EVIN GEOVANY ANGELES GONZALEZ y Otros.

Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
941/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • EVIN GEOVANY ANGELES GONZALEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del quejoso EVIN GEOVANY ANGELES GONZALEZ, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por EVIN GEOVANY ANGELES GONZALEZ, contra actos del JUEZ DE CONTROL DE JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCION DE SENTENCIAS SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Evin Geovany Ángeles González, contra los actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Adversarial, Región Judicial Centro Poniente, San Andrés Cholula, Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 941/2017. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos legales que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del segundo de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos dentro de juicio, se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Por tanto, para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en el invocado inciso b) de la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que en el presente asunto, la quejosa reclama: "La eminente violación a un debido proceso legal, así como una inadecuada defensa, negligente, precaria y/o ineficiente, de la cual Juez de Control tuvo conocimiento y convalido dicha situación, así como no proveer los principios de legalidad y seguridad jurídica del suscrito durante el procedimiento." Ello dentro de la carpeta administrativa 58/2017 del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de Sentencias de la Región Centro Poniente de San Andrés Cholula, Puebla. En efecto, dichos actos reclamados no transgreden materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución y Tratados Internacionales, al no afectar a la parte quejosa en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, pues se trata de cuestiones relativas a la adecuada defensa, situación que de manera alguna trasciende a una afectación material de alguno de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Lo que evidencia que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior se colige que dicho acto no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte, pues no hay que perder de vista que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa y, en el caso, las actuaciones relativas a una defensa, no puede considerarse una afectación a derechos sustantivos, en virtud de que no hay una afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos del gobernado, como podría ser la vida, posesiones, cosas, etcétera, por lo cual tal acto no genera ni produce huella en su esfera jurídica. Apoya a lo anterior la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), visible en la página 1947, libro 19, del mes Junio de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto son del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." De la misma manera, sirve de apoyo a lo anterior en lo que interesa, la tesis número XI.P.14 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1844, tomo II, Diciembre de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta." En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de éste órgano jurisdiccional, autorizando a Alfredo García García en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizada a la diversa profesionista de manera restringida como lo precisa en la misma, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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