Everardo Rueda Moreno

Expediente 723/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
723/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Everardo Rueda Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    ... promueve juicio de amparo contra actos de... se concluye de manera respetuosa que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que la resolución que constituye el acto reclamado en este asunto, revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en el proceso penal ... por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito.... este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto... remítase este asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Córdoba, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal del cual guarda relación el acto reclamado... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza ... a... debido a que cuenta con cédula profesional registrada... a las restantes personas que indica... solamente para oír notificaciones e imponerse de autos por así haberlo solicitado....

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese este expediente con el número 723/2019. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica: HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asimismo, se toman en cuenta los criterios obligatorios, emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Son aplicables las tesis siguientes: Registro No. 160608 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 2183 Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Jurisprudencia Materia(s): Común COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Registro No. 176365 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Página: 174 Tesis: 1a./J. 147/2005 Jurisprudencia Materia(s): Penal COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo tercero, fracción séptima del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en el municipio de Amatlán de los Reyes. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el toca ***. Cabe destacar que en dicha resolución la Sala responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Segunda en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, así como la agraviada ***, y revocó el auto de no vinculación a proceso de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el proceso penal *** por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, por los hechos que la ley señala como de incumplimiento de la obligación de dar alimentos cometido en agravio de ***. La anterior determinación implica que se continúe el proceso en contra del quejoso por los hechos antes señalados ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, por lo que los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye de manera respetuosa que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que la resolución que constituye el acto reclamado en este asunto, revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en el proceso penal *** por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito. Acorde con lo anterior, este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tal motivo remítase este asunto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Córdoba, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal del cual guarda relación el acto reclamado. Asimismo, se solicita atentamente al Juzgado de Distrito que por razón de turno conozca de este asunto, envíe el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; de igual manera, únicamente se autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, a las restantes personas que indica, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos por así haberlo solicitado. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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