es necesario precisar que del contenido de los artículos 128, 138, 139, 147 y 148 de la Ley de Amparo, se obtiene que para establecer si es procedente o no la suspensión provisional de los actos reclamados se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y no exista afectación al interés social. También es de tomarse en cuenta que, de conformidad con el último artículo citado en el párrafo anterior, cuando se reclame una norma de carácter autoaplicativo, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica. Empero, la posibilidad de paralizar los efectos de normas generales, no se circunscribe a la sola petición de parte, sino que es necesario que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, debiendo considerarse que en general se produce tal afectación cuando se priva a la colectividad de un beneficio que otorga la norma reclamada. Es aplicable al particular, las jurisprudencias siguientes: "Registro digital: 2008231 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/9 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1726 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." "Registro digital: 2009368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.18o.A. J/1 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, página 1824 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará improcedente." Del análisis integral de la demanda de amparo, del escrito de cumplimiento a la prevención, en su caso, así como de los conceptos de violación que formula el quejoso se advierte son encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad formal de la Ley reclamada, así como la material de los numerales 20, fracciones, XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, que estima son los que le afectan. De acuerdo con el artículo 138 de la Ley de la Materia, para proveer sobre la suspensión de los efectos de la norma combatida es necesario realizar un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho afectación al orden público e interés social, del cual resulte en forma evidente que el acto reclamado es notoriamente inconstitucional, y que de paralizar sus efectos, como una medida anticipada de la protección solicitada en el amparo, no se afecta el orden público ni el interés social. Ahora, cuando se está frente a la aplicación de una ley, no basta invocar que por su contenido y observancia es de orden público, pues en ese sentido todas las normas lo son y, por consecuencia, la suspensión, per se, resultaría improcedente; empero, para determinar el alcance de la afectación al orden público, es necesario analizar su contenido normativo. Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 204/2009, la comprobación de la apariencia del buen derecho conduce a anticipar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, al mismo tiempo, debe realizarse un estudio simultáneo con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social; estudio que debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente la notoria inconstitucionalidad invocada, respecto del orden público. Dicho lo anterior, de la ponderación realizada entre la apariencia del buen derecho invocado y los restantes elementos previstos en el numeral 138 de la ley en cita, resulta que debe prevalecer el interés social, para efectos de resolver la suspensión provisional que se solicita. Esto, ya que en principio no es posible vislumbrar en forma notoria los vicios de inconstitucionalidad aducidos en los conceptos de violación e invocarlos en forma anticipada para efectos de conceder la suspensión bajo la apariencia del buen derecho, en virtud de que esta figura requiere un análisis superficial de la constitucionalidad del acto para determinarla; no obstante, en el presente caso, para poder arribar a tal conclusión, esto es, la expedición de la ley reclamada es necesario emprender un análisis profundo, con base en los elementos que también se aportan a los informes que deben rendir las responsables. Dicho de otra forma, en este caso no es posible anticipar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, a partir del conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad del derecho discutido. Pues ello, en su caso, amerita un análisis de fondo que, como ya se dijo, corresponde a la sentencia constitucional. Más aún que las normas reclamadas gozan de una presunción de constitucionalidad. En cambio, de paralizar la aplicación de la norma reclamada para los efectos solicitados, se afectaría el interés social, dado que el ordenamiento reclamado tiene su origen en el "derecho de la movilidad", contemplado en el artículo 4° de la Constitución Federal, el cual señala: "Artículo 4°. (...) Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad. (.)" Derecho que tiene toda persona a efecto de trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, a fin de contribuir al ejercicio de la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. El objetivo de la Ley, al menos de acuerdo a lo ahí previsto, es regular de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte y los sistemas de movilidad, es decir, garantizando este derecho a todas las personas en Michoacán. Así como establecer las competencias y acciones que llevarán a cabo tanto los gobiernos municipales como el del Estado, donde se establezcan parámetros mínimos que deben contener la infraestructura y mobiliario urbano, para permitir la accesibilidad, eficacia y sobre todo la seguridad vial. En las disposiciones reclamadas, se prevé, de forma general, la obligación de pagar el refrendo de la concesión; sujetarse a las tarifas y horarios; regular la prestación del servicio de transporte público en ciertas condiciones, vehículos y tarifas previamente aprobadas; fijar las modalidades del transporte especializado; a través de la expedición del permiso emitido por el nuevo Instituto del Transporte; regular las obligaciones de las sociedades mercantiles que prestan el servicio mediante plataformas electrónicas; la vigencia y obligación de pago de los permisos para prestar el servicio de transporte; la obligación de pedir la constancia de inscripción de gravamen; así como de contar con póliza de seguro con cobertura amplia; la posibilidad del Instituto de concesionar el servicio y su vigencia. Luego, la Ley y las disposiciones que en este juicio reclama tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, por lo que la sociedad está directamente interesada en que el servicio de transporte público se encuentre debidamente regulado a fin de que se les brinde un servicio seguro. Máxime que de conformidad con los artículos primero, séptimo, décimo, décimo quinto y décimo sexto transitorios, si bien la ley entró en vigor el mismo día de su publicación; empero, para la instrumentación de la ley reclamada; se disponen previamente la creación de diversos organismos y la instrumentación legal de ellas. En tal virtud, debe negarse la suspensión provisional al quejoso, en virtud de que de lo expresado en sus demandas no es dable advertir de una primera aproximación superficial, que los numerales que reclama sean inconstitucionales; y de concederse la medida suspensiva en el sentido de que no se le aplique la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, y en particular los artículos 20, fracciones, XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298, se privaría a la colectividad del beneficio que conlleva la regulación normativa sobre la movilidad y seguridad vial, ya que la sociedad está interesada en la aplicación de dichas disposiciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". Por tanto, de conformidad con los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional peticionada; lo anterior hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Se citan como apoyo a lo expuesto las tesis siguientes: "Registro digital: 2023383 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XVII.2o.P.A. J/1 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2277 GUSTAVO ALLFADIR BALANZA KIDNIE Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENTRE OTRAS, LAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA O DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA SU APLICACIÓN. Las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial local el 21 de marzo de 2020, en cuanto sujetan la continuación de la operación, entre otras, de las concesiones para prestar los servicios de autotransporte federal de carga o de transporte colectivo urbano de pasajeros, al cumplimiento de los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstas en dicho ordenamiento y otorgan para ello un plazo que no exceda de doce meses, contados a partir de su entrada en vigor -al día siguiente de su publicación oficial-, conforme al artículo quinto transitorio del decreto correspondiente, son de orden público e interés social, pues tienen como finalidad establecer las bases, normas y principios para regular la operación, planeación, programación, proyección, implementación, gestión, control y vigilancia de la prestación de los servicios de transporte de personas, así como el uso, aprovechamiento y explotación de las vías de comunicación e infraestructura de la entidad federativa, además de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbana correspondiente. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional contra su aplicación, al no satisfacerse el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que de la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a quienes se les otorgó una concesión para prestar dicho servicio y el interés social inmerso en las disposiciones que lo limitan o restringen, en términos del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que debe privilegiarse, por encima del interés particular, el bien común, derivado de la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos." "Registro digital: 2016207 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: III.5o.A.50 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1568 Tipo: Aislada TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE ASIGNAR Y SUSCRIBIR LOS RELATIVOS A LAS RUTAS TRONCALES O COMPLEMENTARIAS, RESPECTO DE LAS CUALES LOS QUEJOSOS TENGAN CELEBRADOS CONTRATOS DE SUBROGACIÓN A SU NOMBRE. Conforme al punto primero de la Declaratoria de necesidad del sistema integrado de transporte público del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, publicada en el Periódico Oficial local el 5 de noviembre de 2016, se declaró como causa de utilidad pública e interés general la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en sus diversas modalidades, lo cual obedece a que la sociedad está interesada en que éste se preste en condiciones óptimas que dignifiquen a los usuarios y propicien el uso del transporte colectivo, en lugar del personal. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión en el amparo para que las autoridades responsables se abstengan de asignar y suscribir los títulos de concesión de las rutas troncales o complementarias, respecto de las cuales los quejosos tengan celebrados contratos de subrogación a su nombre, toda vez que, de hacerlo, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues ello impediría que la colectividad obtenga un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad, con la búsqueda del objetivo sectorial de contar con alternativas de transporte público masivo y colectivo, que sea calificado, fiable y eficaz, a fin de optimizar los costos, tiempos de traslado, seguridad y comodidad de los usuarios." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, en términos del precepto 28 fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que están obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan; en el entendido que desde el momento de su recepción, las notificaciones surten sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado, hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y en su caso, si se niegan a firmar o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe deberá hacerlo por una solo vía; es decir, si lo rinde VÍA FAX o TELEGRAMA, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan, servido de sustento para la emisión del acto reclamado); y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y para el caso de que la autoridad responsable lo considere conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad mencionada en primer término, por medio del cual según constancia secretarial de cuenta, se advierte queal oficio ********************, signado por el Tribunal de Alzada, acompaña el original del juicio de amparo ********************sin embargo, no adjunto la ejecutoria pronunciada el nueve de noviembre en curso, dentro de la queja administrativa ********************lo que igualmente se corrobora con lo asentado en el sello de recibido de la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; en tal virtud, para mayor certeza jurídica del sentido en que se resolvió la misma, se ordena imprimirla, para ser glosada a los presentes autos, en donde la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja.". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguese únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, para evitar duplicidad de las mismas Ahora bien, a efecto de estar en condiciones de tener por cumplido los requisitos que establece el numeral 108 de la Ley de Amparo, y estar en condiciones de admitir la demanda de garantías conforme a derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la ley de la materia, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, señale lo siguiente: En qué supuesto de todos los contemplados en el artículo 248 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra; Informe a qué ruta pertenece Informe cuándo le fue otorgada la concesión y si ésta fue renovada; y, Manifieste si actualmente está prestando el servicio público de transporte (activo), o si las placas están depositadas en la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. Lo anterior, tomando en consideración que los antecedente de los actos reclamados los narra de manera general, y no respecto del supuesto en el que se encuentra la aquí quejosa, y de conformidad con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, debe narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Precisiones que son necesarias a fin de estar en condiciones de proveer lo relativo con la procedencia o improcedencia de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En la inteligencia que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se formula, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad mencionada en primer término, por medio del cual acusa recibo e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído dictado el once de julio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 236/2023 de su índice. Notifíquese.
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