Eviatar Antonio Osorio Coronel
Expediente 517/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eviatar Antonio Osorio Coronel
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaria en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que dice rendir informe justificado y remite las constancias que le fueron solicitadas mediante acuerdos de quince y veintisiete de mayo del año en curso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que claramente aparezca demostrado que no existe el acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." De lo anterior, se infiere que cuando exista una causal de sobreseimiento que fuese notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y...". La causal de sobreseimiento prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de sobreseimiento, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama la omisión de comisionar al Actuario adscrito a la Junta responsable para notificar a las partes el laudo de once de julio de dos mil dieciocho. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, notificó a las partes el proyecto de resolución de laudo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y elevado a la categoría de laudo el once de julio del citado año, dictada en autos del juicio laboral 865/2016. Esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el quince de abril de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que a la fecha en se presentó la demanda de amparo no existía el acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior permite deducir sin lugar a dudas la inexistencia del acto reclamado, sin que haya posibilidad alguna de que se pueda desvirtuar dicha inexistencia con algún medio de prueba que exhiban las partes. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que dice rendir informe justificado y remite las constancias que le fueron solicitadas mediante acuerdos de quince y veintisiete de mayo del año en curso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que claramente aparezca demostrado que no existe el acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." De lo anterior, se infiere que cuando exista una causal de sobreseimiento que fuese notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y...". La causal de sobreseimiento prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de sobreseimiento, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama la omisión de comisionar al Actuario adscrito a la Junta responsable para notificar a las partes el laudo de once de julio de dos mil dieciocho. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, notificó a las partes el proyecto de resolución de laudo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y elevado a la categoría de laudo el once de julio del citado año, dictada en autos del juicio laboral 865/2016. Esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el quince de abril de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que a la fecha en se presentó la demanda de amparo no existía el acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior permite deducir sin lugar a dudas la inexistencia del acto reclamado, sin que haya posibilidad alguna de que se pueda desvirtuar dicha inexistencia con algún medio de prueba que exhiban las partes. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede y toda vez que de autos se advierte que la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no ha remitido la constancia de notificación realizada a la parte demanda del laudo dictado en autos del juicio reclamatorio laboral 865/2016 que le fue solicitada mediante acuerdo de quince de mayo del año en curso; en consecuencia, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de dicha documentación. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva fecha y hora para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
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