Everardo Rico Susarrey

Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1029/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Everardo Rico Susarrey

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en la fracción I del Artículo 20 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido José Vicente Ramos Ramírez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Nayarit, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Vicente Ramos Ramírez, en contra de las autoridades responsables y actos que quedaron precisados en el presente fallo, por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Vicente Ramos Ramírez, en contra de las autoridades responsables y actos que quedaron precisados en el presente fallo, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando séptimo y para los efectos señalados en su último considerando. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite la ejecutoria en auto inserto pronunciada por ese Tribunal dentro del recurso de revisión 338/2023, y los autos originales del juicio de amparo indirecto 2243/2022, de la estadística de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Quedan intocadas las consideraciones en que se sustentó la desestimación de una causal de improcedencia hecha valer por el Gobernador del Estado de Nayarit, así como la concesión del amparo respecto de los actos reclamados al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Nayarit. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Sandra Yarely Rojas García, contra el acto que reclamaron del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, para los efectos precisados en el séptimo considerando de la sentencia impugnada". Luego, toda vez que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sandra Yarely Rojas García, contra actos de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos. Ahora, tomando en consideración que los efectos de la sentencia de amparo fueron para: "que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Bahía de Banderas, en un plazo improrrogable de diez días, señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ordene la notificación de las partes y vigile el cumplimiento de las mismas, a fin de estar en aptitud de continuar con el procedimiento en su fase subsecuente". En atención a lo anterior, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, emita un nuevo auto para el desahogo de las pruebas ordenadas en los autos del expediente 48/2018 de su índice, y señale fecha a efecto de que dicha audiencia tenga verificativo dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente proveído, y lo notifique de inmediato a las partes, y una vez hecho lo anterior remita a éste órgano jurisdiccional constancias certificadas completas y legibles que acrediten de manera fehaciente el cumplimiento al requerimiento formulado y posteriormente envíe a este juzgado el desahogo de dichas probanzas. Apercibido que de no hacerlo en el término antes indicado, será acreedor a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. NOTIFÍQUESE.

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