Ezequiel Ovando de los Santos

Expediente 1704/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1704/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Ezequiel Ovando de los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra de la sentencia definitiva dictada en este asunto, sin que haya hecho uso de esa prerrogativa. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE SENTENCIA Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 181 , fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 7, punto 7.1, sub punto 7.1.1, parte 2, del aludido Manual, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, terminado el proceso de depuración, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1704/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda por incompetencia. Por oficio 4650/2022, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, remitió por incompetencia el juicio de amparo 1705/2022 del índice de ese juzgado, relativo a la demanda de amparo promovida por Ezequiel Ovando de los Santos, en su carácter de Oficial Mayor del municipio de Tonalá, Chiapas, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite aceptación de la competencia declinada. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, quien por razón de turno correspondió su conocimiento, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada; asignándole el número de juicio de amparo 1704/2022, del libro de gobierno respectivo; se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se dio vista al advertir la participación de nueva autoridad. En auto de dos de febrero del dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días al advierte que la sanción pecuniaria que el quejoso reclama en esta vía le fue impuesta por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que éste lo haya señalado como autoridad responsable en el capítulo relativo de su demanda, y se le apercibió que de no señalarlo como autoridad responsable, se retomaría su planteamiento de la forma originalmente plasmada en su libelo inicial, con las consecuencias legales inherentes al caso. Por lo que en audiencia constitucional que antecede se hizo efectivo a la parte quejosa el apercibimiento decretado en dicho auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, y se ordenó retomar el planteamiento del acto reclamado de la forma originalmente expuesta por aquélla en su libelo inicial, con las consecuencias inherentes al caso. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a emitir la correspondiente sentencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". 2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: Al Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al Delegado de Hacienda Tonalá, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos, de la 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas, y al Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. _ La imposición de las multas en el expediente administrativo 13-A/2014, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en perjuicio de su persona en calidad de Oficial Mayor de Municipio de Tonalá, Chiapas, y como consecuencia, el requerimiento de pago y/o embargo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, y el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado, ambos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sus informes justificados negaron categóricamente los actos que se les reclama. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, puesto que estas negaron haber emitido los actos que les reclama la parte quejosa; de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Delegado de Hacienda Tonalá, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas, en su informe justificado [foja 66 a 68]; aceptó la existencia de los actos que se le reclama. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Época: Quinta Época, Registro: 917812, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 278, Página: 231, de texto: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Máxime que tal circunstancia se encuentra corroborada con las actuaciones que practicó y remitió dicha autoridad exactora como sustento de su informe justificado; mismas que obran como parte integrante del presente sumario [fojas 69 - 87], y los cuales, por tratarse de documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 226 del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, cuyo tenor es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro No. 395571, Localización: Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese contexto, esta Juzgadora estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios [.]. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien impuso la sanción pecuniaria que el quejoso reclama en esta vía constitucional. En auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó dar vista de lo anterior a la parte quejosa en forma personal, para que dentro del término de quince días manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que le resultaba participación en el acto reclamado, pues fue quien impuso la sanción pecuniaria que el quejoso reclama en esta vía constitucional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se retomaría el planteamiento inicial de su demanda; proveído que se notificó por lista el tres de febrero de dos mil veintitrés, al no haber señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, como se le requirió en auto inicial de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós [fojas 46-51], tal y como se advierte de la razón actuarial que corre agregada al sumario [foja 124]. En esa tesitura, en la audiencia constitucional que antecede, se ordenó continuar el trámite del presente juicio únicamente respecto de las autoridades señaladas al inicio del presente asunto. De lo expuesto, se tiene que la consecuencia jurídica de no designar autoridad responsable, o bien, no desahogar la prevención relativa, acarrea la improcedencia del juicio de amparo, ello ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del o los actos reclamados debido a que sus emisores o ejecutores no fueron llamados a juicio en defensa de su cuestionado proceder. En ese sentido, ante la falta de señalamiento como autoridad responsable a la aludida Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que participó en la emisión de la sanción pecuniaria que el quejoso reclama en esta vía constitucional, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones V, del artículo 63, XXIII del 61 y III, del 108 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluído su derecho a enmendar la solicitud de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 194684, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. CLXIV/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113, Tipo: Aislada, del rubro y texto siguientes. DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En ese orden de ideas, es inconcuso que existe un impedimento legal para analizar la constitucionalidad de la imposición de las multas en el expediente administrativo 13- A/2014, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues estudiar dicho embargo soslayando la falta de llamado de la autoridad judicial que participó en él, implicaría dejarla en estado de indefensión, máxime que la autoridad responsable se erige en parte procesal, y como tal, le asiste no solamente la obligación de rendir informe justificado, sino el derecho de comparecer a defender la constitucionalidad de su acto, y las demás prerrogativas procesales de ese derecho, tales como: hacer valer las causas de improcedencia que estime aplicables al caso, promover los recursos y medios de defensa pertinentes sobre las actuaciones judiciales que resulten contrarios a sus intereses, etc. Por tanto, se estima que era necesario que la solicitante de amparo señalara como responsable a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque esta está directamente vinculada al resultado de la acción constitucional intentada en contra del requerimiento de pago y/o embargo Estatal por las multas impuestas reclamados. El criterio que precede no obstruye el acceso a la justicia al quejoso, pues como se precisó, durante el trámite del juicio constitucional se hizo de su conocimiento la intervención de la aludida Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no señalada como autoridad responsable con la finalidad de que hiciera el señalamiento condigno, so pena de resolver el juicio exclusivamente respecto de las autoridades inicialmente designadas; pese a ello, el peticionario no formuló sus manifestaciones en el sentido de no señalarla como responsable, lo que impide a este órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad de los actos de la referida autoridad no señalada como responsable; máxime que, la suplencia de la queja que podría operar en favor de la solicitante del amparo no tiene el alcance de llamar a juicio a autoridades respecto de las que no expresó su deseo de atribuir alguna actuación en particular, lo cual cobra relevancia en el caso particular, pues el juzgador de amparo se encuentra imposibilitado para sustituir o complementar la voluntad del quejoso en el señalamiento de la autoridad a la que se atribuya el acto. Apoya esta consideración la tesis aislada 2a. LV/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, página 236, registro digital 200805, del rubro y texto siguientes: QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables. Consecuentemente, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II y 108, fracción III, así como con la fracción XXIII, del mismo numeral 61, en correspondencia con el 107, fracción III, inciso a) y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca JUICIO DE AMPARO 1704/2022 -14- Jurisprudencia número 5094 , de rubro y texto que se transcriben: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Ezequiel Ovando de los Santos, en su carácter de Oficial Mayor del municipio de Tonalá, Chiapas, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que está transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de febrero del año en curso, para que dé cumplimiento a la prevención decretada en esa pieza. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Por tanto, a fin de no dejar a la citada parte en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las diez horas del diez de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. Sin que sea necesario notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables cuyo informe o constancia de recepción obran agregados en autos, ya que esa particularidad permite a esta juzgador colegir que se encuentran debidamente emplazadas a juicio, y por ende, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con los datos de identificación siguientes: Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página: 1253, de texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. INFORME DE LA AUTORIDAD LABORAL RESPONSABLE Enseguida, incorpórese a este expediente el oficio firmado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual, en cumplimiento a lo requerido mediante comunicado 2308, remite copia certificada de las constancias relativas al sumario de origen. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista por el plazo de ocho días, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Tomando en cuenta que las documentales remitidas por la autoridad oficiante son voluminosas, a fin de preservar su óptimo estado y facilitar el manejo de este expediente, fórmese cuaderno de pruebas y déjese a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta, hasta que llegue el momento de proveer sobre su destino final. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal, de la secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, propiamente de las constancias remitidas por el Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado, residente en Tonalá, Chiapas, junto con su informe justificado, se advierte que la sanción pecuniaria que el quejoso reclama en esta vía le fue impuesta por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que éste lo haya señalado como autoridad responsable en el capítulo relativo de su demanda. Por tanto, a fin de no dejar al impetrante en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 117 y 111 de la Ley de Amparo, désele vista por el plazo de quince días para que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no hacerlo, se retomará su planteamiento de la forma originalmente plasmada en su libelo inicial, con las consecuencias legales inherentes al caso. Apoya esta determinación la jurisprudencia 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 182617, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 112/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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