Eyssautier Gil Roland
Expediente 243/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eyssautier Gil Roland
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende, que transcurrió el plazo de cinco días, sin que el promovente interpusiera recurso de queja, en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, el cual es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso, el auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que: "Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la aclaración contenida en auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, sin que la hubiese desahogado; en consecuencia, se procede a acordar lo que en derecho corresponda de conformidad con los artículos 114, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, ante la falta de desahogo de la prevención y al no advertirse del escrito inicial, que el acto reclamado sea consecuencia de una sanción con motivo de la instrumentación de algún acta administrativa seguida ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa; y por ello al reclamar la parte quejosa todo acto tendiente a retener, negar, suspender o interferir en el pago de su salario; y cualquier otra actuación tendiente a separar, remover dar de baja, cesar o cualquier otra de terminar con el servicios en el puesto de Oficial Secretario de Ministerio Púbico, con motivo de la desaprobación del examen de control y confianza, y por ello, el reclamo de la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la naturaleza de esos actos son de materia laboral; por lo que, con fundamento en el artículo 55, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acepta la competencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, relativa al juicio de amparo 132/2017 de su índice, promovido contra actos del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Director General del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa, Director de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas y Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Infórmese lo anterior al órgano jurisdiccional en comento. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, del texto siguiente: En cumplimiento a lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, empero, previamente debe señalarse que en el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta con que se encuentre un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable, es decir, que de la simple lectura de la demanda, y en su caso de los documentos que a la misma se acompañen, se advierta de manera clara, inobjetable, sin dejar dudas, que el amparo resulta improcedente, supuesto en el que no es lógico que el Juez Federal admita a trámite un asunto ocioso para su resolución. De la lectura de los actos reclamados, conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama: Del Director General del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la emisión y contenido del reporte de no aprobado respecto de los exámenes de control y confianza realizados por esa Secretaría. Del Oficial Mayor y el Director General de Recursos Humanos, ambos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México todo acto tendente a retener, negar, suspender o inferir en el pago de su salario como Oficial Secretario del Ministerio Público. Del Contralor Interno de esa Procuraduría, cualquier actuación tendente a separar, remover, dar de baja o cual otra forma de terminar con el cargo que desempeña el quejoso. Del Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa, la emisión del citatorio con la finalidad de instrumentar un Acta Administrativa, con motivo del resultado de no aprobación en los exámenes de control y confianza. Del Director de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, el oficio número SAPD/DEA/300/94/2017-01, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Del Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la precitada Procuraduría, la emisión del oficio número IFP/CG/505/0935/07-16, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, a través del cual se dio a conocer el resultado de no aprobado por motivo de los exámenes de control y confianza realizados por la Secretaria de Seguridad Pública. 7. De las autoridades legislativas la inconstitucionalidad del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como su promulgación y publicación. Este órgano de Control Constitucional considera que en relación a los actos que se reclaman al Director General del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa, Director de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas y Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, todos ellos tienen su origen en la emisión y contenido del reporte de no aprobación de los exámenes de control y confianza realizados por el Director General del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, con el fin de que las demás autoridades en cita, realicen actos tendiente a retener, negar, suspender o interferir en el pago de su salario; y cualquier otra actuación tendiente a separar, remover dar de baja, cesar o cualquier otra forma de terminar con el servicios en el puesto de Oficial Secretario de Ministerio Púbico, por motivo de la desaprobación del examen de control y confianza, estos últimos los cuales no se han materializado, atendiendo a que el promovente no precisó si ya había sido instrumentada el acta administrativa correspondiente y con motivo de ella, sancionado con la separación del cargo y consecuentemente la imposibilidad de recibir su salario, ante lo cual se considera que en relación a todos esos actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo Ahora bien, el acto de origen que se analiza en este considerando consistente en la emisión y contenido del reporte de no aprobación de los exámenes de control y confianza realizados por la Dirección General del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no afecta la esfera jurídica del aquí quejoso, dado que su materialización es un acto futuro de realización incierta. Tal consideración radica en que por actos futuros e inciertos, debe entenderse aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; lo que en la especie se configura, pues su realización no es segura, por depender de la conducta que la responsable asuma en relación con los asuntos que ante ella se tramitan. Por tanto, es claro que ese acto reclamado de que se trata no favorece ni perjudica de manera personal y directa a la parte quejosa, esto es, no trascienden de manera alguna a su esfera jurídica y, por ende, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues dicho perjuicio se actualiza una vez que la autoridad que ordenó su resultado substanciara el procedimiento administrativo en contra de la parte justiciable, de cuya existencia fue omiso en precisar el impetrante, pues aun cuando sirve de base para instaurarlo y para decretar su separación, como este hecho es futuro de realización incierta, no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del examinado. Razón por la cual, para analizar ese acto que se controvierte en la presente instancia constitucional, debe existir como presupuesto que, a la presentación de la demanda de amparo, el mismo haya irrumpido en la esfera jurídica de la parte quejosa, ocasionándole un agravio, lo que en la especie no aconteció, pues como se vio el acto reclamado en estudio no genera un perjuicio al peticionario de amparo traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. En estas condiciones, los actos emitidos dentro de los procesos de evaluación de control de confianza no tienen, por sí solos, una ejecución de imposible reparación, porque no se ha emitido la resolución decisoria y, por tanto, el amparo promovido en su contra por el servidor público peticionario de amparo, es improcedente. Lo anterior esa así, pues del análisis integral de la demanda no se advierte que al quejoso por no haber aprobado el examen de control y confianza se le hubiese instaurado un procedimiento administrativo, pues será hasta ese momento en el cual el acto reclamado afecte su esfera jurídica y no antes; porque si bien, la no aprobación del examen sirve de sustento para instaurar un procedimiento que puede culminar con la separación de su cargo, lo cierto es, que el perjuicio se actualiza hasta en tanto se sustancia dicho procedimiento, porque podría acontecer que aun y cuando no aprobara dicha evaluación, aun así aquel no se instaurará, de ahí que el solo resultado de no aprobación no produce una afectación real concreta y directa en la esfera del quejoso, pues su consecuencia es de realización futura e incierta, porque depende de la conducta que adopte la responsable de llevar a cabo o no el procedimiento administrativo. Ante lo cual, ante las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos preceptos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, respecto de los actos reclamados precisados en el numeral uno. Desechamiento que debe hacerse extensivo respecto del acto reclamado precisado a el Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como su promulgación y publicación toda vez que no procede el estudio de la constitucionalidad, atento a que cuando se promueve un amparo en contra de disposiciones de observancia general con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte peticionaria del amparo, no puede desvincularse la apreciación de esa norma general del acto de aplicación relativo, dado que en este último se establece la situación concreta de la parte quejosa, de modo tal que esa vinculación entre la norma general reclamada y su acto de aplicación, impide que pueda proveerse sobre la admisión de la demanda de cuenta, sin considerar los actos en donde se hayan aplicado. En efecto, de acuerdo a la reclamación planteada en el presente juicio de amparo, no se podría analizar la constitucionalidad del precepto legal que se combate en esta vía, de manera aislada o independiente del acto de aplicación reclamado, puesto que como se dijo con antelación, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar uno prescindiendo del otro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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