Ezequiel de Jesus Sanchez Ruiz

Expediente 1234/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1234/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Ezequiel de Jesus Sanchez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    al haberse satisfecho los extremos de la protección constitucional concedida, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.

  2. Principal

    SE DA VISTA QUEJOSA CON CUMPLMIENTO

  3. Principal

    SE CONCEDE PRORROGA A AUTORIDAD PARA CUMPLIR

  4. Principal

    cual se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Advirtiéndose que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: "I. Dejen insubsistente la boleta de infracción folio 790323, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, así como la sanción ahí contenida. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la referida autoridad responsable no podrá emitir una nueva boleta de infracción subsanando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a las autoridades su reiteración. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.23/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en laparte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." II. Hecho lo anterior, se devuelva a la parte quejosa el monto cubierto por concepto de la boleta de infracción 790323. Por otra parte, debe decirse que en la especie no se advierten diversos efectos con mayor beneficio al impetrante del amparo, por lo que resulta innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación esgrimidos." En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194, 195, 197 y 198 de la Ley de Amparo, requiéraseles a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, cumplimente la ejecutoria de mérito. De igual manera se requiere al Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, para que en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, los conmine y cumplan con la ejecutoria conforme a los lineamientos ya señalados, quien en caso de no cumplir con lo anterior incurrirá también en responsabilidad por falta de cumplimiento de la sentencia, en los términos que las autoridades contra cuyo acto se hubiere concedido el amparo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo artículo 194 de la ley de la materia. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia. "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Asimismo, dígaseles que el cumplimiento de ejecutoria es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías, cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en lo conducente dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En la inteligencia que de no cumplimentarla dentro del plazo otorgado, sin causa justificada, se les aplicará una multa consistente en 100 Unidades de Medida y Actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), equivalente a $8,962.00 [ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional] conforme lo disponen los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259, de la Ley de Amparo, así como los artículos Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; así también con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Por lo que, se les apercibe que de no cumplimentar lo ordenado, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte una dilación en el dictado del presente auto; por ello, realícese la investigación correspondiente, a fin de proceder conforme a la normatividad relativa en tratándose de eventuales responsabilidades de los servidores públicos. .

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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