Ezequiel Francisco Bustos Witrago

Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
165/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Ezequiel Francisco Bustos Witrago

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE VEINTIDÒS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÈS, EL CUAL EN SÌNTESIS DICE: Irapuato, Guanajuato, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, apoderada legal de ***, carácter que tiene reconocido ante la responsable, según se advierte de la constancia del juicio de origen que adjunta en original, por tanto, se le reconoce en este asunto en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; contra los actos que reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 165/2023; ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte promovente reclama la omisión de atender a los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo para el trámite del juicio laboral, entre otras cosas, porque considera que existe una omisión o dilación que califica de injustificada en la cumplimentación de los exhortos librados en el juicio laboral ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad; a fin de emplazar a la parte demandada; esto, al considerar que afecta la celeridad del procedimiento. De lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan dentro del procedimiento, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente. Caso contrario ocurre cuando pueden provocar la afectación de derechos sustantivos, pues en ese supuesto, serán considerados como de imposible reparación y procede el juicio de amparo en su contra. En este rubro de actos dentro del procedimiento que no afectan derechos sustantivos, se insertan las omisiones o dilaciones de acordar promociones dentro de un juicio o cualquier otra dilación en el trámite del procedimiento pues, en estos casos, de darse realmente la afectación, es de naturaleza adjetiva o procedimental, en términos del artículo 17 Constitucional. Teniendo como única excepción que se trate de una abierta dilación al procedimiento o su paralización absoluta. Para lo cual se trae a cuenta lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) que se considera aplicable por analogía, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."; esto, en el sentido de que cuando se reclame una omisión en un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se alegue la transgresión a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ningún modo puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, dado que no corresponde a una conducta autónoma del procedimiento por presentarse en éste y, porque, además, los términos y plazos procesales y su acatamiento o no, constituyen cuestiones adjetivas o procedimentales que, por lo tanto, si llegan a transgredirse, actualizan justamente violaciones de esa índole, procesal o adjetiva. Así, el Máximo Tribunal concluyó que contra actos de esta naturaleza, por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente. Estableció pues, que no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta cuando a menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso el juicio será procedente por excepción. Entonces, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en ese supuesto excepcional, es necesario que se cumplan alguno de los dos supuestos: que el acto constituya una abierta dilación en el procedimiento o una paralización total de éste. Ahora, respecto a este tipo de violaciones, en los juicios en materia laboral, se precisa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que para proporcionar un estándar mínimo objetivo para determinar que existe una abierta dilación en el dictado de proveídos, laudos o cualquier diligencia, deben de haber transcurrido cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos. Dicho criterio derivó en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: .. A la vez, al resolver la contradicción de criterios 171/2022, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala del Máximo Tribunal determinó que, precisamente en materia laboral, tratándose del reclamo de dilaciones en el procedimiento, el plazo de cuarenta y cinco días a que refiere la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) antes transcrita, debe considerarse en el sentido de que para que proceda el amparo indirecto, éste debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Pues bien, en el presente caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el quejoso reclama lo que considera la omisión de atender a los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo para el trámite del juicio laboral; entre otras cosas porque considera que existe una omisión o dilación que califica de injustificada en la cumplimentación de los exhortos librados en el juicio laboral ¨***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad; a fin de emplazar a la parte demandada. A la vez, bajo protesta de decir verdad, relata la serie de actuaciones que se han estado llevando a cabo en el juicio, entre ellas, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, giró exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para que sea notificada la parte demandada a juicio y se han fijado diversas fechas para llevar a cabo la audiencia de ley, como es el dieciocho de marzo del dos mil veintidós, quince de junio del veintidós, dos de diciembre del dos mil veintidós y diecisiete de febrero del dos mil veintitrés y fijó una nueva fecha para el dos de mayo del presente año. Todo lo cual pone de manifiesto que en realidad el juicio no está paralizado ni se actualiza el supuesto de alguna abierta dilación, en los términos que, por excepción, podría hacer procedente el amparo indirecto. Por más que la parte quejosa estime que le causa agravio la forma como se ha estado desarrollando el procedimiento e incluso que califique que, a su juicio, la Junta señalada como responsable ha "estado entorpeciendo". Lo relevante es que de sus propias manifestaciones se advierte que el juicio no está paralizado, es decir, no está detenido en su trámite en forma total ni existe una abierta dilación. Al contrario, de las propias manifestaciones del quejoso e incluso de los anexos de su demanda, destaca que existe una actuación de febrero en curso y que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se fijó para el dos de mayo del mismo año en curso a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos; lo que deja en manifiesto que el juicio de origen no se encuentra inactivo, toda vez que, se han venido practicado actuaciones, entonces no existe una paralización o abierta dilación y, desde luego, a la fecha de presentación de la demanda, no se actualizan los supuestos de excepción desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacando que existe criterio del Máximo Tribunal del país en el sentido de que salvo la excepción de la paralización total del juicio o una abierta dilación -que no es el caso- lo relativo a las alegaciones de falta de celeridad en un procedimiento o juicio no son combatibles en amparo indirecto porque constituyen, en su caso, una cuestión adjetiva o formal que se inserta en la gama de derechos procedimentales y no una afectación material a derechos sustantivos. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación distinta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO . La parte quejosa proporcionó una cuenta de correo electrónico en la etiqueta con la que presentó la demanda, la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Se invita al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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