Evomatik, Sociedad Civil

Expediente 2564/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2564/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Evomatik, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo a fin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, en el que se determinó que el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio quedo sin materia. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y ya que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de junio de dos mil veintidós, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó, por otro lado se negó y por otra parte se concedió el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 18 del referido Acuerdo. Destino de los cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado en el apartado 7.5 Tratamiento del incidente de suspensión (original) punto 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diez de junio de dos mil veintidós y del Manual antes citado, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido Acuerdo General y en el Manual referido en párrafos precedentes, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada. Devolución de documentos originales Atento a la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger los documentos que exhibió en original, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y por lista a la parte quejosa de conformidad con el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado vía juicio en línea por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, por el cual, acusa recibo del amparo en revisión 369/2017 de su índice, asimismo, informa que ordenó el archivo del mismo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las quejosas 1) *********; en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; sin que hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, conviene destacar que por auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del en el expediente auxiliar 576/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en la cual declaró firme el sobreseimiento, se confirmó respecto de **********, y se modificó, en relación con ********, la sentencia de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo indirecto 2564/2016 y su acumulado 2859/2016, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y la negativa del amparo. Por lo que, se destaca que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Queda firme, en relación con *********, la parte de la sentencia de amparo, en la cual se sobreseyó en parte, y en otra se concedió la protección de la justicia federal, contenida en los resolutivos primero y tercero de la sentencia recurrida; y, respecto de ***********, el aspecto en que se concedió la protección de la justifica federal, contenida en el resolutivo tercero. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma respecto de ***********, la sentencia de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo indirecto 2564/2016 y su acumulado 2859/2016, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********; la primera, respecto de las disposiciones legales reclamadas, precisadas en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida; a la segunda, en relación con las descritas en los resolutivos primero y segundo. (.)" Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que en el resolutivo primero de la misma, dejó firme la sentencia recurrida, respectos de las quejosas 1) *********, el aspecto que se concedió la protección de la justifica federal, contenida en el resolutivo tercero de la sentencia dictada por este juzgado de distrito, resolutivos que señalan lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de: (.) TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. NOTIFÍQUESE. (.)" Ahora bien, en los fundamentos y motivos expuestos en el considerando Décimo Tercero de la resolución del a quo, por el cual el Tribunal Colegiado dejó intocada, puntualiza lo siguiente: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (..) En ese orden de ideas, este juzgador considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos (..) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (..) Por lo que, en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que realizada lo siguiente: "(.) SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: JUICIO DE AMPARO QUEJOSAS 2564/2016******** 2859/2016*********+ SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. (.)" ANÁLISIS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 600-04-04-05-00-2022-4339 enviado por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria recibido en este órgano jurisdiccional vía juicio en línea el trece de mayo de dos mil veintidós, informó respecto las quejosas ************, lo siguiente: "(.) (.)" En efecto, se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, respecto de las quejosas **********, no les fue instaurada revisión electrónica alguna de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, al advertirse que los quejosos fueron omisos en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes 1) **********, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído treinta de mayo de este año.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, por el cual informa el contenido del acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, dictado en los autos del cuaderno de antecedentes 576/2021 de su índice; del cual se advierte en lo que interesa que turno el amparo en revisión administrativo 369/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, para proyecto de sentencia a la ponencia del Magistrado Antonio Valdivia Hernández. Asimismo que aplazó la resolución del citado asunto, hasta en tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emita el Acuerdo General Plenario correspondiente; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura.

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