Evert Harm Hulleman
Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Evert Harm Hulleman
- Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de doce de enero pasado, en el que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 21, inciso b), este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvanse los cuatro tomos de pruebas formados con las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados.
- Incidental
Vista la cuenta, se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo del juicio principal relativo al presente incidente de suspensión; en consecuencia, archívese el cuaderno en que se actúa. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva en el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), este cuaderno incidental es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
intégrese al expediente el oficio suscrito por Hadassa Isai Fonseca Segoviano, autorizada de la tercera interesada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual informa que el ocho de diciembre pasado, su representada Ma. Guadalupe Rojas Cervantes y Gabino Carbajo Guzmán, mandatario judicial del quejoso Evert Harm Hulleman, llegaron a un convenio sobre el pago de lo condenado en el juicio civil de origen, el cual fue ratificado por las partes ante la autoridad responsable y elevado a categoría de cosa juzgada, y para acreditar lo anterior, remite copia certificada de las constancias respectivas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga la documental anexa al ocurso que se provee, la cual goza de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Del contenido de las constancias recibidas, se estima que en el presente asunto sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, fuente 139-144, página 13, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, están colmadas dichas exigencias para considerar que el acto reclamado en esta instancia constitucional ha sido consentido. Para demostrar lo anterior, se narran de manera sumaria los antecedentes del acto reclamado. 1. El uno de abril de dos mil nueve, Claudia María Villaseñor Rangel de Alba (ex esposa del quejoso) demandó en la vía ordinaria mercantil de "Morán Construcciones e Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable", Sergio Morán Velázquez y Ma. Guadalupe Rojas Cervantes, el pago de diversas prestaciones. 2. Por turno, conoció del asunto el Juzgado Quinto Civil de Partido, que radicó el expediente bajo el número M-28/2009. 3. Durante la secuela procesal, el veintisiete de enero de dos mil once, fueron transmitidos los derechos litigiosos de la accionante a favor de Evert Harm Hulleman, y el siete de octubre de dos mil once se dictó sentencia. 4. Inconformes con tal determinación, el quejoso y la tercera interesada interpusieron apelación, que por turno correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, bajo el toca de apelación 48/2012, y el treinta de enero de dos mil doce se dictó sentencia, la cual modificó la resolución recurrida. En segunda instancia, se condenó al quejoso al pago de las costas generadas con motivo de la tramitación del juicio natural en favor de la tercera interesada. 5. En ese contexto, Ma. Guadalupe Rojas Cervantes, por conducto de mandatario judicial, promovió incidente de liquidación de costas procesales, dictándose interlocutoria el cuatro de mayo de dos mil doce. 6. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió el veintisiete de septiembre de dos mil doce, dentro del toca 401/2012 del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. El tribunal de alzada reformó la interlocutoria recurrida para el efecto de determinar que el negocio de origen es de dificultad media, y por tal razón condenó a Evert Harm Hulleman al pago de $383,961.50 (trescientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y uno pesos con cincuenta centavos) en favor de Ma. Guadalupe Rojas Cervantes, por concepto de gastos y costas procesales. 7. Seguido el trámite de ejecución de sentencia, por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se dictó auto de mandamiento en forma en contra del deudor incidental, con el uso de la fuerza pública. 8. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo de un inmueble. 9. En contra de dicha determinación, Evert Harm Hulleman interpuso apelación, y el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó el auto recurrido. -Esta determinación es el acto reclamado en esta instancia. En el caso, el quejoso reclama la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 506/2022, la cual confirmó el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en la que se aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada en ejecución del incidente de regulación de gastos y costas, promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil M-28/2009 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, y se desestimó la solicitud de prescripción para pedir la ejecución de sentencia. No obstante, en las documentales recibidas en esta fecha, se observa que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso celebró convenio con la tercera interesada, en el que se obligó a realizar el pago de la condena impuesta en el juicio de origen por concepto de costas procesales, a saber: $383,961.50 (trescientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y uno pesos con cincuenta centavos), bajo cuatro parcialidades y en los términos ahí precisados. Asimismo, pactaron que el gravamen que pesa sobre el inmueble embargado en el juicio de origen, con folio real R15*38041, se levantará una vez liquidada la deuda. En la propia fecha de celebración del convenio, las partes ratificaron su contenido ante la Juez Quinto de Partido Civil de esta ciudad, por lo que una vez aprobado, por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, fue elevado a la categoría de cosa juzgada. En ese contexto, el quejoso externó actos que entrañan el consentimiento del acto reclamado, pues celebró un convenio con la tercera interesada, con el objeto de garantiza el pago del monto al que fue condenado en el incidente de ejecución se sentencia. Lo cual implica que el promovente del amparo expresó de manera clara e indiscutible que está de acuerdo con el acto de autoridad (aprobación de embargo de inmueble y desestimación de su solicitud sobre la prescripción para pedir la ejecución de sentencia), pues al haberse comprometido a pagar la cantidad a la que fue condenado por concepto de costas procesales, y dar su anuencia para que el embargo trabado sobre un inmueble de su propiedad se levante hasta que liquide dicho adeudo, aceptó sus consecuencias. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Comuníquese lo anterior, a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
Vista la certificación secretarial y el estado de autos, se aprecia que el nueve de noviembre del actual se tuvo emplazó a juicio a la tercera interesada. De modo que a la fecha está transcurriendo el término de ocho días, a fin de que la tercera interesada se imponga del contenido de autos, y en su caso, ofrezca las pruebas y formule los alegatos que a su interés convenga. Por tanto, para no dejarla en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo. En otro orden, se observa que la tercera interesada señaló su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en auto de diez de noviembre del actual, se tuvo a dicho profesionista autorizada en términos restringidos del aludido artículo; sin embargo, como quedó señalado en la certificación que antecede, la profesionista de referencia actualmente tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y se acuerda: Téngase a su autorizada de la tercera interesada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, intégrese al expediente el escrito signado por la autorizada de la tercera interesada; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, que podrán tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.
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