Ezequiel Álvarez Urzua
Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ezequiel Álvarez Urzua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se requiere cumplimiento a ejecutoria de amparo, con apercibimientos de ley.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual rinde informe justificado y, en apoyo al mismo, adjunta un disco compacto y copia certificada de constancias relativas al NUC 02-2023-10760 relativo a la causa penal 2440/2023. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Cabe precisar que el disco compacto que se recibe, es visible y audible; por tanto, se tienen por recibidos, admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza, los medios de prueba que remite la responsable, conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional, en términos del diverso 124 de la ley en cita. En otro punto, se le tiene proporcionando correos electrónicos y números telefónicos, únicamente para estar en contacto, respecto de las actuaciones del presente asunto no procesales. Asimismo, téngase a la Juez de Control responsable informando que puede ser notificada vía interconexión, para los efectos legales que haya lugar. No obstante lo anterior, toda vez que la autoridad responsable oficiante no anexó la transcripción de la audiencia inicial que refiere, sin embargo, dicha audiencia debe constar por escrito, como lo estipula la parte final del segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 67, del Código Nacional de Procedimientos Penales; de igual manera no adjuntó el índice cronológico de la misma. Por tal motivo, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada de: a) la transcripción de audiencia inicial celebrada en la causa penal 2440/2023, derivada del número único de caso al NUC 02-2023-10760, y b) del índice cronológico de su desahogo; mismas que se estiman necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de ser omisa a lo anterior dentro del plazo conferido para ello, se le hará efectiva una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación. -Terceros interesados- En diverso aspecto, la Juez responsable informa la participación de Verónica Urzúa Valenzuela, como representante legal de la menor víctima de iniciales I.FV.H.U., y el licenciado ******************** en su carácter de Fiscal de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Delitos con Detenido Poniente y proporciona el domicilio procesal con que cuenta el primero en mención, en aquel juicio. Por tal motivo y en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) y e) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Verónica Urzúa Valenzuela, como representante legal de la menor víctima, y el licenciado ******************** en su carácter de Fiscal de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Delitos con Detenido Poniente. En tal virtud, se instruye al Actuario adscrito a este juzgado federal para que proceda emplazar a los terceros interesados antes nombrados. La primera, Verónica Urzúa Valenzuela, en el domicilio ubicado en Calzada 1810 número 1098 de la colonia Hidalgo en esta ciudad; le corra traslado con el auto admisorio de veinte de abril de dos mil veintitrés y copia de la demanda de amparo, asimismo, le haga del conocimiento que la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior para los efectos legales procedentes. Asimismo, se ordena emplazar a juicio al tercero interesado licenciado ******************** en su carácter de Fiscal de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Delitos con Detenido Poniente, vía oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, desde luego, corriéndole traslado con copia del escrito de demanda y haciéndole saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.
- Incidental
Mexicali, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por********************, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia, en el juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en buzón judicial, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnada a este juzgado en la misma fecha, ********************por conducto de su apoderado legal ********************presentó demanda de amparo indirecto, mediante la cual solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que enseguida se precisan: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN A la autoridad responsable, se le reclama: 1.- Las omisiones dentro del Juicio Laboral ********************, de realizar el desahogo de la totalidad de las pruebas que fueron calificadas y admitidas por la autoridad responsable, misma que fijó fecha para su desahogo sin que haya tenido verificativo en la totalidad de las pruebas. 2.- Así mismo se le reclama la omisión de conceder a las partes su derecho de que presenten sus alegatos por escrito y con ello declarar cerrada la instrucción dentro del Juicio Laboral ********************, para que el juicio prosiga su secuela procesal. 3.- La violación a mis derechos humanos de Impartición y Acceso a la Justicia Pronta y Expedita, Debido Proceso; así como los principios de Legalidad y Certeza Jurídica y Principio de Debita Tutela Judicial contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión. En proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número ******************** y se previno a la parte quejosa y, en diverso de diecisiete del citado mes y año, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos por razón de trámite, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el Acuerdo 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de una autoridad de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados por la parte quejosa. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se revela que la parte quejosa reclama substancialmente lo siguiente: a) La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas dentro del juicio burocrático de origen ********************. b) La omisión de conceder a las partes su derecho de presentar alegatos por escrito y con ello, declarar cerrada la instrucción para que el juicio prosiga su secuencia procesal. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta capital, al rendir su informe justificado aceptó los actos a ella reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con la copia certificada de las diversas constancias del juicio laboral ********************; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedido por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior, la Jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de conceder a las partes su derecho de presentar alegatos por escrito y con ello, declarar cerrada la instrucción para que el juicio prosiga su secuencia procesal, esta resolutora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I y 1, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la transcripción se aprecia que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo, es el quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por lo expuesto, tomando en consideración la etapa procedimental en la que se sitúa el procedimiento laboral, es decir, desahogo de pruebas, y al reclamar el quejoso la omisión de la autoridad responsable de conceder a las partes su derecho de presentar alegatos por escrito y con ello, declarar cerrada la instrucción para que el juicio prosiga su secuencia procesal, se advierte claramente que es un acto futuro de realización incierta, pues no existe una certeza clara y fundada de su realización, esto es, de que la omisión de la que se duele se materialice, pues se desconoce la conducta procesal que asuma la autoridad responsable en el contradictorio de origen. Bajo esa óptica, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: IX.1o.17 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, con registro digital 2008134, de la Décima Época, que, a la letra, dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Asimismo, se cita por ser aplicable la tesis aislada XX.308 K, publicada con los siguientes datos número de registro: 209,001, materia común, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Por lo expuesto, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado al que se hizo alusión en líneas anteceden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En la especie, las partes no invocaron causa de improcedencia, ni esta juzgadora advierte la existencia otra de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto, conforme a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado en la demanda de amparo no se transcribe, debido a que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los puntos resolutivos con que deban terminar. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que hace consistir en la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir la autoridad responsable desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral ********************, incumpliendo con lo dispuesto en el numeral 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en relación con los ordinales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria como lo faculta el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Para sustentar lo anterior, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "[...] Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" Dispositivo constitucional del que se advierten las siguientes proposiciones, concretamente de su párrafo segundo, a saber: 1) Se garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos, se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un Órgano Jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, debe sujetarse a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues, los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Es así que, el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues, dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Derecho que tiene la correlativa obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, esto es, debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido. Es aplicable -en la especie- la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 299, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Es importante destacar que el procedimiento de origen, lo atinente a las pruebas se rige -entre otros- en el ordinal 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en que establece: "ARTÍCULO 125.- El Tribunal de Arbitraje, al concluir la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y dentro de los diez días siguientes, las calificará y fijará la fecha para el desahogo de aquéllas que hubiere admitido. El Tribunal de Arbitraje desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello." Del precepto transcrito, se desprende que la autoridad responsable, al concluir la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y dentro del plazo de diez días, calificará las pruebas ofrecidas por las partes y fijará la fecha para el desahogo de aquéllas que hubiere admitido; sin embargo, dicho precepto ni la legislación prevén el periodo en que las pruebas deben ser desahogadas, por ello, en el presente caso resultan aplicables los ordinales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, de manera supletoria, como lo faculta el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, que reza: "ARTICULO 12.- En los casos no previstos por esta ley y sus reglamentos se aplicarán supletoriamente, en el orden siguiente: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de justicia social que deriven del Artículo 123 constitucional, y los principios generales del derecho." Por su parte los ordinales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. [Énfasis añadido] "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas:I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos." [Énfasis añadido] De los arábigos que anteceden se desprende que la autoridad en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes y ordenará, en su caso, que se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la autoridad considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, periodo no deberá exceder de treinta días. Preceptos que no fueron debidamente atendidos, en virtud de que de las constancias que remitió la responsable con su informe justificado, se aprecia que en auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se pronunció sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló como fechas para el desahogo de diversas probanzas el tres, cuatro y seis de octubre de dos mil veintidós, mismas que de las referidas constancias se aprecia que ya fueron desahogadas. Sin embargo, se advierte que giró oficios a diversas dependencias a efecto de desahogar las pruebas consistentes en informes de autoridad, sin que a la fecha del dictado de la presente sentencia, se tenga constancia de que se hayan desahogado la totalidad de dichos medios de convicción aportados al citado juicio burocrático, pues no remitió constancias que así lo acredite, lo que pone de manifiesto que transcurrió en demasía el plazo de treinta días que establece la porción normativa de la legislación laboral antes invocada. Por lo anterior, se concluye que en el caso particular la responsable trasgredió en perjuicio del peticionario de amparo del derecho humano de prontitud en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional, en las anteriores etapas del proceso laboral sometido a su conocimiento, al no haberlo substanciado y decidido en los términos que señala la normatividad aplicable. Es aplicable por analogía al caso, la jurisprudencia I.5o.T. J/22, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 625, Tomo VII, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, SI PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA O RECEPCIÓN DE PRUEBAS SE FIJA UNA FECHA EXCESIVAMENTE POSTERIOR, DE MODO QUE NO SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El señalamiento de fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, verbigracia la celebración de una audiencia o la recepción de alguna prueba (casos de naturaleza adjetiva), sí tiene el carácter de un acto dentro del procedimiento, cuya realización es de imposible reparación, pues de consentirse tal disposición, no sería factible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada (impartición de justicia pronta y expedita), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, la probable infracción no puede ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, porque para entonces ya habría transcurrido inexorablemente el término fijado por la autoridad, y ningún fin práctico tendría conceder la medida solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Cabe destacar, en apoyo al argumento de lo plasmado, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.').", en lo conducente, señala: "... para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales ...", y como en el caso la transgresión resulta esencialmente adjetiva, es de estimarse que la misma debe ser impugnada a través del amparo biinstancial." En mérito de las consideraciones anteriores, al resultar substancialmente fundado el concepto de violación que se hace valer en relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. De conformidad con la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de concesión constitucional son para que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral ********************: a) Para el efecto de que en caso de que no se hayan desahogado la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio de origen, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo el desahogo de pruebas, en los términos que establecen los numerales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, de acuerdo con el artículo 12, a fin de que concluya la etapa probatoria. La anterior concesión se delimita en función del acto reclamado y el estadio procesal que guarda el expediente de origen, ello en atención a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Pues es de exacta aplicación a la anterior consideración, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libro I, de diciembre de dos mil trece, tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto, y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, y 124, de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por conducto de su apoderado legal ********************contra el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta sentencia constitucional. TERCERO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno de esta resolución. CUARTO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite, conforme quedó plasmado en el considerando décimo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Exequiel Jiménez Flores341/2016
- Exequiel Ruiz Rodríguez431/2023
- Eymos Edith Loza Loera1424/2022
- Eymos Edith Loza Lorena755/2023
- Ezequiel Álvarez Urzua502/2023
- Ezequiel Álvarez Urzua513/2023
- Ezequiel Carlos Gutierrez Ellis444/2022
- Ezequiel Carrillo Reatiga774/2021
- Ezequiel Carrillo Reatiga727/2021
- Ezequiel Castillo Hernández1130/2021
- Ezequiel Castillo Hernández1041/2021
- Ezequiel Castillo Hernandez894/2023