Ezequiel de la Cruz de la Cruz
Expediente 2334/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ezequiel de la Cruz de la Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA II.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEVOLVER A LAS PARTES.
- Principal
MESA IV.- EN VIRTUD QUE YA SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO, SIN QUE SE HUBIESE PRECISADO EL DESTINO DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES; SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO ÚNICAMENTE PARA EL EFECTO DE ORDENAR EL DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN TRAMITADO.
- Principal
II.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO " "VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS ", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Villahermosa, Tabasco; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ezequiel de la Cruz de la Cruz, contra actos del 1Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 2334/2022-II, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Análisis de la demanda Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión del acto reclamado Al analizar la demanda de derechos fundamentales promovida por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como acto reclamado: - La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito a éste, de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 775/2021, de su índice. Postura de este Órgano Jurisdiccional En relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al apreciar la inexistencia del acto reclamado. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" En razón de lo anterior, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anterior conformación, sostuvo el criterio de que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda, tal criterio aparece contenido en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. Así, tenemos que los actos susceptibles de combatirse por la vía del amparo indirecto, son aquellos que han emanado previamente de una autoridad y que de modo directo e inmediato afecten los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también llamados derechos fundamentales, los cuales no se podrán privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la propia ley fundamental. En otros términos, el juicio de amparo indirecto, resulta procedente en contra de actos existentes al momento de promover el juicio de amparo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado asistiéndole un interés jurídico al reclamarlo. De esa manera, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda resolución de amparo, sea uniinstancial o indirecto, la autoridad que conozca del mismo en primer término, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo si lo aleguen o no las partes, pues se debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que, en su criterio, en el caso se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio y análisis de cualquier causa de improcedencia o de las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, limita las defensas de las partes, además de que es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. En el caso concreto, se reitera que la quejosa se duele de la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito a éste, de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 775/2021, de su índice. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente a la procedencia de la demanda que se trata, se advierte que Ezequiel de la Cruz de la Cruz, promovió diverso juicio de amparo, mismo que se encuentra radicado bajo el número 805/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Al no ser recurrida por las parte, dicha sentencia quedó firme y consecuentemente mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se tuvieron por cumplidos los efectos de la tutela constitucional concedida. En tales circunstancias, del diverso juicio de amparo se advierte que por oficio recibido el quince de agosto del año en curso, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, así como las constancias de notificación y emplazamiento de las demandadas Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, dentro de la contienda laboral 775/2021, de su estadística. Lo anterior, motivó tener por cumplida la referida ejecutoria de amparo, ordenándose el archivo del citado biistancial, como asunto definitivamente concluido. Lo anterior, fue notificado personalmente a la parte quejosa el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, con motivo de la vista otorgada al cumplimiento del fallo amparador, como se advierte de la constancia de notificación agregada en el aludido juicio de amparo. Actuaciones reseñadas que constituyen un hecho notorio para quien ahora resuelve, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 172215, con el epígrafe y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así, de lo anterior se obtiene que, la omisión de la que se duele la parte quejosa, no existe a la fecha de presentación de la demanda, ya que los emplazamientos a las demandadas Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, dentro de la contienda laboral 775/2021, fueron realizados el nueve y diez de agosto del año en curso, respectivamente. Conforme a lo expuesto, es dable concluir que la petición de amparo que se analiza encuadra la hipótesis de inexistencia del reclamo, ya que el emplazamiento de la parte demandada de la que reclama su omisión, incluso fue notificado por este órgano el dieciocho de agosto del año en curso, conforme lo dispone la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En tanto que la demanda que se acuerda fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la fecha en que se realizaron las diligencias de emplazamiento a las demandadas. Se cita como apoyo legal la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 196072, Novena Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 36/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 5, que reza: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Conclusión En consecuencia, es indudable que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este asunto. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales.
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