Ezequiel Villavicencio Altamirano
Expediente 1047/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ezequiel Villavicencio Altamirano
- Ezequiel Villavicencio Altamirano y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; mediante el cual hace del conocimiento que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada; por tanto, glósese a los autos del cuaderno de antecedentes derivado del juicio amparo 1047/2016, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ezequiel Villavicencio Altamirano, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1047/2016, y fórmese expediente. Ahora bien, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de Distrito se encuentra prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior se sostiene, dado que en la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia el siguiente (foja 3): "La resolución de fecha 19 de agosto del año 2016, dictada en el Toca Civil número 307/2016, dictada por la autoridad señalada como responsable. Desde luego, que se reclaman los resultado (sic) y considerandos que motivan y sustentan los resolutivos a que me referiré más adelante." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte en lo que interesa lo siguiente (foja 3 énfasis añadido): ". juicio que se radicó bajo el número de expediente número 742/2010-II, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tabares. 2.- Seguida la secuela procesal, las partes en el mes de diciembre del año 2014, ofrecieron sus respectivas pruebas, sin que el Juez de Primera instancia, dictara el auto admisorio de pruebas, por lo que en el juicio de origen se mantuvo inactivo por más de un año, sin que ninguna de las partes demostrara interés en impulsar el procedimiento durante ese lapso. Fue así que mediante escrito de fecha 17 de marzo del año 2016, el C.CLAUDIO CASTRO MARIANO, abogado patrono del suscrito, solicitó la caducidad de la Instancia, sin embargo, el juzgador, a través del acuerdo de fecha 09 de mayo del año 2016, acordó no ha lugar a decretar la caducidad de la instancia en virtud de que aparentemente no se actualizaban los supuestos previstos en el artículo 175 fracción II inciso a), del Código Procesal Civil. 3.- Derivado de lo anterior, el suscrito promoví recurso de apelación en contra del auto de fecha 09 de mayo del año 2016, admitiéndose dicho recurso con el número de toca 307/2016, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, quien emitió su resolución con fecha 19 de agosto del año 2016, dictando los siguientes puntos resolutivos. RESUELVE PRIMERO. Esta Sala Civil es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Se confirma el auto impugnado de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el Expediente número 742/2010-II, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública, promovida por Cristina Díaz Chávez, en contra de Ezequiel Villavicencio Altamirano, así como de María Cristina Villavicencio Díaz Notario Público Número Uno del Distrito Notarial de los Bravo y Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, como Notario Público por Ministerio de Ley, así como los llamados a juicio Cristina Barquín Villavicencio, Ezequiel Villavicencio Díaz y Gerardo Villavicencio Díaz. TERCERO.- Remítase copia debidamente autorizada de la presente resolución al juzgado de origen, en su oportunidad archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. CUARTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase." En ese orden de ideas, de los antecedentes que refiere la parte quejosa respecto de la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se advierte que dicha parte procesal, reclama que se haya confirmado el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 742/2010-II, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública, en el cual el juez de origen acordó no decretar la caducidad de la instancia en el juicio natural, proveído que fue confirmado por la Sala Civil y como consecuencia el juicio de origen puede seguir su curso procesal, siendo esto en aquella ciudad y puerto. En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada no tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ya que el acto reclamado se llevará a cabo dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, dado que el juicio ordinario civil de origen 742/2010-II, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco Guerrero, podrá tener ejecución y continuación del procedimiento natural en esa ciudad. Bajo ese contexto, si la autoridad responsable ejecutora Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en atención a lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la que confirmó el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, podrá continuar el procedimiento de origen en esa ciudad y se entiende que todas y cada una de las consecuencias derivadas del procedimiento tendrán ejecución en esa ciudad de Acapulco Guerrero, por lo anterior en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra esa resolución, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del juicio de origen. Con base a lo expuesto, se utiliza en forma ilustrativa la tesis aislada número IX.2o.19 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la Novena Época, con el registro 178027, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 1400, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la ley de la materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco en turno. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco en turno. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta..." En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal. Aunado a lo anterior es de advertir, que la parte quejosa reclama la resolución que confirmó el auto por el cual no se decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen; actuación, que no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los Tratados internacionales porque solo afecta derechos procesales o adjetivos. Tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis P./J. 1/2016 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en el libro 29, abril de 2016, tomo I, número de registro 2011428, página quince, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Claudio Castro Mariano, Gilberto Campechano Placido y Alfonso Chávez de León, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José Luis Rojas Herrera, Salvador Espinoza Galeana, Jorge Luis Rosas Santos, Félix Rosas Bautista, Mauricio Roque León Fernando Díaz Iturbide, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido.
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