Ezequiel Rodríguez Zagal y Otros.
Expediente 1106/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2018
Partes del expediente
- Ezequiel Rodríguez Zagal y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Magistrados de la Sala Colegiada Regional Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 2. Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1106/2018-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Bajo esas directrices, corresponde verificar si el acto reclamado en la demanda de amparo corresponde o no a una determinación que produce efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte. En ese sentido, de la demanda de amparo se tiene que la parte quejosa combate la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Colegiada Regional Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que ordena la realización de la prueba confesional, por parte del apoderado legal de ***, en el toca civil ***, de su índice. Al respecto, debe decirse que dicha determinación, sólo incide en cuestiones de carácter procesal relacionadas con la admisión de pruebas, como es el caso, que la responsable ordene que se señale fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del apoderado legal de ***, lo cual no tiene ejecución de imposible reparación puesto que no causa a el peticionario de amparo un daño jurídico que no sea reparable, ya que dicha determinación no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino simplemente es declarativa, al haber ordenado el desahogo de dicha probanza. Por tanto, válidamente puede afirmarse que lo reclamado no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, sino que atiende a aspectos adjetivos ya que tienen como objeto dilucidar cuestiones de carácter meramente procesal. En efecto, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno al quejoso en el supuesto de que la sentencia definitiva fuese favorable, pues la violación alegada no trascendería al resultado del fallo, y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar las consecuencias de dicha probanza, en el amparo directo, previo agotamiento de los medios extraordinarios de defensa. ***
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