Eymard Ausencio Abad Rivera

Expediente 332/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
332/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Eymard Ausencio Abad Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 31599/2017, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio 2333-III, con el que se remitió la demanda de amparo promovida por Eymard Ausencio Abad Rivera; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada Ahora, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo que promueve EYMARD AUSENCIO ABAD RIVERA, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; en consecuencia, fórmese y regístrese en el libro de gobierno el expediente de amparo con el número que le corresponda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, es menester que este tribunal se pronuncie acerca de su competencia para conocer de dicha demanda. .. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, que a saber, son las siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que el lugar de ejecución del acto impugnado es preponderante para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, debiendo atenerse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Fijada las bases de la competencia por territorio en materia de amparo, es necesario precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el catorce de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 169/2017, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Luego atendiendo a la naturaleza jurídica del acto reclamado, que se trata de uno materialmente ejecutable, es evidente que se actualiza la hipótesis transcrita del invocado numeral 36, pues dicho auto de vinculación a proceso tiene ejecución. Lo cual resulta indicativo de que las actuaciones que se dicten en el auto de vinculación a proceso tendrán ejecución en la jurisdicción de la ciudad de Oaxaca, lugar donde se encuentra la residencia de la autoridad responsable; toda vez que entre los efectos de tal resolución, se encuentran el que el procesado permanezca a disposición del juez del proceso, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de la obligación que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, o aun, cuando gocen de la libertad con motivo de la suspensión provisional, ya que, en cumplimiento a las medidas de eficacia otorgadas por el juez de distrito, el inculpado deberá comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional. .. De ahí, que no puede surtirse a favor de este juzgado la hipótesis prevista en el mencionado artículo 37, primer párrafo de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues en el caso, la resolución reclamada requiere ejecución material fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional; por lo que en el caso, dicha competencia se actualiza a favor del juzgado de distrito en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que se declina competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; por consiguiente, remítase el original de la demanda de amparo de referencia, y sus seis copias, para que proceda conforme a sus facultades legales. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Ramírez Calderón y Marcos Lino Cadena Loyo, y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a Benito López Rivera, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en penal, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado, lo anterior, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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