Everardo Sánchez Hernández
Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Everardo Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 107/2019-I-D, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Roxana León Sánchez, Secretaria del
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 107/2019-I-D. este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Del examen de los disposiciones transcritas se obtiene que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en el amparo biinstancial solo procede cuando se interponga contra la última resolución que ahí se pronuncie, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. De igual modo, que en el procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la especie, el quejoso Everardo Sánchez Hernández, reclama la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 57/2012, en la cual se aprobó el remate en primera almoneda celebrada a las nueve horas del diecinueve de febrero del año en curso, se declaró fincado el remate y se adjudicó a favor de Esperanza Cabrera Luna, el bien inmueble embargado en el citado juicio ejecutivo mercantil; así como, la falta de notificación personal de la citada resolución. Ahora del análisis de la demanda que se recibe, se advierte que la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que se señala como acto reclamado fue dictada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en la etapa de ejecución de sentencia, de manera concreta en el procedimiento de remate, al que el promovente refiere compareció como diverso reembargante del bien rematado en autos del juicio laboral 2000/2016/JE1-1; sin embargo, dada su naturaleza y efectos, no aparece que se trate de la última resolución pronunciada en el procedimiento aludido como se prevé en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en esa resolución no se ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble sujeto a remate, ni la entrega de éste, pues si bien conforme con lo manifestado por el disidente, en la resolución de que se trata, el juez responsable aprobó el remate en primera almoneda, adjudicó a favor de Esperanza Cabrera Luna el bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 57/2012 y, en su oportunidad, ordenó se procediera a entregar los autos al notario que designara la postora para que se otorgara la escritura de adjudicación correspondiente; empero, también señala que dicho juzgador determinó prevenir a la citada postora para que dentro del término de cinco días exhibiera el resto del precio de su postura, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a nueva subasta y perdería en favor del ejecutante del diez por ciento exhibido. En esa tesitura, se colige que los actos que se reclaman no son de aquellos que dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, sean combatibles en amparo indirecto, por no tratarse de la última resolución en el procedimiento de remate; de ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066, Libro 29, tomo II, abril de 2016, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veintidós de marzo del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 107/2019-I-D. este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Del examen de los disposiciones transcritas se obtiene que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en el amparo biinstancial solo procede cuando se interponga contra la última resolución que ahí se pronuncie, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. De igual modo, que en el procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la especie, el quejoso Everardo Sánchez Hernández, reclama la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 57/2012, en la cual se aprobó el remate en primera almoneda celebrada a las nueve horas del diecinueve de febrero del año en curso, se declaró fincado el remate y se adjudicó a favor de Esperanza Cabrera Luna, el bien inmueble embargado en el citado juicio ejecutivo mercantil; así como, la falta de notificación personal de la citada resolución. Ahora del análisis de la demanda que se recibe, se advierte que la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que se señala como acto reclamado fue dictada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en la etapa de ejecución de sentencia, de manera concreta en el procedimiento de remate, al que el promovente refiere compareció como diverso reembargante del bien rematado en autos del juicio laboral 2000/2016/JE1-1; sin embargo, dada su naturaleza y efectos, no aparece que se trate de la última resolución pronunciada en el procedimiento aludido como se prevé en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en esa resolución no se ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble sujeto a remate, ni la entrega de éste, pues si bien conforme con lo manifestado por el disidente, en la resolución de que se trata, el juez responsable aprobó el remate en primera almoneda, adjudicó a favor de Esperanza Cabrera Luna el bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 57/2012 y, en su oportunidad, ordenó se procediera a entregar los autos al notario que designara la postora para que se otorgara la escritura de adjudicación correspondiente; empero, también señala que dicho juzgador determinó prevenir a la citada postora para que dentro del término de cinco días exhibiera el resto del precio de su postura, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a nueva subasta y perdería en favor del ejecutante del diez por ciento exhibido. En esa tesitura, se colige que los actos que se reclaman no son de aquellos que dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, sean combatibles en amparo indirecto, por no tratarse de la última resolución en el procedimiento de remate; de ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066, Libro 29, tomo II, abril de 2016, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
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