Everardo Ramírez Ney y Otros.

Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
145/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Everardo Ramírez Ney y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 47/2023; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el mismo oficio y se proveyó lo conducente, asimismo, se acusó de recibo al estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 47/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto por el recurrente EVERARDO RAMÍREZ NEY, en su carácter de secretario de la moral SANTA MARÍA DEL ROSARIO TECOANAPA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse desechado la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria encargada del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil veintitrés, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2245/2023, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por Everardo Ramírez Ney, por propio derecho y en su carácter de Secretario de la moral denominada "Santa María del Rosario Tecoanapa", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad y otra autoridad. ? Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 145/2023-F que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1, dispone la facultad de esta juzgadora para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: 1 Ley de Amparo Vigente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." - El auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de antecedentes 002/2023, del Índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, relativo al recurso de queja interpuesto en contra del diverso auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario 49/2019-II-BIS-III, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero; derivado a su vez del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó el incidente de nulidad de notificación planteado por el aquí quejoso. Ahora, de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en esencia, la parte quejosa reclama el auto de once de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante el cual desechó el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario 49/2019-II-BIS-III, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero; por el que se desechó el recurso de reconsideración interpuesto en contra del incidente de nulidad de notificación planteado por el aquí quejoso, a fin de combatir al notificación realizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, relativa al requerimiento de pago voluntario de la condena impuesta en el juicio de origen. Precisado lo anterior, quien ahora resuelve advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, de contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo anterior se infiere que tratándose de actos en ejecución de sentencia atribuidos a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo biinstancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; en el entendido de que en esta etapa del procedimiento no existen actos cuya ejecución sea de imposible reparación; igualmente prevé que en tratándose de remates, procede sólo contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De tal manera que, debe entenderse por "última resolución" que se dicta en un procedimiento de ejecución de sentencia, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es decir, es aquélla resolución culminatoria del periodo de ejecución. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, julio de 2003, página 11, que a la letra expresa: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De igual forma, el criterio establecido en la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Lo anterior, tiene como finalidad que no pueda entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Se reitera, del contenido íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el auto de once de enero de dos mil veintitrés, por el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, desechó el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario 49/2019-II-BIS-III, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero; por el que se desechó el recurso de reconsideración interpuesto en contra del incidente de nulidad de notificación planteado por el aquí quejoso, a fin de combatir al notificación realizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, relativa al requerimiento de pago voluntario de la condena impuesta en el juicio de origen. Lo que permite concluir que el acto reclamado no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, como se aprecia, el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, ahora, en el auto que se combate, se observa que se desechó un recurso de queja interpuesto con la finalidad de combatir un diverso desechamiento del recurso de reconsideración hecho valer con la inadmisión de un incidente de nulidad de notificación, en el juicio de origen, mismo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En tales circunstancias, el auto que se reclama no es de aquellos dictados en ejecución de sentencia que afecten derechos sustantivos, toda vez que será hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución, en la que se podrán hacer valer las violaciones cometidas en dicha prosecución de la ejecución de sentencia. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo, toda vez que no se está en algún supuesto de excepción; improcedencia que tiene como finalidad, evitar el abuso del juicio de amparo. Al respecto se invoca la tesis VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 230, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En las narradas circunstancias, el acto impugnado del Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, no es un acto dictado en ejecución de sentencia que afecte derechos sustantivos, por lo que con fundamento en la causal de improcedencia analizada procede desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. ? Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. ? Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ismael Rojas Catalán, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita en su escrito toda vez que no cuentan con tal registro. ? Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ? Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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