Fabian Augusto Sulub Ortiz
Expediente 881/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fabian Augusto Sulub Ortiz
- Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se aprecia que el presente juicio de amparo fue remitido al archivo con motivo de que causó ejecutoria la sentencia aquí dictada; sin embargo, obra en la Secretaría un legajo de copias remitidas por la responsable con su informe justificado. Por tanto, en virtud a que no son necesarias, devuélvanse a la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario que acuse recibo de éstas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita copia de la sentencia dictada en autos y de la providencia por la que causa ejecutoria ésta, pues aduce que no obran agregados en la causa penal 49/2017, de su índice. Ahora bien, al margen de que dichas determinaciones fueron notificadas a la responsable oficiante el diez y treinta de marzo de dos mil veintiuno mediante oficios 5421/2021-III-A y 7096/2021, al no existir impedimento legal alguno para ello, remítase a dicha autoridad copia certificada de las mencionadas determinaciones, así como de los oficios por los que se les notifican. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se NEGÓ la protección de la justicia federal en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que ya no hay razón para que continúe en este juzgado, el anexo enviado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en un legajo de copias certificadas de la causa penal ********************, devuélvase el anexo de referencia; sin que sea el caso solicitarle el acuse de recibo, por tratarse de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse la protección de la Justicia Federal que solicita. Primeramente, resulta pertinente traer a la luz el contenido del artículo Quinto Transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que señala: "Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código" Conforme a la disposición transitoria transcrita, en relación con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado puede solicitar al órgano jurisdiccional competente (juez de la causa) la revisión de dichas medidas, conforme al procedimiento establecido en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando que en caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código nacional. Asimismo, el artículo Quinto transitorio, ya reproducido, contiene un conjunto de reglas de actuación dirigida a los jueces del sistema tradicional, para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de revisar las medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva, decretadas conforme a las normas constitucionales y procesales aplicables a los procedimientos iniciados antes de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. Resulta importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.74/2017 (10a), visible en la página 453, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Materias: Constitucional, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015309, determinó, lo siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." En dicha ejecutoria, se determinó que los inculpados o procesados en el sistema penal mixto pueden solicitar la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica que el órgano jurisdiccional aplique las reglas relativas a la revisión de medidas cautelares contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional. Ello es así, en razón de que dicho artículo transitorio permite la prevalencia del derecho humano de presunción de inocencia, del principio de mínima intervención del derecho penal, así como de la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la regla del sistema mixto que deriva de la calificación normativa de la gravedad del delito. Privilegia el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de detención en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal. Lo anterior, en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare fundada en todos los casos la solicitud de sustitución, modificación o cese; sino que está sujeta a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, como a la evaluación de riesgo que representa el imputado o inculpado, así como el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. De ahí que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estricto respeto al principio de contradicción, consideró que al juez del proceso sólo le corresponde decidir sobre el destino de la petición con base en la evaluación de riesgo y en lo que las partes aporten en la audiencia correspondiente. Asimismo, se insiste, la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado, sino la aplicación de las normas del nuevo sistema penal atinentes a la revisión de medidas cautelares, resolviendo así una evidente situación de desigualdad provocada por la condición transitoria entre sistemas procesales. Bajo ese contexto, el aquí quejoso solicitó a la juez responsable la revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, a la luz de las reglas contenidas en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, conforme las reglas y principios que imperan en el nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio y, en su caso, la sustituyera por una de las contempladas en la legislación adjetiva nacional citada o cesara la medida cautelar referida. En el caso, como motivos de inconformidad el quejoso, en esencia aduce que la responsable vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales de igualdad, libertad personal, seguridad jurídica, así como los principios pro persona y de inocencia, previstos en los artículos 1o, 14 y 20 apartado B, fracción I, de la Constitución Federal y 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ya que al declarar improcedente el incidente no especificado relativo a la revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, se traduce en la imposición anticipada de la pena de prisión, no obstante que uno de los cimientos del proceso penal, es el principio de presunción de inocencia, sobre el cual no se pronunció la juez del conocimiento, ya que únicamente se limitó a negar la modificación basándose en el domicilio que tenía antes de que se le privara de su libertad. De igual manera alega que otra circunstancia por la que se le negó la modificación, se debió a la evaluación de riesgo que se elaboró, en la que se hizo constar que estaba sujeto a proceso por delitos contra la salud en Solidaridad, Quintana Roo, respecto de lo cual, la representación social fue omisa en exponer en la audiencia relativa. Asimismo, expone que la Juez responsable inobservó el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla los tipos de medidas cautelares, como sugirió la representación social en caso de proceder a la sustitución de la prisión preventiva, pues considera que la medida cautelar de prisión preventiva, debe ser la última ratio. Los conceptos de violación, como se dijo, devienen infundados, por lo siguiente. Los artículos 161 al 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." "Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar." De dicha transcripción se desprende que el Juez podrá revocar, sustituir o modificar las medidas cautelares impuestas al imputado cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. Por tanto, las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para lograr tal revocación, sustitución o modificación de medidas cautelares. De las constancias de autos, se advierte que en la causa penal de origen ********************, por resolución de veintitrés de marzo de dos mil veinte, se decretó en contra del aquí quejoso, auto de formal prisión, como probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto en el artículo 220 del Código Penal del Estado, querellado por ********************. Así, en el desahogo de la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo con la presencia de la Agente del Ministerio Pública adscrita; de la defensora pública de la adscripción; del procesado y de la Coordinadora del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. En dicha audiencia, la Coordinadora del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, ratificó el contenido del informe de evaluación de riesgo realizado en la persona del procesado aquí quejoso, SSP/CEMC/COE/ST/06/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte. Por su parte, la defensa solicitó la sustitución de la medida cautelar, pidiendo se tomara en cuenta que el delito por el cual se encuentra privado de su libertad y por el que está siendo procesado, no se encuentra catalogado como grave por el artículo 13 del Código Penal del Estado; que no ha sido sentenciado anteriormente por la comisión de delito doloso; la voluntad del procesado de someterse a cualquier otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva; así como los principios de idoneidad y proporcionalidad contemplados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se exhibió: 1. Carta compromiso de oferta laboral, suscrito por ********************, de fecha seis de julio de dos mil veinte, en el que expresa su compromiso de contratar al inculpado, como conductor de servicio de transporte particular. 2. Constancia suscrita por ********************, en la que proporciona el domicilio en el cual habitará el inculpado, aquí quejoso, en caso de que se le sustituya la medida cautelar a la que se encuentra sujeto. 3. Copia simple de un comprobante de recibo de luz, respecto del predio ubicado en esta ciudad, donde habitará el quejoso. 4. Comparecencia de ********************, a fin de ratificar el contenido de las documentales precisadas en los puntos 1 y 2. Por otro lado, al hacer uso de la voz la Agente del Ministerio Público adscrita, expuso: que la privación de la libertad del quejoso es porque se encuentra sujeto a un proceso penal por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y que no procede imponerle una medida cautelar diversa, porque el delito que se le imputa es merecedor de pena privativa de libertad, y no puede combinarse con alguna otra, en términos de lo previsto en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que ninguna de las medidas serían suficientes para cumplir con las finalidades establecidas en el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en asegurar su presencia en el proceso, garantizar la seguridad de las víctimas y evitar la obstaculización del proceso. Lo anterior, al considerar que del informe de evaluación de riesgo se consideró que la necesidad y nivel de cautela del procesado es alto, por lo que se debe tomar en cuenta el estado de necesidad en que quedaron los menores al dejar de proporcionar el quejoso, las cantidades necesarias para su subsistencia, como son los alimentos, de ahí que se debe garantizar el bienestar de los menores, protegido además por el artículo 4o constitucional. Asimismo, agregó que no existe excepción alguna para que se le otorgue otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva, dado que el procesado no padece alguna enfermedad crónica o terminal; ni de los diversos medios de prueba que ofreció, se advierte que han variado las condiciones que justifican la prisión preventiva, conforme lo establecido en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacando que hasta ese momento no ha variado el monto de la reparación del daño, tampoco el máximo de las penas a imponer y muchos menos las circunstancias del hecho delictivo. Por último, señaló que en caso de considerar procedente la sustitución de la medida cautelar se le impongan los tipos previstos en las fracciones I, II, III, V y XII, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, escuchadas las partes en la audiencia de revisión de medidas cautelares, la autoridad responsable mediante resolución de diez de septiembre de dos mil veinte, estimó declarar improcedente dicha solicitud conforme a las consideraciones siguientes: Que tanto el procesado como su defensa, no aportaron pruebas aptas que demuestren que en el caso de que se le concediera al procesado alguna de las medidas cautelares distintas de la medida de prisión preventiva a la que se encuentra sujeto, se garantice su presencia en el procedimiento. Lo que se demuestra con el informe de evaluación de riesgo que se le practicó, suscrito por la Coordinadora del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares de la Suspensión Condicional del Proceso, del que se advierte el riesgo procesal de su posible sustracción de la acción de la justicia, debido a que cuenta con familia fuera del Estado de Yucatán y desde los últimos cinco años reside en el Estado de Quintana Roo, donde se encuentra su domicilio habitual y su empleo, sin pasar desapercibido que su estadía en esta entidad es por un mandamiento del fuero común y no por su voluntad. Por lo que atendiendo a la naturaleza del delito que se le imputa, la gravedad del mismo y de acuerdo a los registros previos que obran en el sistema de plataforma México, se advierte el riesgo de que abandone el Estado, considerándolo así un riesgo procesal y de cautela alto; y con las manifestaciones efectuadas por la Agente del Ministerio Público de la adscripción. Por lo que consideró que efectivamente existe el riesgo de cautela alto que representa dicho procesado, para su comparecencia dentro del proceso que se le instruye; pues las circunstancias expuestas, permiten inferir que representa un riesgo de fuga del Estado, con la finalidad de evadir sus obligaciones procesales. Lo anterior, no obstante que en el referido informe se hizo constar que al entrevistar a la hermana del procesado ********************, ésta dijo que en caso de concedérsele alguna de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, aquél habitaría en su domicilio en esta ciudad y que trabajaría en la plataforma "uber" como chofer particular contratado por su sobrino ********************; pues en el informe se destacó que para que el procesado pudiera laborar en dicha plataforma, tendría que tener su licencia de conducir vigente en el Estado, entre otros documentos, el cual no fue exhibido. También consideró que los documentos ofrecidos como prueba, no demuestran ni garantizan en forma plena, la presencia o comparecencia futura del referido procesado, pues de acuerdo a su naturaleza privada, pueden ser ofrecidos por cualquier persona, en este caso, suscritos por el sobrino del procesado, que al tener lazos de parentesco, lo hizo con la finalidad de ayudarlo para que obtuviera su libertad; de ahí que al no haber exhibido la defensa documentos idóneos que demuestren que el procesado sea propietario de un vehículo que se encuentre registrado en la plataforma "uber, carecen de valor probatorio para demostrar que el procesado estaría sometido en esta ciudad, trabajando como chofer particular. Igualmente destacó, que al estar sujeto a proceso por delitos contra la salud en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, como se advierte del informe de evaluación de riesgo, es un indicio que permite deducir el peligro de sustracción del imputado, como señala el artículo 168, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, precisó la juez del conocimiento que imponerle una medida cautelar diferente sin tomar en cuenta la cuantía de la reparación de daño, se traduce también en el peligro de sustracción del imputado para evadir su obligación procesal, toda vez que no se acreditó en forma plena que el procesado se someta al arraigo en esta ciudad, en caso de que se sustituyera la medida cautelar, pues aun cuando señaló que habitaría en el domicilio de su hermana, sin embargo, ante los argumentos que se expusieron, no garantizan en forma plena que cumpla con su obligación posterior, de comparecer ante el juzgado para la continuación del proceso, ya que reiteró, que no demostró en forma convincente, de qué manera obtendría una fuente de ingresos que le permita arraigarse en esta ciudad, máxime que en el Estado de Quintana Roo, no tenía un domicilio fijo, pues en el informe de evaluación se asentó que vivía en un predio de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, en calidad de arrendatario. Consideraciones que se estiman ajustadas a derecho, en términos del 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece los parámetros que debe tomar en cuenta el Juez a efecto de imponer la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, como medida para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, los cuales no han variado. Tal numeral dispone: "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." Peligro de sustracción del imputado que conforme a las consideraciones hechas por la responsable se encuentra justificado, pues no se acreditó que hubieran variado las condiciones objetivas por las cuales se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al no demostrarse de manera suficiente el arraigo laboral y de domicilio del imputado. Inclusive, se actualizó el supuesto de presunción de riesgo de fuga al advertir la responsable que el procesado cuenta con familia fuera de esta entidad y desde los últimos cinco años reside en el Estado de Quintana Roo, donde está su domicilio habitual y su empleo. Que no exhibió documentos idóneos para acreditar la propiedad de un vehículo que se encuentre registrado en la plataforma "uber, en la cual pretende laboral y que cuenta con licencia de conducir vigente en el Estado. Que se encuentra sujeto a proceso por delitos contra la salud en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Que en ese Estado, no tenía un domicilio fijo, ya que habitaba en un predio en calidad de arrendatario en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Y es que, conforme lo consideró la responsable, el arraigo del quejoso en el lugar donde se va a seguir el procedimiento penal en su contra, no sólo se constriñe a la circunstancia de acreditar la existencia de un domicilio cierto y ubicable, sino a la existencia de vínculos laborales, familiares e inclusive de posesiones, que generan la imposibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia o que no se presente ante la autoridad judicial a efecto de que se siga el proceso iniciado en su contra. Así de los elementos probatorios aportados por el quejoso, se advierte que si bien con estos se acredita cierto vínculo familiar y la existencia del domicilio donde habitaría, no se demuestra de manera fehaciente, la existencia de un trabajo estable, inclusive no se acreditó la existencia de que tuviera trabajo en esta ciudad, sino en el Estado de Quintana Roo. Por tanto, contrario a lo afirmado por el quejoso, las condiciones objetivas por virtud de las cuales se impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria no han variado, sino que con los argumentos y constancias se advierte una presunción de riesgo de fuga. Además, debe desestimarse el concepto de violación del quejoso, en donde afirma que lo resuelto por la Juez vulnera su derecho a la libertad personal, pues no ha cometido delito alguno que merezca prisión oficiosa, es decir, considera que la medida no es proporcional. En efecto, si bien es verdad, que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa como sigue: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados; II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." Por su parte, el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." Ahora bien, en lo que aquí interesa, el primer párrafo del artículo 156, impone el deber al juez de tomar en consideración los argumentos que le propongan las partes, así como la justificación del representante social. En ese entendido, es dable sostener que basta imponerse de la lectura de la audiencia de revisión de la medida cautelar, para advertir que fueron apreciados los argumentos de la defensa, del procesado y del Ministerio Público, e inclusive, de la Coordinadora del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. Ya que ratificó el contenido del informe de evaluación de riesgo que elaboró, a partir de los cuales se declaró infundada la solicitud de la revisión de la medida cautelar, al estimarse que no se había acreditado de manera fehaciente el arraigo laboral y de domicilio del procesado, además, de que se había acreditado la presunción de riesgo de fuga ante los elementos expuestos y pruebas exhibidas. De modo tal, que contrario a lo afirmado por el quejoso para considerar proporcional y necesaria la subsistencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, se ponderaron los argumentos que fueron expuestos para sostener de manera objetiva que las condiciones para su imposición no habían variado, pues se estimó que los elementos de prueba no eran suficientes para acreditar el arraigo laboral y de domicilio del quejoso. Es decir, asegurar su presencia en el procedimiento, pues finalmente ese es el objetivo de la medida, precisamente por no encontrarse asegurada fehacientemente con los datos de prueba, la permanencia habitual del quejoso en determinada área geográfica lo que eleva el rango de posibilidad de que se sustraiga de la justicia para la continuación del proceso penal. Inclusive, como ya se ha dicho, se actualizó la presunción de riesgo de fuga ante la circunstancia de que tiene pendiente un proceso por un delito contra la salud en el Estado de Quintana Roo. Respecto de lo cual, por cierto, no resulta favorable a las pretensiones del quejoso, lo expuesto como concepto de violación, en el sentido de que la Agente del Ministerio Público omitió hacer patente dicho dato en la audiencia relativa, lo que considera se traduce en el actuar parcial por parte de la Juzgadora responsable. Lo que es inexacto, ya que contrario a lo estimado, si bien la agente del Ministerio Público no hizo patente ese dato; lo cierto es, que ello no significa que exista parcialidad por parte de la Juez responsable, ya que ese dato se obtuvo del informe de evaluación de riesgo elaborado, ratificado por la Coordinadora del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, el cual por disposición de la ley, la Juez estaba facultada legalmente para tomarlo en cuenta. De ahí que la juez se apegó a las disposiciones normativas, particularmente, lo dispuesto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le impone el deber de tomar en consideración los argumentos que le propongan las partes, así como la justificación del representante social, lo que así hizo. En ese entendido, resulta que tal como lo apreció la responsable, los datos de prueba ningún resultado positivo arrojan a favor del quejoso para tener por demostrado el arraigo en lugar determinado, al margen de que se encuentre en otra Entidad Federativa, pues lo que tiene que demostrarse es precisamente la permanencia en cierto lugar geográfico, así como la vinculación con personas o bien cosas, lo que en la especie, nunca sucedió, pues no se acreditó un arraigo laboral y tampoco domiciliar, el cual inclusive fue variado. Es menester reiterar que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, cuya finalidad fundamental es garantizar la presencia del imputado en el proceso, aun cuando también pretende evitar afectaciones en el desarrollo de la investigación, siendo una medida cautelar de "última ratio". Lo cual se reconoce en el artículo 19 Constitucional, pues en dicho dispositivo se establece que el Ministerio Público puede solicitarla cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado; el desarrollo de la investigación; la protección a las víctimas, los testigos o la comunidad; así como en los casos en que exista otro proceso o sentencia firme por delito doloso. De esta manera, al tomar en cuenta la intervención mínima del derecho penal y la menor lesión o afectación de derechos fundamentales la prisión preventiva se justifica, pues su finalidad instrumental es la realización exitosa del desarrollo del proceso penal, y su objeto es asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal, razón por la cual la prisión preventiva no tiene como finalidad garantizar la ejecución de futura condena, sino la aplicación de esta medida resulta ineludible para garantizar el debido proceso. En este orden de ideas, tampoco se desatiende que la prisión preventiva es un acto procesal que afecta derechos fundamentales y por ello debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial; de ahí que, la limitación a la intervención estatal deriva de la propia Carta Magna y los Tratados Internacionales, en los que se determina que la lesión o limitaciones de derecho en materia penal deben ser excepcionales y de aplicación restrictiva y sólo deben operar cuando otras formas de intervención no resulten eficaces. Por tanto, cualquier restricción a los derechos y libertades fundamentales desde un punto de vista formal debe contenerse en una previsión legal de carácter general adaptada con anterioridad a los hechos, en tanto que desde el punto de vista material la restricción a los derechos humanos, debe buscar un fin legítimo derivado del bien común y el interés de la comunidad en el marco del Estado del derecho. De esta suerte, por lo que hace a la imposición de las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal el legislador cumple con la excepcionalidad de la prisión preventiva, que también deriva del principio de presunción de inocencia y del de proporcionalidad en la restricción de derechos y debe ser impuesta siempre bajo un estricto control judicial al atender a las circunstancias del caso concreto que establezcan la necesidad de su imposición. Con lo cual, tampoco se pasó por alto que la Corte Interamericana ha establecido que la regla general debe ser la "libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal". Por consiguiente, la imposición de la prisión preventiva no es violatoria del principio de presunción de inocencia, pues de considerarlo así cualquier otro tratamiento de los aludidos en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituiría la anticipación de la pena sin haberse determinado responsabilidad, ello con independencia de que se trate de la exhibición de una garantía, el embargo de un bien, éstas de una u otra manera afectan el patrimonio del imputado, lo cual técnicamente sería violatorio del citado principio de presunción de inocencia y no se diga de aquellas medidas cautelares que de una u otra forma restringen o limitan la libertad deambulatoria de la persona. Entonces es dable concluir que la prisión preventiva decretada se estima ajustada a derecho en términos de las consideraciones hechas por la responsable. No obstante, ello no se desconoce que la prisión preventiva como medida cautelar y no punitiva, para su imposición no basta su establecimiento formal en la ley para que sea garante de derechos humanos, sino que requiere que el órgano jurisdiccional realice un juicio de proporcionalidad entre ella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Esto en concordancia con la Convención Americana que dispone que las medidas cautelares que restringen la libertad personal deben ser: a) Excepcionales y no ordinarias, rutinarias o sistemáticas; b) Justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confiere legitimidad y racionalidad; c) Acordadas por autoridad jurisdiccional, independiente, imparcial y competente que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y fundamentos en que se apoye el mandamiento; d) Indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ella se pretende; e) Proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) Limitadas tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) Revisables periódicamente por mandato de la ley y por instancia de parte; y, h) Revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, al tomar en cuenta sus características o cuando hayan desaparecido de manera objetiva las condiciones que dieron lugar a su origen. A lo anterior, se suma que su imposición debe atender a las circunstancias particulares del caso, que requiere el conocimiento tanto de los hechos como del imputado, pues, la decisión de someter a prisión preventiva a una persona debe surgir del contacto del juzgador con el caso concreto, lo cual aconteció en la especie. Por esas razones, se concluye que la determinación, que declara infundada la revisión de tal medida, no vulnera el principio de presunción de inocencia en su regla de trato procesal, pues se ajustó a los fines legítimos previstos en la Carta Magna y en la ley secundaria aplicable; disposiciones establecidas con antelación a los hechos que dieron origen a la misma. Además, el principio de presunción de inocencia, no tiene el alcance de hacer procedente lo improcedente o darle siempre la razón al imputado, sino el que se cumplan los principios establecidos en las leyes secundarias. Así, se sigue, que si bien la medida cautelar cuya subsistencia se decretó, afecta o restringe bienes jurídicos de primer orden, para determinar su constitucionalidad es menester someterla a un test de proporcionalidad, con sus tres derivaciones en los sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (156 y 157 del Código adjetivo en consulta). Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada". En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y no existiendo queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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