Ezequiel Damián Hernández

Expediente 1370/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1370/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ezequiel Damián Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por medio de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa Estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se Ordena Archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Por otro lado, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que se NEGÓ la medida cautelar; por tanto con fundamento en el artículo 20, fracción III, del precitado acuerdo, se declara que dicho cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años a que se refiere el artículo referido, deberá destruirse el cuaderno incidental y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las once horas con cuatro minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Secretario de Gobierno y por ministerio de ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad",, a través del cual solicita se le conceda una prórroga a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; asimismo, remite copia certificada de lo siguiente: ( Oficio CJ/DGACyA/637/2023-10-S, de doce de octubre actual, del que se advierte que solicitó al Subdirector del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, realizara las gestiones pertinentes para la publicación del acuerdo SO/AC-397/12-VII-2023. ( Oficio SG/SSG/DGJ/PO/0266/2023 signado por el Subdirector del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. En atención a lo anterior, con fundamento en los numerales 192 y 193, de la Ley de Amparo, otórguese a Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de Secretario de Gobierno y por ministerio de ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", una prórroga de diez días hábiles, contados a partir del momento en que quede debidamente notificado de este auto, para que dé cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace de su conocimiento que subsiste el apercibiendo decretado en el acuerdo en comento. Finalmente, con apoyo en el numeral 9 de la ley en cita, se tiene como sus delegados a las personas que menciona. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************. ********************Registro de la demanda.****************************************Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1370/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.********************Desechamiento parcial de la demanda. ****************************************De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la citada ley, mismo que establece:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************(.)********************X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;********************XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."****************************************La causal de improcedencia prevista en esta fracción tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada. Tiende a evitar la promoción de nuevos juicios de amparo planteados por los quejosos con idéntico objetivo.****************************************Se actualiza esta causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir al igual que en la fracción X del propio artículo 61 de la ley de la materia los siguientes elementos:****************************************Identidad del quejoso;****************************************Identidad de las autoridades responsables; e ****************************************Identidad de los actos reclamados.****************************************d) Aunque las violaciones constitucionales sean diversas. ****************************************El principio de cosa juzgada impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo.****************************************Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Registro: 237445. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Volumen 181-186. Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 91, que establece:******************** ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso".****************************************En la especie resulta evidente que la parte quejosa en el presente juicio reclama un acto que ha sido materia de otro juicio de amparo, siendo este el 981/2023, del índice de este órgano jurisdiccional.****************************************El aludido expediente se tiene a la vista y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que constituye un hecho notorio que este Juzgado Federal tenga conocimiento sobre la tramitación de un juicio constitucional por razón de su actividad como órgano jurisdiccional, del cual se desprende lo siguiente:****************************************Para una mejor comprensión se precisa lo siguiente:********************Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, remitido el mismo día, por razón de turno,********************por conducto de su apoderado legal Enrique Alfredo Meléndez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: ********************AUTORIDADES RESPONSABLES ********************"a) JUNTA ESPECIAL NÚMERO 31 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CUERNAVACA, MORELOS. b) C. PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 31 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CUERNAVACA, MORELOS". ********************ACTO RECLAMADO ********************"Abierta dilación y omisión de ejecutar el laudo en breve término en el juicio laboral ********************, que tramita dicha responsable"****************************************Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal formó el expediente 981/2023-I y por auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo por cuanto al citado acto reclamado.********************Previa secuela procesal, por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo al quejoso********************para los efectos siguientes:********************"Emita el acuerdo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el veintiséis de junio del presente año, registrado bajo el folio 16664, en el juicio laboral ********************."****************************************En consecuencia, por auto de veintidós de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia en comento, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo, mismo que se encuentra pendiente de atender por parte de la junta responsable.**************************************** Ahora bien, en el presente juicio, la parte promovente********************señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes:****************************************I.- De la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo siguiente:****************************************La omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y diez de agosto ambos de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************y notificar el acuerdo respectivo.********************Por tanto, resulta evidente que la parte quejosa en el juicio de amparo mencionado reclamó el acto a la misma autoridad responsable, y que este órgano de control constitucional resolvió lo respectivo, por lo que, en el caso se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que la parte promovente reclama, ha sido materia en el diverso juicio 981/2023, ya que existe identidad de quejoso, acto y autoridad responsable, aunado al hecho de que la sentencia constitucional aún no se encuentra cumplida, entonces deviene infructuoso el ulterior juicio constitucional porque no podría arribarse a una cuestión distinta sin alterar la cosa juzgada.********************Sustenta lo anterior la tesis PC.XIX. J/3 K (11a.), sustentada por el Pleno del Decimonoveno Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VI, página 6173, registro 2026791, que reza:********************"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES UNA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE AMPARO (LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA).********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al conocer de recursos de queja sostuvieron posturas distintas respecto a si resulta jurídicamente factible estudiar en el auto inicial del juicio de amparo indirecto las figuras de la litispendencia y la cosa juzgada, previstas como causas de improcedencia en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, pues mientras uno de ellos consideró válido tener por actualizadas tales causales para desechar de plano la demanda de amparo, el otro estimó que su análisis exige un ejercicio hermenéutico más profundo y exhaustivo, lo que no es factible realizar en el auto inicial del juicio de garantías.********************Criterio jurídico: El Pleno del Decimonoveno Circuito determina que el auto inicial del trámite del juicio de amparo es una actuación procesal oportuna para analizar las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo (litispendencia y cosa juzgada), siempre y cuando no involucren situaciones complejas. Lo anterior, con la salvedad de que tratándose de litispendencia, ésta sólo podrá ser estudiada en el auto inicial si ambos juicios se promueven ante el mismo órgano jurisdiccional.********************Justificación: De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo tiene la posibilidad de desechar la demanda de garantías en el auto inicial si advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable una causa de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción X, de la invocada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas (litispendencia), mientras que la fracción XI señala que el juicio es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (cosa juzgada). Ahora bien, sin desconocer que instituciones como la litispendencia y la cosa juzgada a menudo plantean situaciones de resolución compleja, por los hechos, circunstancias o pruebas que es necesario analizar, lo que impide efectuar su estudio en el primer proveído del trámite del juicio de amparo, lo cierto es que en mayor o menor medida habrá casos en los que desde el auto inicial se podrán tener por actualizadas las referidas causas de improcedencia, si el asunto no tiene un grado de complejidad mayor, de modo tal que con la información y pruebas disponibles en ese estadio procesal se pueda arribar a la consideración de que tales causas de improcedencia son manifiestas e indudables. Ello, si se advierte que el primer juicio pendiente de resolución (litispendencia) o aquel en el que existe sentencia ejecutoria (cosa juzgada) y el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) son promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general, caso en el cual no existirá impedimento legal para desechar de plano la demanda de garantías por esas causas. La postura adoptada busca un equilibrio prudencial entre el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva y la posibilidad de evitar el trámite de juicios de amparo sin causa legítima."****************************************En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de junio del presente año, en el juicio laboral ********************.********************Admisión de la demanda********************Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de********************respecto de la autoridad y acto siguiente:****************************************I.- De la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo siguiente:****************************************La omisión de acordar el escrito presentado diez de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************y notificar el acuerdo respectivo.****************************************Del incidente de suspensión********************Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia.********************Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.**************************************** Requerimiento de informe justificado********************De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.********************Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo".********************En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)".**************************************** Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita.**************************************** De la audiencia constitucional********************Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Vista al Ministerio Público Federal********************Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************De la parte tercero interesada********************Por otra parte, atendiendo a las particulares de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal omisión-, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio.****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. ****************************************Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales".****************************************En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa, con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte. ****************************************Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario, la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa, ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación, amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo, beneficiaria también a la parte tercera interesada, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada).****************************************De la personalidad del promovente****************************************Con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a ********************, quien se ostenta como apoderado legal de********************dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece:****************************************"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA."****************************************En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida de actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta.********************Domicilio procesal y autorizado.****************************************En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo.********************Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica.****************************************Sin embargo, respecto de tenerlos como autorizados en términos amplios, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea reconocida la personalidad de la promovente de amparo.********************De las pruebas****************************************Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite las pruebas documentales que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional.********************Uso de medios electrónicos.********************Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.23 K (10a.), registro 2008986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, A y la diversa I.1o.A.22 K (10a.), registro 2008987, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1831, emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".****************************************"REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente".****************************************Obligaciones de las partes********************Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta.********************Transparencia y acceso a la información pública********************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.********************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles****************************************Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional.********************De las notificaciones a las partes********************Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia.****************************************Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.****************************************Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente:****************************************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."**************************************** Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación**************************************** Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. **************************************** En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. ********************Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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