Ezequiel García Castro y Otros.
Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ezequiel García Castro y Otros.
- Ezequiel García Castro
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de once de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de julio de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, y en representación de la menor *** contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 713/2022-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. "A. De la autoridad señalada como ordenadora reclamo el contenido del auto de fecha 03 de junio del 2022, el cual nos fue notificado el 15 de junio del año en curso, en el expediente 998/2019-2, en el que la autoridad ordenadora otorga de manera, arbitraria, irresponsable, infundada e inmotivada decreta régimen de convivencia supervisada de nuestra menor nieta con el tercero interesado ANGEL REYES MORALES, sin considerar que éste ha ejercido violencia familiar, lo anterior, se corrobora con las copias de la carpeta de investigación número 12020170100567231119 que se siguió ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo con residencia en esta ciudad, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR y en agravio de nuestra menor nieta, hechos que fueron denunciados penalmente por el suscrito quejoso EZEQUIEL GARCIA CASTRO, misma que se encuentra en curso bajo la carpeta judicial número 283/2019 ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero; que en la actualidad no existen condiciones se seguridad para que se lleve a cabo dicha convivencia familiar, que no se han realizado valoraciones psicológicas, ni a la menor ni menos al tercero interesado ANGEL REYES MORALES, bajo el infundado, inmotivado, ilegal y absurdo argumento de QUE DICHA CONVIVENCIA FAMILIAR ES EN BASE AL DERECHO PRIORITARIO DE FORTALECER LOS LAZOS PATERNO FILIAL entre la menor ARANZA REYES GARCIA CON SU PROGENITOR. Tampoco se ha escuchado la opinión de nuestra menor nieta, respecto si está de acuerdo en convivir con su progenitor, de igual forma la ordenadora nos impone la obligación de llevar a nuestra menor nieta ARANZA REYES GARCIA todos los días sábados de cada semana al centro de convivencia familiar supervisada - CECOFAM - CHILPANCINGO, ubicado en el edificio dos, planta baja, ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros, esquina con calle Kena Moreno, colonia Tepango, interior de la Ciudad Judicial - Chilpancingo, en esta ciudad capital, por un lapso de tres horas, es decir, de las once de la mañana a las catorce horas; de la misma forma nos previene para que otorguemos las facilidades que permitan llevar acabo la convivencia, atendiendo al orden público, que revisten los asuntos de carácter familia; así como a la edad de la menor; además por ser un derecho fundamental de todo menor de edad, a efecto de que tenga presente la figura paterna, estableciéndose la relación paterno filial. B. De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento de la orden decretada por la ordenadora en el auto de fecha 03 de junio del año en curso, consistente en la entrega física de nuestra menor nieta ARANZA REYES GARCIA, todos los días sábados de cada semana al centro de convivencia familiar supervisada CECOFAM CHILPANCINGO, ubicado en el edificio dos, planta baja, ubicado en boulevard René Juárez Cisneros, esquina con calle Kena Moreno, colonia Tepango, interior de la Ciudad Judicial - Chilpancingo, en esta ciudad capital, por un lapso de tres horas, es decir, de las once de la mañana a las catorce horas para que se lleve a cabo la convivencia familiar entre nuestra menor nieta y el tercero interesado ANGEL REYES MORALES." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narran los peticionarios de amparo, entre otras cosas expresan que: 1.- Mediante escrito de fecha 02 de diciembre del año 2019, los hoy quejosos presentamos escrito de demanda, ante la oficialía de turno de los Juzgados Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, en contra de ****, reclamando entre otras prestaciones las siguientes: A).- La Guarda y Custodia primero de carácter provisional y en su momento definitiva de nuestra menor nieta de nombre ***, quien BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifestamos actualmente cohabita con los suscritos en nuestro domicilio particular que citamos más adelante, así como las circunstancias que detallaremos en el capítulo de hechos; B).- La pérdida de la patria potestad que el demandado ANGEL REYES MORALES ejerce sobre nuestra menor nieta ****, por las razones y causas graves que precisaremos más adelante; C).- La pérdida del derecho de convivencia que tiene el demandado ***, con nuestra menor nieta ARANTZA REYES GARCIA; D).- Cualquier otro derecho que en su calidad de padre legal y biológico de nuestra menor nieta *** pudiera surgirle; E).- Como consecuencia de las prestaciones precitadas en los incisos que anteceden, solicitamos se decrete a favor de nuestra menor nieta A*** una pensión alimenticia bastante y suficiente, primero de forma provisional y en su momento de forma definitiva a cargo del demandado ANGEL REYES MORALES; F).- El pago de los gastos y costas que se generen con la tramitación del presente juicio; 2. Por auto de fecha 06 de diciembre del 2019, se admitió a trámite la misma en la*** [...] Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 998/2019-2, promovido por la parte quejosa, en el que, determinó establecer el régimen de convivencias que tendrá la menor Aranza Reyes García con su progenitor Ángel Reyes Morales; puede ser impugnado a través del recurso de reconsideración que para tal efecto prevé el artículo 381, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Ello implica, que los impetrantes de amparo tienen a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de cuenta. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Es aplicable al caso la siguiente tesis: "Registro digital: 160277 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXX.2o.6 C (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 2377 Tipo: Aislada PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de mérito, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lomely Jaimes Torres y José Alberto Gallardo Pérez y Oscar Mojica Sánchez; por encontrarse acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Oscar Mojica Sánchez, por no contar con el anterior requisito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle sin número lotes 12 y 13 fraccionamiento Ari de esta ciudad. Notifíquese por lista.
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