Ezequiel Jiménez Rosales

Expediente 940/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Ezequiel Jiménez Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL 940/2022 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la 1) autoridad responsable, 2) terceros interesados y 3) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 8. Instrucción a la secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. También se instruye a la (al) oficial judicial "A" adscrita (o) a este órgano jurisdiccional que deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 9. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. 10. Devolución de documento. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, la copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo *****, que obran como tomo anexo I, y que remitió como justificación a su informe; en razón de estimarse que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 940/2022 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 940/2022, como se ordenó en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovido por *****, por derecho propio, y demás constancias de autos. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como pruebas: La instrumental de actuaciones; y, La presuncional legal y humana. La autoridad responsable, presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, ofreció como prueba: Copia certificada de diversas constancias del juicio de nulidad ***** (un tomo). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas las pruebas citadas, dada su propia naturaleza y que serán consideradas al resolver este juicio. No existiendo más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por ello, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo 940/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, el ocho siguiente, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de nueve de agosto de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 940/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós se ordenó emplazar como terceros interesados al a) delegado y b) subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, quienes quedaron notificados el seis de octubre de este año. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y este asunto es de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: El auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el cual desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto contra la omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente *****. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado. Existencia que se corrobora con la copia certificada del expediente administrativo *****; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del análisis de los numerales en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que emanen de un juicio siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Al respecto, se estima necesario señalar que en la Ley de Amparo abrogada, aunque con mínimas diferencias, lo relativo a la ejecución de imposible reparación estaba previsto en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese concepto implicaba la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, y que podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en la foja 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente en ese momento debía interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral, dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. De lo anterior se obtiene que la regla general para que proceda el reclamo en la vía de amparo indirecto contra actos intraprocesales, ya sea dentro de juicio o después de concluido, reside en que éstos deben tener sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada". Ahora, a fin de dar mayor claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Expuesto lo anterior, en el caso, la parte quejosa reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de nulidad *****, en el cual desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto contra la omisión en el cumplimiento de la sentencia; ello, toda vez que indicó que en auto de veinte de junio anterior inició el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que precisó que ese tribunal no agota su jurisdicción con el dictado de la sentencia correspondiente, sino que cuenta con facultades para exigir el debido cumplimiento de los fallos que dicte. Ante ello, se estima que la etapa de ejecución de la sentencia administrativa en relación con la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque no se actualiza el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del amparo, ya que no existe en el juicio de nulidad de origen, en este momento, afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón de que la sala responsable se encuentra agotando el procedimiento de ejecución de la sentencia con base a lo estipulado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues requirió el cumplimiento a la parte demandada y no ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución. De ahí que no puede afirmarse que la autoridad responsable hubiere vulnerado el derecho de la parte quejosa a una correcta impartición de justicia y que incurre en omisión de cumplimiento de sentencia. Lo que demuestra que la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós no es ilegal, y tampoco se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de ninguna manera significa que la autoridad responsable se haya abstenido de continuar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, o que haya declarado la imposibilidad para ello; porque, como se reseñó, está siguiendo el procedimiento que indica el numeral 58 de la ley aplicable a la materia. Se invoca al respecto la tesis I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Aunado a que si la autoridad responsable no cumple la sentencia o dilata notoria y abiertamente el procedimiento respectivo, la parte quejosa estará en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así sea oportuno, y podrá analizarse si, en ese momento, se actualiza una violación a sus derechos fundamentales; lo que ahora no sucede. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con el rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO". Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme lo previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Ponciano Velasco Velasco, Soledad Méndez Cortes

  3. Principal

    PRAL 940/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. 1. Prueba. Agréguese el oficio signado por la magistrada instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la referida responsable, copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo 3990/19-15-01-7, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. 1.1. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar el tomo de prueba I, que queda disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. En esas condiciones, dése vista a las partes con el tomo anexo, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en dicha prueba y manifiesten lo que a sus derechos convengan. 1.2. Precisión. Se precisa a las partes que si desean consultar el expediente físico de este juicio de amparo, deberán de agendar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 940/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en proveído de uno de septiembre del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable, presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez; acuerdo que se notificó por lista de acuerdos en esta data. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las trece horas con diecinueve minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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