Ezra Alberto Quncle Tinajero
Expediente 820/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ezra Alberto Quncle Tinajero
- Ezra Alberto Quncle Tinajero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de febrero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 820*2021-V, promovido por XXXX. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por XXXX, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio actuando en Materia de Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, del que reclamó: *** El auto dictado en fecha 17 de noviembre de 2021, por cuya virtud niega la reapertura de la investigación en la causa penal 5578*2020 y cita a los intervinientes de manera admonitoria, para celebración de AUDIENCIA INTERMEDIA a las TRECE HORAS DEL JUEVES DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO*** SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número 820*2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados de iniciales XXXX., su asesor jurídico, licenciado XXXX y el agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada de la Mujer y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3*2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La audiencia celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5578/2020, instruida en contra de XXXX, en la que se negó decretar la reapertura de la investigación en términos del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la legislación aplicable al caso concreto es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, señalando fecha y hora para celebrar audiencia intermedia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40*2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele el justiciable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las videograbaciones que contienen las audiencias celebradas el diecisiete de noviembre y el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 5578*2020, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a.*J. 43*2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL XXXX. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del *expediente electrónico*, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital *DVD*, dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable que no se actualiza. El Juez de origen precisó que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, toda vez que la resolución que se reclama pudo ser revocada mediante el recurso de revocación contenido en el artículo 411 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, o bien, a través del diverso 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue la legislación aplicable al momento de resolver la petición del promovente respecto a la reapertura de la investigación. La citada causa de improcedencia es infundada, virtud a que los numerales 411 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua *aplicable al caso concreto* y el 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son similares en cuanto a que el recurso de revocación es procedente en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Con motivo de lo expuesto, debe decirse que en la jurisprudencia 1a.*J. 35*2020 *10a.*, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso, sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. En esta tesitura, la palabra sustanciación, supone la función jurisdiccional para llevar a cabo un proceso en sus etapas; de modo que, desde el punto de vista doctrinal, una determinación resuelta sin sustanciación es aquella que no sigue un procedimiento específico, es decir, que se resuelve sin estar precedida de etapas procesales. Dicho lo anterior, concluyó que, ante un enfoque teleológico normativo, buscando el fin del objeto del medio de impugnación bajo la luz de la voluntad del legislador, es inconcuso que la sustanciación a que refiere la disposición 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado; de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido. De tal modo que, si en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales se propuso en la regulación del recurso de revocación, una revisión de los aspectos legales que pudieran haber sido inobservados o aplicados erróneamente por el juzgador, para producir la anulación del vicio, sin que la decisión del recurso modifique el fondo del asunto, se concluye que dicho medio de impugnación es procedente contra resoluciones que atañen a una cuestión de mero trámite, emitidas sin previamente seguir una tramitación especial. Sin embargo, del informe justificado rendido por la responsable destaca que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público, presentó escrito de acusación en contra del quejoso XXXX, conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; por lo que el quince siguiente, se ordenó correr traslado a las partes, sin embargo, ello se realizó en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia intermedia, la cual se difirió el tres de noviembre siguiente, fijando para tal efecto las catorce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Así, en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la defensa del justiciable peticionó la reapertura de la investigación, a efecto de que la agente del Ministerio Público recabara los medios de prueba solicitados por el imputado; lo cual fue acordado en sentido negativo por el Juzgador del proceso. De este modo, se puede concluir que lo resuelto por el Juez de Control en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, no es una resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación, pues el numeral 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua *aplicable al caso concreto*, establece que hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las hubiera rechazado; de ahí que cuando el Ministerio Público no recabara aquellos medios de prueba ofertados por el imputado, trastoca la litis, afectando la decisión del litigio, e incluso el derecho de defensa del imputado contemplado en el artículo 20, Inciso b*, fracción IV, Constitucional. Finalmente, destaca que el quejoso se encontraba impedido para agotar el recurso a que hace alusión el Juez de Control, pues el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si al momento de resolver la petición de XXXX sobre la reapertura de la investigación, el Juez de Control aplicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que el proceso que se le sigue al justiciable se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ello creo una situación confusa que entorpeció su derecho de defensa, al ser dudosa la procedencia del recurso, que en su caso, podría haber hecho valer. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; *** Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a.*J. 59*99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público, presentó escrito de acusación en contra del quejoso XXXX, conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; por lo que el quince siguiente, se ordenó correr traslado a las partes, sin embargo, ello se realizó en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia intermedia, la cual se difirió el tres de noviembre siguiente, fijando para tal efecto las catorce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 2. En audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la defensa del justiciable peticionó la reapertura de la investigación, a efecto de que la agente del Ministerio Público recabara los medios de prueba solicitados por el imputado; lo cual fue acordado en sentido negativo por el Juzgador del proceso, al determinar que no concurría el requisito de procedencia establecido en el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, al advertir el Juzgador de origen, que la audiencia de diecisiete del citado mes y año, se sustanció acorde a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo lo correcto el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ordenó sanear el error, dejando insubsistente todo lo actuado a partir del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, incluso la fecha fijada para la audiencia intermedia *dos de diciembre de dos mil veintiuno*, y en su lugar señaló las doce horas del diez de diciembre de esa anualidad. 4. En audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se precisó que no era posible desahogar la audiencia intermedia, en virtud de que la agente del Ministerio Público, el asesor jurídico de las víctimas, así como éstas, la defensa y el imputado, peticionaron su diferimiento, toda vez que estaban a la espera de la autorización por parte del superior jerárquico de la Fiscalía para concluir el proceso a través de un procedimiento abreviado; lo que fue acordado en sentido afirmativo por el Juzgado de Control, señalando las doce horas del veinte de enero de dos mil veintidós. Luego, lo acordado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y sus efectos, trascienden ineludiblemente a los actos reclamados en este juicio (lo resuelto en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno*, pues en el proveído en comento se ordenó dejar sin efectos todo lo actuado a partir del quince de octubre de ese año, dentro del proceso penal 5578*2021, incluso la fecha fijada para celebrar audiencia intermedia *dos de diciembre de dos mil veintiuno). Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar los autos reclamados, en virtud de que, si bien siguen existiendo dentro del expediente que se ha mencionado, lo cierto es que ningún efecto podrán surtir, merced a lo resuelto el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que alteró la situación jurídica que entonces regía el proceso penal y que, como se ha dicho, extiende sus efectos a los actos procesales posteriores al proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno; de guisa que los autos impugnados inicialmente ya no tendrán las consecuencias jurídicas que impulsaron a la parte quejosa a promover este juicio constitucional. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por XXXX, por propio derecho, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerando quinto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada XXXX, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional y que el doce de enero del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento de las terceras interesadas de nombre de iniciales ***. y ***.; sin embargo, a efecto de que la parte tercero interesada esté en aptitud de comparecer al presente juicio de amparo en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días. En esas condiciones, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y, para su verificativo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por último, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.kod*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, adjunto al cual la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en atención al requerimiento formulado en autos, remite en sobre cerrado los domicilios en los que pueden ser emplazados los terceros interesados de nombres de iniciales **********. y **********. y de su asesor jurídico, licenciado **********. Atento a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al presente juicio a Antonio Rivera Velarde, en el domicilio proporcionado por la responsable, a saber, calle **********, en esta ciudad, con correo electrónico **********@hotmail.com, y número telefónico (**********) **********, para lo cual, el Actuario Judicial de la adscripción deberá de cerciorarse que efectivamente el tercero interesado de referencia se ubica en dicha dirección, corriéndole traslado con (1) copia de la demanda, (2) auto de admisión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y (3) proveído de diciembre de diciembre del citado año e informándole que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós. Lo cual, también encuentra sustento en lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Finalmente, respecto del emplazamiento de los diversos terceros interesados de nombres de iniciales **********. y **********., provéase lo conducente en cuadernillo de sigilo que se forme para tal efecto. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al tercero interesado Antonio Rivera Velarde. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod*
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