Everardo Santiago Reyes
Expediente 935/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Everardo Santiago Reyes y Otros.
- Everardo Santiago Reyes
- Juez Primero Mixto de Primera Instancia, Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA III A Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 2443 signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del oficio 6081 III-A del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 935/2014, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor para seguir conociendo del aludido juicio de amparo promovido por Everardo Santiago Reyes y Guadalupe Pacheco Martínez, mismo que quedó radicado bajo el número 210/2015. En este orden, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. En otro aspecto, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de la fracción I del invocado punto Vigésimo del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado de procesal que guardan los autos se advierte que mediante escrito de demanda de amparo presentada el once de julio de dos mil catorce, y recibida en este Juzgado en esa misma fecha, EVERARDO SANTIAGO REYES y GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca, como ordenadoras; así como Ejecutores de los Expedientes Pares e Impares Civiles o Mercantiles adscritos a los Juzgados Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, como ejecutoras; de quienes reclamaron lo siguiente: ACTO RECLAMADO.- De las responsables ORDENADORAS les reclamo la falta de emplazamiento en el expediente civil y/o mercantiles que se me siguen a mis espaldas que se lleva ante ellos, así como todo lo actuado en el procedimiento que se haya llevado porque no se respecto la garantía de audiencia a que tengo derecho ni se siguieron las normas del procedimiento, y de las responsables EJECUTORAS la ilegalidad del emplazamiento que se haya realizado en dicho juicio. Actos que los impetrantes estimaron violatorios de los derechos humanos previstos en los artículos 1º, primero párrafo, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer orden, resulta conveniente precisar que todas las autoridades responsables rindieron su respectivo informe justificado, con excepción del Ejecutor Llevador de los expedientes pares civiles o mercantiles adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca (fojas 21, 33, 38, 43, 57). De la lectura de esos informes, cabe destacar que, el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Segundo Mixto autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Ejecutores Judiciales de las Mesas Par e Impar adscrito a dicho Juzgado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que les reclamaron los quejosos EVERARDO SANTIAGO REYES y GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ (fojas 21, 33 y 43). Por su parte, el Secretario Judicial Encargado del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, y Ejecutor de la Mesa Impar adscrito a dicho Juzgado (fojas 38 y 57), al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se le reclaman, pues al efecto manifestó la primera de ellas que dicho acto es cierto únicamente por lo que hace al quejoso EVERARDO SANTIAGO REYES, en virtud de que en dicho Juzgado se tramita el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia, promovido por Fernando Tobías Lucas, en su calidad de apoderado legal de Ricardo Hernán Cervantes Reyes, en contra de Everardo Santiago Reyes y Rodrigo Ramos García, en el que consta que mediante diligencia de once de diciembre de dos mil trece, fue emplazado a juicio el primero de los mencionados, sin haber dado contestación a la demanda entablada en su contra dentro del plazo de cinco días que se le concedió; asimismo, por auto de veintiuno de febrero de dos mil catorce, se tuvo al demandado por perdido el derecho para contestar la demanda y por presuntivamente confeso de los hechos de la misma y se ordenó hacerle sus notificaciones por medio de cédulas que se fijan en el tablero de avisos de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, por auto de siete de mayo de dos mil catorce, se mandó abrir el juicio a prueba por el plazo de veinte días hábiles e improrrogables y comunes a las partes. Por su parte, el Ejecutor llevador de los expedientes pares civiles y mercantiles adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, no rindió su respectivo informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificado desde el veintidós de julio de dos mil catorce (foja 13); por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Bajo, ese planteamiento se conoce que las mencionadas autoridades responsables fueron omisas en pronunciarse respecto de la existencia o no de los actos reclamados por la diversa quejosa GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ, sin embargo, de la lectura integra de las constancias que remitieron, resulta evidente la inexistencia de los actos por lo que a dicha quejosa se refiere. Ahora bien, resulta necesario verificar si se tiene competencia legal para conocer de la mencionada demanda de garantías, al ser ello un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante quien se presente la demanda de amparo. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que de un análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, los peticionarios del amparo, esencialmente, reclaman a través del presente juicio de amparo lo siguiente: a) De los titulares de los Juzgados Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca: La orden para realizar su emplazamiento en el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia. b) De los Ejecutores llevadores de los expedientes civiles y mercantiles de las mesas pares e impares, adscritos a los Juzgados Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca: La ilegalidad de la diligencia de notificación y emplazamiento de once de diciembre de dos mil trece en el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia. Además, que de las propias constancias remitidas por el titular del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, al rendir su informe justificado, mismas que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la diligencia de notificación y emplazamiento fue realizada por el ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia en Puerto Escondido, Oaxaca, quien se constituyó en el domicilio ubicado en la Calle Tercera Poniente sin número, entre las calles novena y décima norte, sector Juárez, Municipio de San Pedro Mixtepec, Santa Catarina Juquila, Oaxaca. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que los actos reclamados a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tuvieron una ejecución material en el Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; por tanto, se surte la primera regla competencial, que se refiere al lugar en donde tuvieron ejecución los citados actos combatidos, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realizó. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material. Precisado lo anterior, debe destacarse que en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se establece lo siguiente: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO:(...) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (...) San Pedro Mixtepec (...). De lo anterior se advierte que por los actos que se susciten dentro del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, corresponde conocer a los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. En este orden de ideas resulta indiscutible concluir que si los actos reclamados en esta instancia tuvieron ejecución dentro del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo es al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tuvieron ejecución los actos reclamados, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y al no haberse solicitado la suspensión en el presente asunto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, por ende, se ordena remitir el presente expediente, así como sus dos cuadernos de prueba, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para el efecto de que lo turne al órgano de control constitucional que corresponda con sede en dicho lugar, a quien se estima competente; solicitándole el acuse de estilo correspondiente. Con las constancias conducentes se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. En tales condiciones, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mesa III-A. Notificación personal por lista. (3ro Interesado). Visto el estado de procesal que guardan los autos se advierte que mediante escrito de demanda de amparo presentada el once de julio de dos mil catorce, y recibida en este Juzgado en esa misma fecha, EVERARDO SANTIAGO REYES y GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca, como ordenadoras; así como Ejecutores de los Expedientes Pares e Impares Civiles o Mercantiles adscritos a los Juzgados Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, como ejecutoras; de quienes reclamaron lo siguiente: ACTO RECLAMADO.- De las responsables ORDENADORAS les reclamo la falta de emplazamiento en el expediente civil y/o mercantiles que se me siguen a mis espaldas que se lleva ante ellos, así como todo lo actuado en el procedimiento que se haya llevado porque no se respecto la garantía de audiencia a que tengo derecho ni se siguieron las normas del procedimiento, y de las responsables EJECUTORAS la ilegalidad del emplazamiento que se haya realizado en dicho juicio. Actos que los impetrantes estimaron violatorios de los derechos humanos previstos en los artículos 1º, primero párrafo, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer orden, resulta conveniente precisar que todas las autoridades responsables rindieron su respectivo informe justificado, con excepción del Ejecutor Llevador de los expedientes pares civiles o mercantiles adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca (fojas 21, 33, 38, 43, 57). De la lectura de esos informes, cabe destacar que, el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Segundo Mixto autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Ejecutores Judiciales de las Mesas Par e Impar adscrito a dicho Juzgado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que les reclamaron los quejosos EVERARDO SANTIAGO REYES y GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ (fojas 21, 33 y 43). Por su parte, el Secretario Judicial Encargado del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, y Ejecutor de la Mesa Impar adscrito a dicho Juzgado (fojas 38 y 57), al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se le reclaman, pues al efecto manifestó la primera de ellas que dicho acto es cierto únicamente por lo que hace al quejoso EVERARDO SANTIAGO REYES, en virtud de que en dicho Juzgado se tramita el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia, promovido por Fernando Tobías Lucas, en su calidad de apoderado legal de Ricardo Hernán Cervantes Reyes, en contra de Everardo Santiago Reyes y Rodrigo Ramos García, en el que consta que mediante diligencia de once de diciembre de dos mil trece, fue emplazado a juicio el primero de los mencionados, sin haber dado contestación a la demanda entablada en su contra dentro del plazo de cinco días que se le concedió; asimismo, por auto de veintiuno de febrero de dos mil catorce, se tuvo al demandado por perdido el derecho para contestar la demanda y por presuntivamente confeso de los hechos de la misma y se ordenó hacerle sus notificaciones por medio de cédulas que se fijan en el tablero de avisos de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, por auto de siete de mayo de dos mil catorce, se mandó abrir el juicio a prueba por el plazo de veinte días hábiles e improrrogables y comunes a las partes. Por su parte, el Ejecutor llevador de los expedientes pares civiles y mercantiles adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, no rindió su respectivo informe justificado a pesar de haber quedado debidamente notificado desde el veintidós de julio de dos mil catorce (foja 13); por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Bajo, ese planteamiento se conoce que las mencionadas autoridades responsables fueron omisas en pronunciarse respecto de la existencia o no de los actos reclamados por la diversa quejosa GUADALUPE PACHECO MARTÍNEZ, sin embargo, de la lectura integra de las constancias que remitieron, resulta evidente la inexistencia de los actos por lo que a dicha quejosa se refiere. Ahora bien, resulta necesario verificar si se tiene competencia legal para conocer de la mencionada demanda de garantías, al ser ello un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante quien se presente la demanda de amparo. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que de un análisis integral del escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, los peticionarios del amparo, esencialmente, reclaman a través del presente juicio de amparo lo siguiente: a) De los titulares de los Juzgados Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca: La orden para realizar su emplazamiento en el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia. b) De los Ejecutores llevadores de los expedientes civiles y mercantiles de las mesas pares e impares, adscritos a los Juzgados Primero y Segundo Mixtos de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca: La ilegalidad de la diligencia de notificación y emplazamiento de once de diciembre de dos mil trece en el expediente civil 343/2013 relativo al juicio sumario civil y en ejercicio de la acción de jactancia. Además, que de las propias constancias remitidas por el titular del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, al rendir su informe justificado, mismas que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la diligencia de notificación y emplazamiento fue realizada por el ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia en Puerto Escondido, Oaxaca, quien se constituyó en el domicilio ubicado en la Calle Tercera Poniente sin número, entre las calles novena y décima norte, sector Juárez, Municipio de San Pedro Mixtepec, Santa Catarina Juquila, Oaxaca. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que los actos reclamados a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tuvieron una ejecución material en el Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; por tanto, se surte la primera regla competencial, que se refiere al lugar en donde tuvieron ejecución los citados actos combatidos, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realizó. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material. Precisado lo anterior, debe destacarse que en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se establece lo siguiente: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO:(...) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (...) San Pedro Mixtepec (...). De lo anterior se advierte que por los actos que se susciten dentro del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, corresponde conocer a los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. En este orden de ideas resulta indiscutible concluir que si los actos reclamados en esta instancia tuvieron ejecución dentro del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo es al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tuvieron ejecución los actos reclamados, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y al no haberse solicitado la suspensión en el presente asunto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, por ende, se ordena remitir el presente expediente, así como sus dos cuadernos de prueba, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para el efecto de que lo turne al órgano de control constitucional que corresponda con sede en dicho lugar, a quien se estima competente; solicitándole el acuse de estilo correspondiente. Con las constancias conducentes se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. En tales condiciones, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III A Visto el escrito de Fernando Tobías Lucas, apoderado legal de Ricardo Hernán Cervantes Reyes, parte tercera interesada; en su atención, de conformidad con lo establecido en el numeral 124 de la ley de la materia, téngasele por formulados sus alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Ahora, respecto a la prueba de informes que ofrece en el ocurso de cuenta, consistente en requerir al Presidente Municipal Constitucional de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para que informe lo que en el mismo solicita, con fundamento en los artículos 75 primer párrafo y 119 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, no ha lugar a admitir la aludida probanza, por inconducente, toda vez que, la información solicitada por la parte tercera interesada, no se estima trascendente para conocer el fondo del asunto, ni existe relación inmediata y directa entre el acto reclamado y el medio de prueba ofrecido, máxime que de la documental remitida por la autoridad responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en copia certificada de todo lo actuado en el expediente civil 343/2013 de su índice, de donde deriva el acto reclamado, se desprende tal situación, por lo que el asunto será estudiado con base en tales documentales. De igual forma, no ha lugar a dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, por las razones expuestas en el párrafo anterior. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada.
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