Ezequiel Carrillo Balleza

Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
11/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Ezequiel Carrillo Balleza

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Juan Chávez Godínez, quien se ostenta defensor público de Ezequiel Carrillo Balleza, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en su carácter de Juez de Control y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 11/2023- VIII. Ahora bien, en principio debe tomarse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Lo anterior, en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juzgado de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un órgano jurisdiccional se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Juzgados de Distrito, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, técnicamente la competencia para conocer de una demanda de amparo biinstancial se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, sobre la base de que sólo así la parte quejosa puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de Distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza de los actos reclamados por la quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, visible en la página 1299, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la impugnación contra determinaciones del Ministerio Público 105/2022, a través de la que el Juez responsable revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FED/SLP/CVALLES/ 0000186/2022, seguida en contra del aquí quejoso Ezequiel Carrillo Balleza, en Ciudad Valles, San Luis Potosí y ordenó que se continuara investigando. En efecto, de la demanda que dio origen al presente asunto, se desprende que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en su carácter de Juez de Control, revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Agente de Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III, del Equipo de Investigación y Litigación 1, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que presumiblemente tuvieron lugar en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Así, de lo anterior se advierte que el acto reclamado conlleva una ejecución material en el lugar donde se tramita la carpeta de investigación FED/SLP/CVALLES/ 0000186/2022; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la legislación de la materia, en el cual la competencia para su conocimiento recae en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; esto es, en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí; en razón de que, como se desprende de párrafos anteriores, en la determinación reclamada se ordenó la investigación de los hechos que la ley señala como delito, dentro de la carpeta de investigación FED/SLP/CVALLES/0000186/2022, la cual se tramita en dicho municipio. En ese contexto, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, que se encuentre en turno, por ejercer jurisdicción en dicho municipio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se expresan, la Jurisprudencia 2a./J. 37/2005, sustentada por la Segunda Sala, visible a fojas 229, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J 13/95, pronunciada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, consultable en la página 107, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara incompetente, para conocer del presente juicio de amparo, estimando que debe remitirse junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, al considerarse que es el competente para su conocimiento, solicitando de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo correspondiente. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y por separado, fórmese cuaderno de antecedentes, con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes, a fin de que en su oportunidad se archive como asunto totalmente concluido. Únicamente para efectos de la notificación de este acuerdo, téngase como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa el que se indica en la demanda y como autorizada en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mireya Cayetano Cruz, en virtud de que la cédula profesional que proporcionó no se encuentra registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 11/2023-VIII, fórmese el presente cuaderno con motivo del impedimento legal planteado por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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