Fabián Alberto Zamora Morales

Expediente 1009/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1009/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Fabián Alberto Zamora Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés (foja 11 a 22), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con base en lo establecido por el numeral 214 de la Ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. 1. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que desechó la demanda; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior, procédase a la destrucción de este expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 del acuerdo en comento. En virtud que el quejoso ***se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que le notifique personalmente el presente proveído. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su Defensor Público Federal.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, la notificación personal de quince de agosto del año en curso, practicada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, al Defensor Público Federal ***, en la que manifestó que acepta y protesta el cargo de defensor del quejoso ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase a *** como autorizado en términos amplios del quejoso ***. Dese vista al defensor aludido con las constancias que integran el juicio, para que proporcione a su representado, la asesoría adecuada. Asimismo, se hace del conocimiento del citado defensor público federal que, con tal carácter, y para cumplir con el derecho a una defensa adecuada, tiene obligación de orientar y asesorar a su representado en todos los actos del juicio y en especial, los que impliquen requerimientos, por lo que, el citado abogado, deberá justificar a este órgano jurisdiccional dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la notificación de la presente determinación, que mantuvo comunicación con el impetrante, para asesorarlo. Por otra parte, hágase del conocimiento del inconforme que, atendiendo a lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra garantizado en el presente juicio; para tal efecto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido el referido quejoso, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, no obstante que la referida población, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, a efecto de: a) Notificarle el contenido íntegro del presente proveído; y, b) Previa razón que levante, proporcione al quejoso copia certificada del acuerdo de referencia, para que surta los efectos legales conducentes. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx Notifíquese; y, personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentran pendientes de resolver por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los recursos de queja interpuestos contra el auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés *******, por la 1Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del Subdirector de Amparos, en calidad de representante legal, residente en Ciudad de México ****, y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del 2Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México ***. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, María Margarita Domínguez Vásquez, quien certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, en contra de las siguientes autoridades responsables: (...) De quienes reclama lo siguiente (se transcribe): "4. Actos reclamados De las autoridades mencionadas como responsables reclamó la incomunicación, consistente en no permitir realizar las llamadas telefónicas (02) que tengo derecho cada 08 días fin de entablar comunicación con mi abogado, familia y amistades. Así mismo como el posible acto de segregación, trato cruel e inhumano que se pretende ejecutar en mi contra". ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1009/2023-I-B. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: Incomunicación por no permitir al quejoso realizar llamadas telefónicas, y la posible segregación, trato cruel e inhumano, que se pretende ejecutar en su contra. La anterior fijación de los actos, se realiza conforme al análisis integral de la demanda de amparo. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...).". DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64. Registro: 210751, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". (...)." Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que Fabián Alberto Zamora Morales, reclama la incomunicación por no permitirle realizar llamadas telefónicas, y la posible segregación, trato cruel e inhumano, que se pretende ejecutar en su contra en caso de insistir en entablar comunicación con su defensor; sin embargo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En el precepto legal transcrito se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la citada legislación penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, debe destacarse que el quejoso hace consistir el acto de que se duele en que no se le permite realizar llamadas telefónicas, y refiere que ello constituye una incomunicación; asimismo, señaló, que probablemente se le vaya a segregar, y a dar un trato cruel e inhumano; lo cual invariablemente se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales desde luego, se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. A continuación, resulta conveniente traer a colación, lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, su arábigo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad. Del contenido de dichos ordinales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, peticiones o quejas por escrito, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación, y apelación, previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, el impetrante hace consistir la incomunicación en que no se le permite realizar llamadas telefónicas, en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso. Lo anterior sin perjuicio, que el impetrante señale en su escrito de demanda, que se transgrede el artículo 22 de la Constitución General de la República, no obstante, la negativa de permitirle realizar llamadas telefónicas, no constituye alguno de los actos a que se refiere el precepto señalado; por lo que hace a la posible segregación, trato cruel e inhumano, que señala el quejoso que se pretende ejecutar en su contra; cabe decir que, estos no se han producido, y tampoco son de inminente realización. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las relativas a condiciones de internamiento; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 230, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2018548, de texto y rubro siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (...)". Asimismo, ilustra la tesis I.6o.P.133 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645. Registro: 2018918, que a la letra dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. (...)." En ese orden, en la especie no se aprecia que la parte quejosa haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en el dispositivo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, contra el acto reclamado consistente en la incomunicación por no permitirle realizar llamadas telefónicas, y la posible segregación, trato cruel e inhumano, que se pretende ejecutar en su contra en caso de insistir en entablar comunicación con su defensor. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR Respecto a la petición del quejoso sobre la designación de defensor de oficio, solicítese al Instituto Federal de Defensoría Pública, les proporcione uno, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; por lo que la interpretación de ese precepto constitucional trasladado a la organización del sistema penitenciario, corresponde velar que los reos, tengan oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVII.J/30P (10a), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, localizable en la página 921, registro digital 2022626, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. COMPETENCIA DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera diferente en relación con la designación que el Juez de Distrito debe llevar a cabo respecto del defensor en el amparo indirecto en materia penal, porque para uno se reconoce al defensor público federal, y si la autoridad responsable es local, el servicio debe prestarlo el Instituto de la Defensoría Pública local, en tanto que para el otro, si la detención del quejoso proviene de autoridad local o federal, el Juez Federal puede requerir a cualquiera de las defensorías públicas federal o local la designación de un defensor y/o asesor jurídico. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que para la designación del defensor del imputado en el procedimiento de amparo indirecto en materia penal, no es opcional para el Juez de Distrito elegir entre la defensoría pública local o federal, debido a que ésta debe fijarse conforme al ámbito competencial de la autoridad responsable, a efecto de garantizar su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", resolvió que respecto de la persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, que promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba ese escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación y en caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, pero no estableció una opción para el Juez de Distrito, sino que el servicio se prestará interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General; de ahí que de acuerdo con la competencia especializada, cuando es de jurisdicción local, compete al Instituto de la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y respecto de la federal, conocerá el Instituto Federal de la Defensoría Pública, designando al defensor público federal, dentro del margen de los artículos 1 y 4 de la Ley Federal de la Defensoría Pública Federal y el 30, fracción IV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, este último vigente hasta el 11 de diciembre de 2019, siempre y cuando tenga el carácter de profesional en derecho." (Énfasis añadido) En ese sentido, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, gírese atento oficio vía correo electrónico a la Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de la presente determinación, previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la ley de la materia, designe persona a fin de que funja como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Fabián Alberto Zamora Morales. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro de reclusión en el que actualmente se encuentra el quejoso. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas, 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y le haga entrega de copia simple de este proveído al quejoso ***, lugar en el que se le notificarán las determinaciones emitidas en el presente expediente, que la suscrita considere de carácter personal, en términos del artículo 26 de la Ley de la Materia Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIONES POR LISTA. Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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