Ezequiel Espinosa Ochoa

Expediente 780/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
780/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Ezequiel Espinosa Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del auto de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de constancias. Como se advierte de la certificación de cuenta, y atendiendo a que la autoridad responsable remitió en original las constancias que integran el procedimiento de donde derivó el acto reclamado, previo desglose y certificación que se deje para tal efecto, devuélvanse las constancias remitidas a la autoridad responsable. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. I. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos, y al efecto remite original del expediente ***** relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el procedimiento de origen, del cual se advierte la fecha en la que se interpuso dicho medio de impugnación. II. No ha lugar cotejo de constancias. Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de cotejo y certificación de las constancias remitidas con anterioridad, no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud de que la autoridad oficiante no justifica plenamente la imposibilidad a que aduce para que en el ejercicio de sus funciones, certifique las documentales solicitadas por este Juzgado Federal, máxime que el numeral 121 de la Ley de Amparo, en relación con el 117, estipula: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo." "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. [..] Consecuentemente, si la responsable sostiene que el impedimento para certificar las constancias requeridas por este órgano jurisdiccional descansa en "cuestiones administrativas", ello no justifica debidamente la imposibilidad sostenida, atendiendo a la obligación que tiene de remitir en original o en copia certificada las constancias con las que se sustenta el acto reclamado, como en el supuesto del presente asunto que corresponde al expediente formado con motivo de recurso interpuesto por el quejoso ante la responsable, razón por la que debe negarse dicha petición. Por tanto, se tiene por recibidas las constancias que remite la autoridad responsable en original, de las que se ordena glosar a los presentes autos y respecto de las copias simples que remite, devuélvanse a la responsable de cuenta por no ser necesarias; en ese sentido, con el original del procedimiento de origen, provéase lo conducente. III. Acto reclamado. Por otro lado, atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: "La abstención de la responsable de resolver mi RECURSO DE REVISIÓN en contra de la resolución de fecha 12 de octubre de 2021, por estimar que se conculcan mis garantías individuales, presentado en fecha 11 de noviembre de 2021, en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." IV. Cesación de efectos. La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto se destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, resulta oportuno precisar que la parte quejosa reclama de manera sucinta la abstención de la responsable de resolver su recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento administrativo de uso de suelo; sin embargo, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas en original por la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, se advierte que ésta no había hecho pronunciamiento alguno sobre la admisibilidad del medio de impugnación citado, ni siquiera aun tener por recibido dicho escrito, lo cual realizó hasta el veinte de julio de dos mil veintidós. Documentales -original del expediente de origen- a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Se invoca al caso la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Bajo esa tesitura, si la demanda de garantías fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, el **, es patente que la responsable no había realizado acción alguna tendiente al trámite del recurso de revisión, por lo que destaca que esas acciones comenzaron una vez que el juicio constitucional se encontraba incoado; de ahí que la abstención reclamada inicialmente cesó, pues se dio trámite al recurso interpuesto por el quejoso ante la responsable. Consecuentemente, no pasa desapercibido para este Juzgador que la parte quejosa reclama destacadamente la abstención de la responsable de resolver su recurso de revisión, sin embargo, de la lectura integral del escrito de la demanda de amparo, así como del estado procesal en que se encuentra el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, se tiene que esencialmente se reclamó en esta instancia constitucional la abstención de la responsable de proveer sobre el recurso interpuesto por la parte quejosa dentro del expediente **. Esto es así, pues en caso de haberse otorgado una eventual concesión del amparo, no puede obligársele a la autoridad responsable a resolver el medio de impugnación multicitado, pues para ello es preciso que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento y agotar las etapas relativas de ese procedimiento administrativo seguido en forma de juicio sustanciado bajo la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, máxime que de acuerdo a las constancias allegadas al sumario en que se actúa, dicha tramitación se encuentra recientemente en fase de alegatos. Es decir, la autoridad responsable ha dado el impulso procesal necesario para en su momento resolverlo en definitiva, lo cual, al momento de la presentación de la demanda no había ocurrido, pues la responsable se había abstenido de pronunciarse respecto de la tramitación o no del recurso interpuesto por el quejoso. Por lo que a la omisión reclamada por el impetrante no puede considerársele como una violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la constitución federal como lo señaló el quejoso en su demanda de amparo, sino, en todo caso, se trata de una transgresión al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita que garantiza el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la abstención materia del reclamo sucede precisamente dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio al cual no se le había dado el trámite correspondiente. Por tanto, de las aludidas constancias y de lo informado por la autoridad responsable se desprende que en el caso, a la fecha, ya no existe la abstención aquí reclamada por la parte quejosa, puesto que como se apuntó, la autoridad responsable posteriormente a la presentación de la demanda de garantías ha dado impulso al procedimiento de origen y al momento no existe alguna dilación abierta o excesiva en alguna de las etapas procedimentales, pues cuando se está en presencia de actos omisivos, se debe examinar si la responsable se encontraba en aptitud legal para atender lo solicitado, lo que en el caso particular, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, existía una abstención para tramitar o en su caso negar el trámite del recurso interpuesto, circunstancia que ocurrió hasta el veinte de julio de dos mil veintidós, fecha en la que la responsable se pronunció sobre el trámite del recurso interpuesto y realizó diversos requerimientos al recurrente para poder continuar con el trámite del recurso. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la abstención combatida, toda vez que al ser así, la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al haberse pronunciado sobre el recurso de revisión interpuesto por el quejoso. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." V. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VI. Audiencia constitucional sin efectos. En ese sentido, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. VII. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, sin que sea factible su desahogo, en razón a que, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, para que remitiera las constancias que integran el recurso de revisión presentado por el aquí quejoso **, de las que se advierta la fecha de presentación de dicho medio de impugnación ante la autoridad responsable. Si bien, si bien la autoridad responsable remitió un acuse de recibo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, no se advierte que éste sea el acuse con el que se tuvo por recibió el recurso de revisión presentado por el aquí quejoso doce de octubre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, subsiste el requerimiento al Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga, cumpla con lo siguiente: ÚNICO.- Las constancias que integran el recurso de revisión presentado por el aquí quejoso ***, de las que se advierta la fecha de presentación de dicho medio de impugnación ante la autoridad responsable el doce de octubre de dos mil veintiuno. En caso de existir impedimento legal o material para remitir la información solicitada, manifieste expresamente tal circunstancia. En la inteligencia que deberá remitir las constancias debidamente certificadas y legibles con las que acredite su dicho, bajo apercibimiento que de no hacerlo, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que tendría verificativo este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS Y DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; y por oficio al Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado, pues al efecto remite el original del acuse de recibido de la admisión del recurso de revisión, del que se advierte la fecha en que fue recibido el mismo ante la autoridad responsable, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo provee y firman electrónicamente Vicente de Jesús Peña Covarrubias, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa en unión de Ismael Rivas Cedeño, Secretario que autoriza. Doy fe.

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