Everardo Ramírez Ruiz

Expediente 373/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
373/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Everardo Ramírez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Everardo Ramírez Ruiz, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de septiembre del año en curso (foja 21), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al tramitarse dicho incidente. Ley de transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. VI-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que Everardo Ramírez Ruiz, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de veintiséis de agosto del año en curso (fojas 5 a 7), notificado el veintisiete posterior (fojas 10 y 11), habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Sin que pase inadvertido que de autos se aprecia que Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, autorizado en términos amplios, pretendió desahogar dicha prevención, presentación que no interrumpió el plazo otorgado; sin embargo, no se tuvo por aclarada la demanda, atento a los motivos y fundamentos expuestos en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 18). Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito recibido vía electrónica con evidencia criptográfica de Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso Everardo Ramírez Ruiz, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintiséis de agosto de este mes y año (fojas 5 a 7). Atento a lo anterior, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar favorable, pues en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las facultades de los autorizados consisten en la interposición de recursos, ofrecimiento y rendición de pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante, las cuales son procedentes siempre que se trate de actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, que es parte de la demanda. De ahí que el escrito aclaratorio deba realizarlo el quejoso, porque se trata de un requisito formal del escrito de demanda, desahogo o ampliación, que deben ser signados por la parte directamente afectada o bien por su legítimo representante. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 33/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, junio de 2011, foja 68, que establece: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. En consecuencia, hágase saber al promovente que no se tiene por desahogada la prevención de mérito, y que de no cumplir el impetrante cabalmente con lo requerido en auto de veintiséis de agosto de este mes y año (fojas 5 a 7), dentro del término concedido en el proveído en cita, se hará efectivo el apercibimiento decretado; destacando que con la presentación del escrito de cuenta no se interrumpió el plazo ahí concedido, por lo que le transcurre el término ahí concedido; dado que en la especie el ocurso de cuenta no es presentado por el directo quejoso. Es aplicable a lo anterior a contrario sensu, el contenido de la Jurisprudencia 1ª./J. 39/2012 (10ª), visible en la página 400 del tomo 1, Mayo de 2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Aunado a que no pasa inadvertido, que la evidencia criptográfica corresponde a dicho autorizado y no a la del directo quejoso, y que al efecto anexa un escrito con una rúbrica del impetrante, sin embargo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 59, 64, 65, 69 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica" (FIREL), la cual se define en el mencionado precepto como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, deben ceñirse a los requisitos que la normatividad correspondiente exige para ellos, como la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. En el caso, el anexo consistente en el escrito con aparente rúbrica del quejoso Everardo Ramírez Ruiz, no contiene firma electrónica de éste, como lo disponen los numerales ya referidos, en virtud de que se presentó en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, y no se está en ninguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 69 del enunciado acuerdo. Por tal razón, como el escrito no contiene firma electrónica de quien lo suscribe, pues se insiste, la firma electrónica corresponde a diversa persona del quejoso, no ha lugar a proveer respecto del escrito de cuenta, ordenándose glosar al expediente para que obre únicamente como corresponda. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la página 1877, del Libro 42, Mayo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2014299, cuyo tenor literal es: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Everardo Ramírez Ruiz, contra actos del 1. Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, Oaxaca, 2. Agente del Ministerio Público de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y, 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Región Costa de San Pedro Pochutla, Oaxaca, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 373/2019. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción V, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y . Desahogue el siguiente requerimiento: ÚNICO. Señale el domicilio donde se va a ejecutar la orden, a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de proveer respecto a la procedencia del juicio de amparo que promueve, y en su caso, por cuanto a la suspensión provisional. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada en los términos y plazo indicados, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta y para oír y recibir notificaciones, así como valores; de igual forma, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a la diversa persona que indica. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA La parte quejosa señala un inmueble para notificaciones, empero también como domicilio para oír y recibirlas vía electrónica, para lo cual solicita se le autorice también la consulta del expediente en esa misma vía; en consecuencia, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos del 77 al 83; se autoriza la consulta al usuario "jorgelgovirux", y en términos del artículo 26, fracción IV de la mencionada ley, realícense las notificaciones que deban ser de carácter personal o urgente, de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio las resoluciones que deban ser de carácter personal o urgente sin ulterior pronunciamiento para que aquéllas deban practicarse así. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica. VI-B

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