Eyffeyder Dávila Molina

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Eyffeyder Dávila Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, e informa que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, es a quien corresponde legalmente conocer la demanda de amparo promovida por el licenciado ************************ en representación de *******************************. Por tanto comuníquese a las partes que será el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien resolverá al respecto del juicio de amparo en el que se actúa. En tal virtud, dado que se observa que no existe trámite pendiente por realizar, ni promoción que acordar, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente cuadernillo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que no existen documentos originales, carece de valor jurídico, histórico y relevancia documental; en consecuencia, previo a su eliminación será prudente, una vez que transcurran los seis meses contados a partir de esta fecha. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado *******************, ante el Secretario que da fe, licenciado **************************. Doy fe. /IFM

  2. Principal

    CÚMPLASE

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al que adjunta el original del juicio de amparo 206/2021-VIII. Al efecto, con lo anterior, se tiene a la oficiante informando que no acepta avocarse al conocimiento del juicio de amparo que le fuera enviado, al considerar que el género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; refiere, que lo anterior se puede determinar mediante las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas, y de la invocación de los preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, refiere el oficiante, en el caso, en la demanda de amparo se advierte que reclama diversos actos que aparecen suscitarse en diversos procedimiento migratorios, reclamando la deportación, y sus consecuencias consistentes en la privación de su libertad fuera de procedimiento, incomunicación, entre otros. Y en este sentido señala, que conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde establece que los Juzgados de Distrito en Materia Penal, deberán conocer de las resoluciones judiciales del orden penal, actos que importen peligro de privación de la vida y, como en el caso acontece, deportación, entre otros, corresponde su competencia a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Y como apoyo a lo anterior invoca la siguiente tesis aislada, que constituye criterio sostenido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que se encuentra en la Décima Época, con el número de Registro: 2018047, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.16o.A.12 K (10a.), Página: 2280, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IMPUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE ESTUDIARLA EN SU TOTALIDAD.", que el juzgador está obligado a estudiar la acción constitucional que le es planteada, de manera integral, toda vez que dividir la continencia de la causa es tanto como contravenir los principios básicos que estructuran el proceso y, por ende, la Ley de Amparo misma. Bajo ese contexto, si el acto reclamado afecta la libertad personal en materia migratoria -emisión y ejecución de una orden de deportación- que es del conocimiento de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conjuntamente, se impugna la constitucionalidad de disposiciones de naturaleza administrativa, como pueden ser la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su reglamento y diversos actos en los que se aplicaron, por ejemplo, la resolución emitida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración que niega al quejoso la condición de refugiado o el incumplimiento de las autoridades migratorias de notificar de oficio a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a éstos, no es posible escindir el estudio de los actos que correspondan a la materia penal, toda vez que, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el libelo, pues de acuerdo con las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, so pena de dividir la continencia de la causa en perjuicio del quejoso y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal conocer del juicio promovido contra las disposiciones y actos señalados." Sin embargo, este juzgado reitera el criterio adoptado mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, y sostiene que, los actos de los que se duele el quejoso resultan ser de naturaleza administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que los asuntos de amparo en que serán competentes los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, son aquellos que las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas." Sin embargo, este juzgado reitera el criterio adoptado mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, y sostiene que, los actos de los que se duele el quejoso resultan ser de naturaleza administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que los asuntos de amparo en que serán competentes los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, son aquellos que las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. Pues en el caso, el quejoso se duele de la privación ilegal de la libertad, incomunicación, legal para la tramitación de solicitud de condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados e inminente deportación, realizada en contra de *****; actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración, Director o Encargado de la Estación Migratoria dependiente de Oficina de Representación en el Estado Nuevo León del Instituto Nacional de Migración; autoridades que es dable presumir que desempeña labores administrativas en relación con materia migratoria, por la simple apreciación de su denominación, al tratarse de una dependencia especializada en aspectos relativos al ámbito migratorio, mismos que son de naturaleza administrativa. De igual forma, se sustenta atendiendo a las manifestaciones efectuadas por el promovente, en su escrito de demanda, siendo las siguientes: ".La privación ilegal de la libertad, la incomunicación, ausencia de asesoría legal, ausencia de representación consular, ausencia de atención médica y de brindar un protocolo de sanidad para prevenir el contagio por COVID-19, ausencia de asesoría legal para la tramitación de solicitud de condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como la inminente deportación, expulsión o cualquier denominación del territorio nacional, de los extranjeros migrantes." Conforme lo anteriormente expuesto, es de ver que los actos por los cuales se duele el quejoso, son funciones que realiza la autoridad responsable en el ámbito de sus facultades, al seguir actuaciones que una autoridad Migratoria está facultada, en lo que se refiere ante el posible destierro del directamente quejoso, puesto que atendiendo a las manifestaciones del promovente y el principio del buen derecho, manifiesta que el quejoso *****, es de nacionalidad colombiana. Aunado a lo anterior, en opinión del suscrito y de manera respuesta, se considera que los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se pueden desvincular de la naturaleza del acto del cual emanan pues considerar lo contrario conllevaría que los jueces en materia penal conocieran actos inclusive de diversas materias, como lo sería la mercantil, civil, laboral, inclusive la propia administrativa. Ahora bien, debe decirse que este Juzgado de modo alguno está omitiendo realizar un análisis integral de la demanda, todo lo contrario, como se dijo en proveído veintisiete de abril del año en curso, esta autoridad al analizar de manera integral la demanda consideró que los actos de los cuales se duele la parte quejosa nacen precisamente de un procedimiento administrativo que regula precisamente las autoridades administrativas, y de ahí que se declara incompetente por la totalidad de los actos reclamados a las autoridades administrativas, de ahí que de ninguna manera se está dividiendo la continencia de la causa, por lo que en opinión de esta autoridad no resulta el criterio que menciona en el oficio de cuenta, mismo que es localizado bajo el rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Tampoco pasa desapercibido el diverso criterio que se mencionó en párrafos anteriores con el cual el oficiante sostiene su postura; sin embargo, debe decirse que al ser un criterio aislado no es de aplicación obligatoria para esta autoridad, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, se reitera que en términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en que, apliquen leyes federales o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido, tal y como sucede en el presente caso. Como sustento a lo anterior se señala la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VIII, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página 28, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Por tanto, este juzgado continúa en la postura de sostener que este juzgado es legalmente incompetente para conocer de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en turno, para que tenga a bien dirimir el mismo, determinando cuál juzgado es el que debe conocer del presente juicio de amparo; remitiendo para tal efecto los autos originales en un tomo. En virtud de lo anterior, continúese actuando en el cuadernillo que se ordenó formar en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, hasta en tanto se resuelva el conflicto competencial planteado. Hágase saber la anterior determinación al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en vía de acuse de recibo y para los efectos legales conducentes dentro de su juicio de amparo 420/2021 de su índice. Finalmente, toda vez que del expedientillo derivado del juicio en que actúa se advierte que el tres de mayo se tuvo por recibido el informe de suspensión de plano de la responsable Encargado de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; por tanto, glósese el oficio original y auto recaído al presente sumario y obténgase copia certificada para que obre en el expedientillo en que se continuará actuando. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Zenaido Orozco Contreras, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante la Secretario que da fe, licenciada Karina Ruiz Cruz. Doy fe. Thania

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, mediante el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano concedida lo anterior con apego en el numeral 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, de autos se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, este Juzgado de Distrito determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **, a favor de **, por lo que se remitieron los autos del presente sumario al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a fin de turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda. En consecuencia, este Juzgado se reserva a proveer sobre el informe allegado, hasta en tanto se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que correspondió conocer del asunto aquí planteado mediante oficio número 7255/2021 y, en su caso de la determinación que de él recaiga. De conformidad con el artículo 9 de la citada legislación, se tiene a la autoridad que así lo solicita designando como delegado al profesionista que precisa en su informe.

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