EYDMAR ROBERTO CANIZALEZ MARÍN y Otros.

Expediente 1579/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1579/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2015

Partes del expediente

  • EYDMAR ROBERTO CANIZALEZ MARÍN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, las copias certificadas que remitió anexas a su informe justificado, mismas que obran en un tomo por separado.

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del dictamen pericial en materia de grafoscopía emitido por el perito oficial Sergio Cipriano Sánchez López (fojas 99 a 100), se advierte que opera la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, 6° y 15 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha Ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. comentado en el párrafo anterior, pudiendo hacerlo el quejoso por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o por cualquier otra persona, en los casos y procedimientos específicos, previstos en la mencionada Ley. En relación con este último, el artículo 15 de la Ley de Amparo regula que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; en cuyo caso el directo quejoso, habido que sea, deberá ratificar la demanda de amparo, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, en caso de que no lo haga. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, lo cual implica que en el escrito de demanda correspondiente, mediante el cual se promueva la instancia de amparo, deberá estar plasmada la voluntad del directo quejoso o de su representante, por lo regular, mediante el asentamiento de su firma, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relacionados con los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede ser promovido el juicio de amparo por otra persona. HECHOS En el caso, se advierte que el escrito de demanda de amparo que originó este asunto aparece aparentemente firmado por Eymard Roberto Canizalez Marín y otros, quien fue señalado como quejoso en el proemio del referido escrito y en la parte relativa donde se asentó una firma atribuible a dicho promovente; asimismo, mediante oficio de catorce de noviembre de dos mil catorce (foja 22 a 23), las autoridades responsables residentes en Villa Aldama, Veracruz, al advertir que la firma que calzaba la demanda de amparo difería visiblemente de las que constan en documentos que obran en los expedientes administrativos del Centro Federal; por tanto, el diez de diciembre de dos mil catorce (foja 68), se requirió al Encargado de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, para que designara en perito en materia de grafoscopía a fin de desahogar dicha prueba; por lo que, una vez designado el perito oficial se le requirió para que el término de diez días rindiera su dictamen pericial correspondiente, dicho dictamen fue recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito el diecinueve de febrero de dos mil quince (foja 99) y ratificado por el perito oficial en la misma fecha (foja 98), por lo que se ordenó dar vista a las partes con el contenido del mismo, (foja 102). Adicionalmente, se destaca que del contenido de dicho dictamen pericial se aprecia que la conclusión alcanzada por el perito oficial Sergio Cipriano Sánchez López, fue que la firma localizada en la promoción de la demanda de amparo sobre el nombre de Eymard Roberto Canizalez Marín, no es suya y no fue realizada de puño y letra de dicho quejoso. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo no fue firmada por el directo quejoso Eymard Roberto Canizalez Marín y no está cumplido el requisito de instancia de parte agraviada, pues en la demanda de amparo no se incorporó la voluntad del directo quejoso, al no producir efecto alguno una firma que no es auténtica y no poderse otorgar eficacia, por el riesgo que implicaría avalar un acto ilegal, consistente en la falsificación de una firma. No es óbice a lo anterior que los actos que se pretenden impugnar por esta vía son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto se afirmó que se reclama la falta de atención médica y medicamentos, pues como se dijo, una firma que carece de autenticidad no produce efecto alguno; aunado a que en el escrito de demanda se estableció que la instancia de amparo era promovida por el directo quejoso Eymard Roberto Canizalez Marín y no se manifestó por qué el agraviado estaba imposibilitado para promover el amparo, para que otra persona lo hiciera en su nombre; por lo que, además de que el juez de amparo no puede variar los hechos asentados por el promovente, en acatamiento al derecho humano de debido proceso y seguridad jurídica de las partes, tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reúnen los requisitos previstos en los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, consistentes en que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre al tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues en el escrito respectivo, se dijo que promovía el directo quejoso y no se estableció la imposibilidad correspondiente. En tales condiciones, procede declarar actualizada la causa de improcedencia en estudio y sobreseer en el juicio fuera de la continuación de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la continuación de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: "Registro No. 223817 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Enero de 1991 Página: 213 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." "Registro No. 208351 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Página: 303 Tesis: VI.1o.151 K Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal."

  3. Principal

    Agréguense a los autos el dictamen pericial en materia de grafoscopía, emitido por el perito oficial Sergio Cipriano Sánchez López, así como la diligencia de ratificación respectiva; por tanto, téngase por rendido el dictamen de mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, póngase a vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en proveído de veintiocho de enero de dos mil quince, al perito oficial designado en este asunto, a efecto de que emita el correspondiente dictamen en materia de grafoscopía forense; por tanto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, para su continuación, la cual se fija de manera objetiva, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional y la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.

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