Expedito Gregorio Gallegos Castillo

Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
279/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Expedito Gregorio Gallegos Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese el escrito signado por ************, albacea de la sucesión a bienes de ***************, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte y, al efecto, manifiesta: -Es necesario que se le fije fecha y hora para comparecer a consultar los oficios por los que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo. -No está cumplida la ejecutoria de amparo, porque no se ha cancelado la inscripción correspondiente en la Subdirección de Catastro de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Catastral del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que se manifestaran respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida De lo anterior, se aprecia que, de conformidad con la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debió dejar insubsistente las consecuencias posteriores al fallo definitivo del juicio de origen, por lo que debió ordenar la cancelación de la escritura correspondiente y hacer entrega a la parte quejosa del inmueble del cual fue desposeído, al no haber sido llamado a juicio. Por lo que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, y lo que refiere la quejosa forma parte de las prestaciones que se reclamaron en el juicio de origen y no de los efectos de la concesión del amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE SEIS DE ABRILDE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Con la demanda de amparo promovida por ***************; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 279/2021-III. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la parte quejosa reclama, el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de controversia familiar por convivencias 236/2018, en el que el Juez Primero Familiar de esta ciudad negó acordar de conformidad la petición de los quejosos en el sentido de ordenar que se lleven a cabo las convivencias de la menor de iniciales J.G.S.G. con los quejosos, pues estimó que el psicólogo de la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sugirió que las convivencias de los abuelos sean voluntaria y no forzadas; además señaló que, se le permitiera convivir con su padre alejada del conflicto, lo cual favorecerá su salud mental; y, a su vez, en dicho acuerdo requirió a José Juan Martínez Martínez para que en el término de tres días informara si dicha menor continua con terapia particular y los datos de identificación del profesionista para solicitar el informe de avance en el progreso emocional de la menor. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia El suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Ahora bien, el precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría sus facultades. Marco Estatal. Código de Procedimientos Civiles del Estado para el Estado de San Luis Potosí. Los artículos 932, 1147, 1148 y 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, disponen: "Artículo 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 933.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de tres días siguientes a la notificación, y se substanciará con un escrito por cada parte, ordenándose correr traslado a las partes del juicio, con el escrito de la interposición del recurso, sus anexos y copia del auto impugnado, para que en igual término concurran a deducir las partes, sus derechos, con relación al recurso; y la resolución del juez que debe pronunciarse dentro de otros tres días. Esta resolución no admite ningún recurso." "Artículo. 1147.- La apelación deberá intereponerse (sic) en la forma y términos previstos en el Artículo 940. Cuando la tramitación del Juicio de (sic) haya regido por las disposiciones, generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciera de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." "Artículo. 1148.- Salvo los casos previstos en el Artículo 948 Bis, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza." "Artículo 1149.- Los autos que no fuesen apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes." De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que en las controversias del orden familiar, procede recurso de apelación en contra de la sentencia que se dicte en los mismos; mientras que el cardinal 1149 dispone que los autos que no fueren apelables, y los decretos, serán recurribles mediante revocación. Por su parte, el numeral 933 de dicho ordenamiento legal señala que, la revocación debe pedirse por escrito dentro de tres días siguientes a la notificación, y se substanciará con un escrito por cada parte, ordenándose correr traslado a las partes del juicio, con el escrito de la interposición del recurso, sus anexos y copia del auto impugnado, para que en igual término concurran a deducir las partes, sus derechos, con relación al recurso; y la resolución del juez que debe pronunciarse dentro de otros tres días. Caso concreto. De los antecedentes que bajo protestad de decir verdad narran los quejosos, así como de los que se advierten del juicio de amparo 65/2020-II, el cual se tiene a la vista como hecho notorio de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Décima Época, registro 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), se desprende que: 1. Expedito Gregorio Gallegos Castillo y María Magdalena Salazar Gaspar demandaron en la vía de controversia familiar a José Juan Martínez Martínez, por regulación de visitas a su nieta, de identidad reservada, J.G.M.G. 2. Esa controversia se admitió en auto de nueve de julio de dos mil catorce; asimismo, se ordenó el emplazamiento del demandado. 3. En escrito de cinco de septiembre de dos mil catorce, el demandado contestó la demanda. 4. En diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó la suspensión del régimen de visitas y convivencias ordenadas en autos, asimismo, estableció que se llevara a cabo un proceso terapéutico para Expedito Gregorio Gallegos Castillo, María Magdalena Salazar Gaspar, José Juan Martínez Martínez y la menor de identidad reservada, de iniciales J.G.M.G., para que se les permita relacionarse de manera adecuada y para proteger el interés superior de infante. Asimismo, giró oficio a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que dentro de tres días informara si dentro de su planilla de personal se encontraba psicólogo que pudiera realizar el proceso terapéutico antes referido. 5. En auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes dando contestación al oficio número 5423/2018 y se señaló fecha para la sesión inicial a la menor, por lo que se previno al aquí tercero interesado que la presentara ante la referida dependencia. 6. En proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó girar nuevo oficio al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que señalara fecha y hora para llevar a cabo la sesión inicial del procedimiento terapéutico a la menor. 7. El quince de enero de dos mil diecinueve, se agregó oficio en el que se designó a la psicóloga Angélica Salazar Anguiano para la valoración psicológica de Expedito Gregorio Gallegos Castillo, María Magdalena Salazar Gaspar y José Juan Martínez Martínez, por lo que se les requirió para que se presentaran en las oficinas de la Dirección de Bienestar Familiar. 8. En treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, entre otras cosas, se tuvo por recibido el oficio DIF/PD/0190/2019 del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el que informó que se designó especialista para que atendiera psicológicamente a la menor de iniciales J.G.M.G. y se le solicitó señalara nueva fecha para la evaluación y el diverso DIF/DF/044/2019 de la Directora de Bienestar Familiar, respecto del que se acordó solicitarle informe para saber si los actores se habían presentado para la evaluación programada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se ordenó dejar el oficio a disposición de las partes para que lo llevaran a su destino. 9. Mediante proveídos de diecinueve de febrero y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se agregaron oficios en los que se informó que Expedito Gregorio Gallegos Castillo y María Magdalena Salazar Gaspar se presentaron a la valoración psicológica, pero que deberían presentarse a las diversas citas. 10. Por auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se requirió al demandado para que presentara a la menor el diecinueve de marzo de la citada anualidad, ante el psicólogo, apercibido legalmente con multa. 11. En auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se solicitó al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informara si la menor fue presentada ante el especialista. 12. Mediante diversa comunicación número DIF/PD/5614/2018 de siete de diciembre del dos mil dieciocho, la Suprocuradora de Atención y Representación Jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó al Juez responsable que la menor de iniciales J.G.M.G no fue presentada ante dicha dependencia para la atención psicoterapéutica que fue solicitada. 13. Los actores presentaron escrito ante el juzgado familiar en el que indicaron que habían acudido al procedimiento terapéutico ordenado y que solicitaban convivir con la menor; y, a esa petición se acordó el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, que no había lugar a proveer lo requerido por los promoventes de convivir con su nieta de identidad reservada, porque no obraba en autos el resultado del procedimiento terapéutico. 14. En veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se agregó dictamen pericial en psicología a la menor. 15. En auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se agregó el proceso terapéutico remitido por la Directora de Bienestar Familiar del DIF, respecto de Expedito Gregorio Gallegos Castillo, María Magdalena Salazar Gaspar y José Juan Martínez Martínez y con el mismo se dio vista. 16. En auto de once de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable estableció que previo a acordar la convivencia solicitada nuevamente por los actores, se designaría un nuevo tutor interino y se requirió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para tal fin. 17. Reiteradamente, en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se recibió escrito de los actores en el que solicitaban convivencias con su nieta, sin embargo, no se acordó de conformidad su petición porque no hicieron manifestación alguna respecto al proceso terapéutico agregado en auto de dieciocho de junio de la misma anualidad. 18. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó que los actores debían estarse a lo acordado el quince de enero del mismo año, en el sentido de que se decretó la suspensión de convivencias y que se reanudarían una vez que se llevaran a cabo los estudios ordenados y proceso terapéutico, y una vez analizadas las constancias se advertía que no obraba el proceso terapéutico a la menor de identidad reservada. 19. En cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se proveyó girar oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que señalaran fecha y hora para llevar a cabo las sesiones de proceso terapéutico para la menor, en los términos ordenados en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, así como los estudios psicológicos ordenados en audiencia de siete de enero de dos mil diecinueve. 20. El dieciséis de enero de dos mil veinte, se agregó oficio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el que informó las fechas de las sesiones programadas para la menor, por lo que se ordenó notificar al padre de la misma para que la llevara a las oficinas de dicha entidad. 21. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, el juez responsable giró oficio al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que señalara fecha y hora para dar continuidad a las sesiones relativas al proceso terapéutico de la menor de identidad reservada, de iniciales J.G.M.G; asimismo, requirió a José Juan Martínez Martínez, para que presentara a la referida menor, ante el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para dar continuidad a las sesiones de referencia, quien señalo las catorce horas con quince minutos del veintiséis de noviembre del año pasado, para dar continuidad a las sesiones relativas al proceso terapéutico que deberían practicarse a la menor de identidad reservada de iniciales J.G.M.G. 22. Posteriormente, mediante escrito recibido por el Juez responsable el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, los quejosos solicitaron que se ordenaran y se realizan las gestiones necesarias para lograr la convivencias de estos con la menor de identidad reservada. 23. En acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Primero Familiar de esta ciudad negó acordar de conformidad la petición de los quejosos, pues estimo que el psicólogo de la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sugirió que las convivencias de los abuelos sean voluntaria y no forzadas; además de que, se le permitiera convivir con su padre alejada del conflicto, lo cual favorecerá su salud mental; y, a su vez, en dicho acuerdo requirió a José Juan Martínez Martínez para que en el término de tres días informara si dicha menor continua con terapia particular y los datos de identificación del profesionista para solicitar el informe de avance en el progreso emocional de la menor. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. En tales condiciones, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de revocación que señala el artículo 932 y 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Ello conforme a la jurisprudencia 11/2018 del Pleno del Máximo Tribunal, de texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Sin que en el caso, se involucren derechos de menores sea una excepción a la regla de definitividad, pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos, el primero de esos requisitos, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de los quejosos, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. En cambio la regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por lo que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sin que en el caso, los justiciables se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza familiar, en la que no se controvierte la libertad personal o se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se trata de personas extrañas al procedimiento; ni el recurso o medio de defensa a que se ha hecho mención, se sujeta a interpretaciones adicionales ni su fundamento legal es insuficiente para que los impetrantes del amparo puedan determinar cuál es el idóneo, debido a que el contenido de los referidos numeral 932 y 1149 no requiere una exégesis en su contenido. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los quejosos se encontraban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 932 y 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Decisión. Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano