Ezequiel Franco Estrada

Expediente 679/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
679/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Ezequiel Franco Estrada
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Finalmente, en caso de que existan constancias pendientes en devolver a su lugar de origen por considerar innecesaria su retención, se ordena remitirlas sin formular ulterior acuerdo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable, por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dictar sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 994/2016 correspondiente al juicio agrario 120/2013. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que de la constancia que remitió la autoridad responsable mediante oficio TUA36/UJ/470/2021, derivado del expediente de origen 120/2013, anexa copia certificada de la sentencia agraria dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno y a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia; por tanto, ello trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EZEQUIEL FRANCO ESTRADA EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE 31 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ A NOTIFICARSE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CITADA RESOLUCIÓN, COMO SE LE COMUNICÓ EN EL CITATORIO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL FUE RECIBIDO EN SU DOMICILIO POR LA PERSONA QUE SE INDICA; LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que no obra el informe justificado requerido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito treinta y seis con sede en esta ciudad, así como tampoco la totalidad de constancias relacionadas con el acto reclamado. En virtud de lo anterior y en aras de una pronta impartición de justicia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que a la brevedad posible rinda su informe con justificación y remita la totalidad de documentales derivadas del acto reclamado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo anteriormente expuesto se harán efectivos los apercibimientos decretados en el auto de admisión. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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