Ezequiel Rocha Hernández y Otros.
Expediente 108/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2017
Partes del expediente
- Ezequiel Rocha Hernández y Otros.
- 1. Juez Tercero de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial de Querétaro, Querétaro; y,
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente expediente del cual se advierte que no se interpuso el recurso que establece el artículo 97, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes, sin que obste el hecho de que el artículo 356 del Código en cita, se refiera únicamente a las sentencias, en razón de que el auto en cuestión puso fin al presente juicio de garantías; por lo tanto, se equipara a una sentencia. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve*******, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: Juez Tercero de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial de Querétaro, Querétaro; y, Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial de Querétaro, Querétaro. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por los quejosos, consistente en: El simulado e ilegal juicio sumario civil promovido por ***** en contra de ******, y su ejecución. Lo anterior, por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, en el presente asunto los quejosos señalan en esencia como acto reclamado el simulado e ilegal juicio sumario civil promovido por ***** en contra de ******, y su ejecución. Del capítulo de hechos de los actos reclamados se observa sustancialmente lo siguiente: Los quejosos son empleados de la fuente de trabajo denominada ****y se desempeñan como lavadores desde el año 2015. Refieren que el patrón de tal establecimiento, *******, ha simulado diversos procedimientos a fin de despedir a los empleados sin pagar la indemnización correspondiente. En veintiuno de julio de dos mil quince, los patrones simularon el procedimiento administrativo *****, por el cual clausuraron la fuente de trabajo antes referida, sin que los empleados de esa fecha recibieran su liquidación correspondiente; y como consecuencia éstos iniciaron los procedimientos laborales conducentes. Que los quejosos, empleados actuales de la fuente de trabajo que se ha venido mencionando, manifiestan haberse enterado de la existencia del supuesto juicio sumario civil****, promovido por ***** en contra de ******, y el cual reclaman por esta vía biinstancial. Es decir, los quejosos pretenden a través del juicio de amparo asegurar sus prestaciones labores evitando la insolvencia del patrón. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo, establece el procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje, en sus artículos 870 a 891; en los cuales se determina el procedimiento a seguir ante las autoridades en materia de trabajo; por su parte los artículos 857 a 864 de la citada norma establecen: "Artículo 857.- Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda; y II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. Artículo 858.- Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. Artículo 859.- El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado. Artículo 860.- La persona que quebrante el arraigo decretado, será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes: I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia; III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse; y IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento. Artículo 862.- En el caso de la fracción II del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio del Presidente, exista el riesgo de insolvencia. Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta Ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien tenga la representación legal de la misma. Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad. Artículo 864.- Si el demandado constituye depósito u otorga fianza bastante, no se llevará a cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya decretado." La Ley Federal del Trabajo reconoce y regula dos medidas o providencias cautelares en resguardo de los intereses y derechos del demandante, entre ellas, el secuestro provisional de bienes, conocido comúnmente con el nombre de embargo precautorio, cuya finalidad es asegurar ciertos bienes de una persona o de una empresa, para garantizar el cumplimiento de una obligación que, en su caso, imponga al demandado una condena de pago. En ese sentido se garantiza al trabajador, en tanto constituye una medida para evitar que, por maniobras o por insolvencia, el demandado eluda el pago de las obligaciones derivadas de un juicio laboral, esto es, cualesquiera acto o maniobra del demandado que tiendan a disminuir su patrimonio o el valor de sus bienes, o bien, que llegara a gravar éstos. El artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo establece que el secuestro provisional es necesario cuando se compruebe que contra el demandado existen diferentes juicios o reclamaciones, promovidas por terceros, ante autoridades judiciales o administrativas y que, por su cuantía, exista riesgo de insolvencia. Por tanto, no es posible exigir a quien solicite esa medida la demostración de que en esos juicios o reclamaciones se dictó laudo o sentencia condenatoria, pues se le impondría una carga probatoria no prevista en ese precepto. Además, si el secuestro provisional, comúnmente conocido como embargo precautorio, tiene como finalidad asegurar ciertos bienes del demandado, para garantizar el cumplimiento del laudo que, en su caso, le imponga una condena de pago, entonces para decretar la medida basta demostrar la existencia de otros juicios o reclamaciones y el riesgo de insolvencia, cuya ponderación corresponde al Presidente de la Junta, con vista a las circunstancias del caso y al contenido de las demandas en las cuales se establecen las prestaciones reclamadas, determinables, por regla general, mediante operaciones aritméticas. Se considerará necesaria la providencia cuando el solicitante demuestre que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas y que por su cuantía exista riesgo de insolvencia. De acuerdo con lo establecido por el artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo se considerará necesario el secuestro provisional cuando: a) El solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas. b) Que esos juicios o reclamaciones sean promovidos por terceros en contra del demandado. c) Que por la cuantía de esos juicios, a criterio del presidente, exista el riesgo de insolvencia. Por su contenido e informe apoya lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, visible a página 463, Febrero de 2009, Materia(s): Laboral, del rubro y texto siguientes: "SECUESTRO PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PARA DECRETARLO NO SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE EN UN DIVERSO JUICIO O RECLAMACIÓN, SEGUIDO POR TERCEROS CONTRA EL MISMO DEMANDADO, SE DICTÓ LAUDO O SENTENCIA CONDENATORIA. El artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo establece que el secuestro provisional es necesario cuando se compruebe que contra el demandado existen diferentes juicios o reclamaciones, promovidas por terceros, ante autoridades judiciales o administrativas y que, por su cuantía, exista riesgo de insolvencia. Por tanto, no es posible exigir a quien solicite esa medida la demostración de que en esos juicios o reclamaciones se dictó laudo o sentencia condenatoria, pues se le impondría una carga probatoria no prevista en ese precepto. Además, si el secuestro provisional, comúnmente conocido como embargo precautorio, tiene como finalidad asegurar ciertos bienes del demandado, para garantizar el cumplimiento del laudo que, en su caso, le imponga una condena de pago, entonces para decretar la medida basta demostrar la existencia de otros juicios o reclamaciones y el riesgo de insolvencia, cuya ponderación corresponde al Presidente de la Junta, con vista a las circunstancias del caso y al contenido de las demandas en las cuales se establecen las prestaciones reclamadas, determinables, por regla general, mediante operaciones aritméticas.". Luego si el acto reclamado lo constituye del supuesto juicio sumario civil 1600/2015, promovido por Juan Pablo Mena Mendoza en contra de Miguel Ángel Blandina Fernández de Lara, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece; por tanto, lo procedente es desechar la demanda que promueven Ezequiel Rocha Hernández, Marco Antonio Morales Pilar, Jonathan López Acosta, Edgar de Jesús Muñiz, Gabriel Daniel Trujillo, Alán Salvador González Núñez, Pablo Rodríguez Reyna, Juan Pablo Mandujano Martínez, Carlos Trejo Pérez y Danilo Sánchez Ortega. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tienen a las partes quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en el despacho marcado con el número ****** en esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ******, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, que a la letra dice: Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve*******, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: Juez Tercero de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial de Querétaro, Querétaro; y, Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de este Partido Judicial de Querétaro, Querétaro. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por los quejosos, consistente en: El simulado e ilegal juicio sumario civil promovido por ***** en contra de ******, y su ejecución. Lo anterior, por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, en el presente asunto los quejosos señalan en esencia como acto reclamado el simulado e ilegal juicio sumario civil promovido por ***** en contra de ******, y su ejecución. Del capítulo de hechos de los actos reclamados se observa sustancialmente lo siguiente: Los quejosos son empleados de la fuente de trabajo denominada ****y se desempeñan como lavadores desde el año 2015. Refieren que el patrón de tal establecimiento, *******, ha simulado diversos procedimientos a fin de despedir a los empleados sin pagar la indemnización correspondiente. En veintiuno de julio de dos mil quince, los patrones simularon el procedimiento administrativo *****, por el cual clausuraron la fuente de trabajo antes referida, sin que los empleados de esa fecha recibieran su liquidación correspondiente; y como consecuencia éstos iniciaron los procedimientos laborales conducentes. Que los quejosos, empleados actuales de la fuente de trabajo que se ha venido mencionando, manifiestan haberse enterado de la existencia del supuesto juicio sumario civil****, promovido por ***** en contra de ******, y el cual reclaman por esta vía biinstancial. Es decir, los quejosos pretenden a través del juicio de amparo asegurar sus prestaciones labores evitando la insolvencia del patrón. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo, establece el procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje, en sus artículos 870 a 891; en los cuales se determina el procedimiento a seguir ante las autoridades en materia de trabajo; por su parte los artículos 857 a 864 de la citada norma establecen: "Artículo 857.- Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda; y II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. Artículo 858.- Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. Artículo 859.- El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado. Artículo 860.- La persona que quebrante el arraigo decretado, será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes: I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia; III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse; y IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento. Artículo 862.- En el caso de la fracción II del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y que por su cuantía, a criterio del Presidente, exista el riesgo de insolvencia. Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta Ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien tenga la representación legal de la misma. Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad. Artículo 864.- Si el demandado constituye depósito u otorga fianza bastante, no se llevará a cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya decretado." La Ley Federal del Trabajo reconoce y regula dos medidas o providencias cautelares en resguardo de los intereses y derechos del demandante, entre ellas, el secuestro provisional de bienes, conocido comúnmente con el nombre de embargo precautorio, cuya finalidad es asegurar ciertos bienes de una persona o de una empresa, para garantizar el cumplimiento de una obligación que, en su caso, imponga al demandado una condena de pago. En ese sentido se garantiza al trabajador, en tanto constituye una medida para evitar que, por maniobras o por insolvencia, el demandado eluda el pago de las obligaciones derivadas de un juicio laboral, esto es, cualesquiera acto o maniobra del demandado que tiendan a disminuir su patrimonio o el valor de sus bienes, o bien, que llegara a gravar éstos. El artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo establece que el secuestro provisional es necesario cuando se compruebe que contra el demandado existen diferentes juicios o reclamaciones, promovidas por terceros, ante autoridades judiciales o administrativas y que, por su cuantía, exista riesgo de insolvencia. Por tanto, no es posible exigir a quien solicite esa medida la demostración de que en esos juicios o reclamaciones se dictó laudo o sentencia condenatoria, pues se le impondría una carga probatoria no prevista en ese precepto. Además, si el secuestro provisional, comúnmente conocido como embargo precautorio, tiene como finalidad asegurar ciertos bienes del demandado, para garantizar el cumplimiento del laudo que, en su caso, le imponga una condena de pago, entonces para decretar la medida basta demostrar la existencia de otros juicios o reclamaciones y el riesgo de insolvencia, cuya ponderación corresponde al Presidente de la Junta, con vista a las circunstancias del caso y al contenido de las demandas en las cuales se establecen las prestaciones reclamadas, determinables, por regla general, mediante operaciones aritméticas. Se considerará necesaria la providencia cuando el solicitante demuestre que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas y que por su cuantía exista riesgo de insolvencia. De acuerdo con lo establecido por el artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo se considerará necesario el secuestro provisional cuando: a) El solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas. b) Que esos juicios o reclamaciones sean promovidos por terceros en contra del demandado. c) Que por la cuantía de esos juicios, a criterio del presidente, exista el riesgo de insolvencia. Por su contenido e informe apoya lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, visible a página 463, Febrero de 2009, Materia(s): Laboral, del rubro y texto siguientes: "SECUESTRO PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PARA DECRETARLO NO SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE EN UN DIVERSO JUICIO O RECLAMACIÓN, SEGUIDO POR TERCEROS CONTRA EL MISMO DEMANDADO, SE DICTÓ LAUDO O SENTENCIA CONDENATORIA. El artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo establece que el secuestro provisional es necesario cuando se compruebe que contra el demandado existen diferentes juicios o reclamaciones, promovidas por terceros, ante autoridades judiciales o administrativas y que, por su cuantía, exista riesgo de insolvencia. Por tanto, no es posible exigir a quien solicite esa medida la demostración de que en esos juicios o reclamaciones se dictó laudo o sentencia condenatoria, pues se le impondría una carga probatoria no prevista en ese precepto. Además, si el secuestro provisional, comúnmente conocido como embargo precautorio, tiene como finalidad asegurar ciertos bienes del demandado, para garantizar el cumplimiento del laudo que, en su caso, le imponga una condena de pago, entonces para decretar la medida basta demostrar la existencia de otros juicios o reclamaciones y el riesgo de insolvencia, cuya ponderación corresponde al Presidente de la Junta, con vista a las circunstancias del caso y al contenido de las demandas en las cuales se establecen las prestaciones reclamadas, determinables, por regla general, mediante operaciones aritméticas.". Luego si el acto reclamado lo constituye del supuesto juicio sumario civil 1600/2015, promovido por Juan Pablo Mena Mendoza en contra de Miguel Ángel Blandina Fernández de Lara, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece; por tanto, lo procedente es desechar la demanda que promueven Ezequiel Rocha Hernández, Marco Antonio Morales Pilar, Jonathan López Acosta, Edgar de Jesús Muñiz, Gabriel Daniel Trujillo, Alán Salvador González Núñez, Pablo Rodríguez Reyna, Juan Pablo Mandujano Martínez, Carlos Trejo Pérez y Danilo Sánchez Ortega. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tienen a las partes quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en el despacho marcado con el número ****** en esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ******, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente.
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