Ezequiel Pascacio Vázquez

Expediente 145/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
145/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Ezequiel Pascacio Vázquez
  • Ministerio Público de Puerto Escondido, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo (fojas 75 a 79); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva al quejoso, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B-Penal

  2. Incidental

    R E S U E L V E : UNICÓ. Se niega suspensión definitiva al quejoso Ezequiel Pascacio Vázquez, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. I-B-Penal

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por el Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, en representación de las siguientes autoridades: Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 1; Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 2; Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 3. En dicho informe manifiesta que niega el acto reclamado por el quejoso; sin embargo del análisis de dicho informe, se destaca la certeza de los actos reclamados por el impetrante, ya que en lo que aquí interesa, precisó que con fecha treinta de marzo del año en curso, a solicitud de la fiscalía de esa ciudad, tuvo verificativo la audiencia de control en el supuesto de flagrancia, dentro de la causa penal 104/2018, en la cual se calificó de legal la detención del quejoso Ezequiel Pascacio Vasquez, y con fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión del hecho que la ley denomina como robo calificado con violencia moral, cometido en perjuicio patrimonial de Jacinto Mota Rodríguez. Manifestaciones que se corroboran con el contenido del disco DVD, remitido por la referida autoridad adjunto a su informe, pues de su reproducción se advierte entre otras resoluciones y audiencias, la determinación de decretar auto de vinculación a proceso en contra del citado quejoso. Probanza que para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado por el quejoso y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, que aparece con el siguiente rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Ahora, en el caso que nos ocupa, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, Ezequiel Pascacio Vasquez, por conducto de José Gabriel Pascasio Ulloa, promovió demanda de amparo contra actos del Ministerio Público de Puerto Escondido, Oaxaca; Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 1; Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 2; Juez de Control de Puerto Escondido, Sala 3; Policía Estatal Octava Delegación; y Comandancia de la Policía Municipal, todos con residencia oficial en Puerto Escondido, Oaxaca, que hizo consistir esencialmente en la orden de detención decretada en su contra y su ejecución; orden que resultó cierta; pues como se dijo, que a pesar de que la autoridad oficiante en su informe niega la existencia de los actos reclamados, por el quejoso, del estudio general del informe se advierte la certeza de los actos, pues refiere que con fecha treinta de marzo del año en curso, tuvo verificativo la audiencia en la cual se calificó de legal la detención del aquí quejoso en el supuesto de flagrancia dentro de la causa penal 104/2018. También refiere que a petición del imputado y su defensor se llevó a cabo la ampliación del término constitucional y con fecha cuatro de abril del año en curso, se decretó en su contra auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley denomina como robo calificado con violencia moral, cometido en perjuicio patrimonial de Jacinto Mota Rodríguez. Por tal motivo, es inconcuso, que la orden de detención reclamada se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso de mérito, razón por la cual, el cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de detención y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de vinculación a proceso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la hora y fecha señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que aparece publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado por auto de admisión. I-B-Penal

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado, rendido por el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; con el mismo dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. I-B-Penal

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