Everardo Guadalupe Chan García

Expediente 871/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
871/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Everardo Guadalupe Chan García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal al quejoso EVERARDO GUADALUPE CHAN GARCÍA; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CUATRO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, un disco en formato DVD de audio y video, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite la Juez Civil de Primera Instancia de Balancán, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 116/2020-4, deducido del juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 4 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las doce horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 871/2020-4, promovido por Everardo Guadalupe Chan García, por conducto de su defensor particular Luis Fernando Rodríguez Mollinedo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta las documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada de las actas mínimas de audiencia de control de detención suspendida de uno de octubre de dos mil veinte y audiencia de control de detención de seis de octubre de dos mil veinte, celebradas en la causa penal 174/2020, así como un disco en formato DVD de audio y video, que contiene las audiencias mencionadas. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 871/2020-4, promovido por Everardo Guadalupe Chan García, por conducto de su defensor particular Luis Fernando Rodríguez Mollinedo, contra actos del Juez Primero de Control de la Región Judicial Cuatro con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Everardo Guadalupe Chan García, por conducto de su defensor particular Luis Fernando Rodríguez Mollinedo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "a) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. La resolución dictada por parte del C. Juez Primero de Control de la Región Judicial Cuatro con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la audiencia de fecha 06 de octubre de 2020, mediante la cual califica indebidamente de legal la Detención y Retención del quejoso, la cual no se encuentra ajustada a derecho y conculca las garantías del doliente de amparo, a cómo podrá observar su Señoría al momento de imponerse de los audios y videos que conforman la Causa Penal 174/2020 y que en vía de informe remita la autoridad señalada como responsable." 2 b) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA. Los actos de ejecución derivados del acto emitido por la ordenadora, pues es el responsable de la institución penitenciaria en la que actualmente se encuentra privado de su libertad el hoy quejoso. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Primero de Control de la Región Judicial Cuatro con sede en Emiliano Zapata, Tabasco. 2 Director del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 871/2020-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se reservó el emplazamiento del tercero interesado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución de seis de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 174/2020, que califica la detención del inculpado Everardo Guadalupe Chan García. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, pues así lo manifestó el Juez de Control de la Región Judicial Cuatro, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, al rendir su informe justificado (foja 63). En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Información que se corrobora con las constancias respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistentes en copia certificada de las actas mínimas de audiencia de control de detención suspendida de uno de octubre de dos mil veinte y audiencia de control de detención de seis de octubre de dos mil veinte, celebradas en la causa penal 174/2020, contenidas en el disco en formato DVD de audio y video. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." (Época: Décima Época, Registro: 2004362, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703). Por otra parte, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco, fue omisa al rendir su informe justificado, no obstante, de encontrarse debidamente notificada, como se desprende de la pieza postal que obra a foja 80 de autos, por lo que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, máxime que se trata de una autoridad ejecutora. En tal virtud, se tienen por ciertos los actos reclamados por el quejoso en la presente instancia constitucional. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del quejoso, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Que se debe de agotar el control difuso de convencionalidad ex oficio, entre lo dispuesto en el artículo 146 fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo que señalan los artículos 7.3 y 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La indebida fundamentación y motivación que realizó la autoridad ordenadora al considerar los hechos descritos en el informe policial homologado, se encuentran apegados a lo establecido en el numeral 146 fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin tomar en cuenta los argumentos que se debatieron en audiencia. Que al realizar una reclasificación al fundamento de la flagrancia, realizó un acto indebido, afectando con ello el principio del debido proceso. Que en ningún momento se estableció en la audiencia que los vecinos sacaron al quejoso de su domicilio en forma violenta y los medios con los que los sacaron, realizando estos actos vandálicos. Que la calificación de legalidad a la detención y retención realizada por la autoridad responsable ordenadora es violatoria de garantías prevista en los artículos 1º Constitucional, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así mismo, sigue alegando que la autoridad responsable con su proceder ha violentado en su perjuicio el derecho a la vida, en razón de que deja de observar que es una persona que padece de lesiones en su cerebro a consecuencia de las constantes lesiones que le infirieron al momento en que sucedieron los hechos, y que resulta ser una persona vulnerable ante el riesgo que implica un posible contagio del virus SARS- CoV2 (COVID- 19), por lo que al ordenar su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Tenosique, donde no se han establecido protocolos necesarios para contener y evitar la propagación del virus antes referido, se está proponiendo un riesgo inminente la salud del quejoso. Previo a analizar los conceptos de violación, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830). El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedían en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarían para el dictado del auto de vinculación, se trataban de actuaciones cuya materia de análisis era diferente y sucedían sin que existiera la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad que rige el nuevo sistema de justicia penal. Dicha contradicción derivó de la jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 76/2018 (10a.), Página: 209), Décima Época, Registro: 2018592, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." Por ende, determinó que ante la circunstancia de que el quejoso señalara como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilitaba al juez de amparo para examinar la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, sería necesario que también la reclamara en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si, los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Es menester precisar que de la interpretación de los artículos 74, 75, 76, 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de los principios y derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 17, en especial en su tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es factible concluir que aun cuando puedan existir vicios formales en el acto reclamado, debe privilegiarse el estudio de fondo del asunto, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se tiene que la nueva sistemática del juicio de amparo exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, para así evitar postergar innecesariamente su resolución definitiva y, de esta manera, cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. Se insiste, de la interpretación de la redacción del último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo , se obtiene que en asuntos en los que proceda la suplencia de la queja -como en el que se resuelve-, dicha institución sólo podrá operar por violaciones procesales o formales cuando se advierta que en el acto reclamado no exista un vicio de fondo; de manera que -como se señaló- de concurrir, se debe privilegiar el estudio de tal vicio. Estudio constitucional de la calificación de la detención. En la audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 174/2020, en donde el juez de Control responsable calificó de legal la detención del inculpado Everardo Guadalupe Chan García -aquí quejoso-, al momento de resolver, determinó lo siguiente: "..procede a resolver a las 15:54 horas validando de legal la detención y retención de Everardo Guadalupe Chan García, en relación al hecho de tentativa de homicidio calificado en agravio de Felipe Molina Rivera, en atención a que se han cumplido los requisitos del artículo 16 de la Constitución de flagrancia contenido en el artículo 146 fracción II, apartado b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta invocación en una sugerencia por parte del órgano investigador, es decir, no vincula a este juzgador puesto que tal y como ocurre con otras etapas procesales como es la vinculación a proceso, los hechos que han sido acreditados ubican pues la hipótesis normativa adecuada, en este caso aprecio que no le asiste la razón cuando invoca esta fracción II, apartado b), del artículo 146 del Código Nacional, dado que los agentes de seguridad pública dado que ellos no realizaron ninguna detención, lo que ellos hacen es recibir a una persona previamente detenida por ciudadanos, claramente el informe policial homologado así lo establece, cuando indica que alrededor de las diecisiete horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre del presente año, acuden hasta la calle cinco de mayo en atención a una llamada de auxilio, que llegan alrededor de las diecisiete horas con veinticinco minutos a un domicilio que está rodeado por alrededor de un centenar de personas y logran advertir que quince, alrededor de quince personas sacan a alguien del domicilio, que era una persona con playera negra sport y se lo entregan señalando que momentos antes había lesionado a una persona, entonces claramente los agentes policiales no realizaron ninguna detención porque la persona ya estaba detenida, recuerden que la Constitución dice que cualquier persona puede proceder a la detención ante flagrante delito, en este caso es mediante la entrevista a Marcos Antonio Chan Rivera, que se puede esclarecer como ocurrió esa detención ciudadana, él nos indica que estaba el día de los hechos alrededor de las dieciséis horas con cinco minutos sobre la calle cinco de mayo, cuando él observa que la víctima es agredida por Everardo Guadalupe Chan García con un machete que le asesta a la altura de la cabeza, iba a sestarle otro machetazo más, cuando intervinieron vecinos del lugar impidiendo que se consumara este hecho, esta persona inmediatamente empieza a huir y es perseguida por estas personas que son quienes sacan del domicilio particular del imputado, entonces claramente la actuación es de los ciudadanos, la autoridad aquí no interviene en la detención de Everardo Guadalupe Chan García, ellos aquí lo que hacen es recibir al detenido y remitirlo al fiscal del Ministerio Público tal y como lo marca la Constitución, que indica que cualquier persona que realice una detención deberá llevar a éste a la autoridad más cercana; cuál era la autoridad más cercana?...Policía de Seguridad Pública Municipal, a su vez esta autoridad más cercana debe ponerlo a disposición del Ministerio Público, lo cual ocurrió precisamente esa fecha pero a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, de ahí entonces pues devienen irrelevantes los argumentos así hay testigos o no hay testigos presenciales que si hay algún otro indicio porque en este caso la hipótesis que se adecue es la del 146 fracción II, apartado a), del Código Nacional del Procedimientos Penales, la cual indica que una persona puede ser detenida legalmente si inmediatamente después de estar cometiendo el delito es sorprendido y perseguido material e ininterrumpidamente, el relato de Marco Antonio Chan Rivera permite reconstruir como ocurrió esa detención, de ahí se indica que vecinos del lugar sorprendieron al sujeto activo cuando asestaba a machetazos a la víctima, incluso impidieron la consumación e inmediatamente el sujeto al verse sorprendido, emprendió la huida, siendo perseguido por estas personas quienes posteriormente lo sacan y lo entregan a la autoridad. Cabe destacar que estas circunstancias que llama la atención de personas hayan ingresado al domicilio particular y hayan sacado a Everardo Guadalupe Chan García no afecta la legalidad de la puesta a disposición porque el artículo que regula esta circunstancia es la introducción al domicilio es el artículo 200...le corresponde únicamente a la autoridad. En cuanto a los ciudadanos, el Código Nacional no hace ninguna alusión, no está regulado, por tanto, si hubo la ejecución de un delito de allanamiento de morada, será aquel morador de aquella vivienda quien tenga que plantear la denuncia o querella correspondiente hasta el momento no se hizo del conocimiento de la existencia de alguna carpeta de investigación iniciada por el delito de allanamiento de morada, por lo tanto no tengo elementos para establecer que la actuación de estos ciudadanos fue ilícita, por el contrario, se aprecia que hubo una persecución inmediata y material ininterrumpida para lograr la detención del señor Everardo Guadalupe Chan García, la puesta a disposición está dentro de los parámetros de razonabilidad, puesto que una vez que fue entregado el detenido a los agentes de seguridad pública, estos lo pusieron a disposición del Ministerio Público en un término de dos horas con veinte minutos, tiempo que se estima razonable dado que como se ha mencionado el detenido presentaba lesiones, tuvo una valoración médica previa, una atención médica urgente, de ahí entonces que es explicable esta demora de dos horas con veinte minutos para la puesta a disposición ante el Ministerio Público, a su vez error del investigador antes de fenecer las 48 horas puso a disposición al detenido ante este juzgado; por lo tanto, pues están reunidos los requisitos de la hipótesis de flagrancia, en este caso una detención ciudadana; comuníquese lo anterior al Director del Centro de Detención." En mérito de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que no existe materia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo33 y, además, que la calificación de la detención se encuentra ajustada a derecho. Conviene en este punto destacar la trascendencia del control de la detención, que impone que la revisión de ese aspecto debe ser especialmente cuidadosa, ya que el descubrimiento de una situación de ilegalidad tiene por efecto jurídico la exclusión de las pruebas que se obtuvieron con motivo de esa detención, con independencia de la responsabilidad que pudiera ser imputable a los aprehensores. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y (.) En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.) El artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto." Ahora bien, para resolver sobre el control de la detención, Ludwig Ovando Ramón, Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, se apoyó en el artículo 16 de la Constitución General de la República. Ahora bien, la libertad personal es un derecho humano que ha vivido un proceso evolutivo de reconocimiento y protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este desarrollo obedeció a la constante histórica de abusos en el ejercicio del poder; frente a ello, las normas constitucionales y convencionales han excluido la posibilidad de que se atente de manera arbitraria contra la libertad de las personas. En primer término, los artículos 1º, en su primeros tres párrafos, 14, segundo párrafo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convergen en que el derecho humano de libertad personal es reconocido como de primer rango y sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el establecido eje rector del primer precepto constitucional -principio pro persona-. Al respecto, los artículos 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse bajo las propias delimitaciones excepcionales conforme al propio marco constitucional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de determinados requisitos y garantías. En caso contrario, estaremos ante una detención o privación ilegal de la libertad que se encuentra prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Una de las formas constitucionalmente válidas para la privación de la libertad personal es la detención en flagrancia y la razón por la que se ha reconocido a la flagrancia como un supuesto que admite la detención sin orden judicial, se justifica por la detención de quien está ejecutando un hecho con apariencia de delito apreciable por los sentidos. En principio, toda detención debería estar precedida por una autorización fundada y motivada bajo los requisitos constitucionales, pero la detención en flagrancia constituye una excepción, también bajo su delimitación constitucional. Así, un delito flagrante se configura cuando se está cometiendo, esto es, cuando el autor es sorprendido mientras consuma la acción, por lo que no puede detenerse a una persona por la simple sospecha de que ha participado en la comisión de un delito o por su actitud sospechosa, sino que deben existir motivos suficientes para considerar evidente que esa persona ha participado en su comisión. En ese sentido, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define los supuestos en los que se considerará que existe flagrancia en la comisión de un delito, a saber: 1. Cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito [fracción I]. 2. Cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente [fracción II, inciso a)]. 3. Cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que la persona fue señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo [fracción II, inciso b)]. En consecuencia, quien afirma la legalidad y constitucionalidad de la detención (fiscal), debe poderla sostener ante el juez. Precisado lo anterior, debe decirse que esta autoridad advierte dos vertientes a analizar respecto a las posibles violaciones en la detención del imputado, a saber: La primera. La detención propiamente; y, La segunda. La inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público y luego ante la autoridad judicial dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso conforme al artículo 16 Constitucional. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son actos diferentes; por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que si bien tienen una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, Materia (s) Constitucional, Penal, Tesis: 1ª. CCCLXII/2015, Página 972, Décima Época, Registro 2010491, que dice: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son actos diferentes, por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que si bien tienen una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Así, en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, la primera acción que deben realizar los policías es la detención; y la siguiente es presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste defina su situación jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía demore injustificadamente la presentación, no implica que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue detenida de forma ilegal; esto es, si la detención se ajustó a los parámetros constitucionales, no existe razón jurídica por la que deba afectarse la declaratoria de validez constitucional que se realice de ésta. Consecuentemente, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente; de ahí que en caso de flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por estar apegada a los parámetros constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el Ministerio Público. Ello, porque la violación se suscita con posterioridad a la detención que fue legal, por lo que el impacto deberá reflejarse a partir de que la retención del detenido se torna injustificada." 1. Primera vertiente. En ese tenor, tal como lo sostuvo el juez de origen, la detención del imputado Everardo Guadalupe Chan García -aquí quejoso- fue legal (primera acción), al actualizarse la hipótesis de flagrancia delictiva a que se refieren los artículos 16 Constitucional y 146 fracción II, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue señalado por el testigo Marcos Antonio Chan Rivera, quien indicó que el día de los hechos, siendo aproximadamente las dieciséis horas con cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, estando en la calle 5 de Mayo de la Colonia Ampliación Gregorio Méndez del municipio de Balancán, Tabasco, observó que la víctima Ricardo Felipe Molina Rivera fue agredida por Everardo Guadalupe Chan García con un machete a la altura de la cabeza, que el aquí quejoso le iba a dar otro machetazo, cuando intervinieron vecinos del lugar impidiendo que se consumara éste hecho, que inmediatamente el imputado empezó a huir, y fue perseguido por esas personas, quienes sacan al imputado de su domicilio particular. Dicho en otras palabras, el imputado fue detenido por los vecinos del lugar, cuando se percataron que le dio un machetazo en la cabeza a la víctima, y cuando iba a dar el segundo machetazo a la víctima, fue sorprendido por los vecinos, por lo que aproximadamente quince personas que lo persiguieron hasta su domicilio particular, lo sacaron del mismo, y en ese momento lo entregan a la policía Asimismo, también existe el informe policial homologado, que establece que aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, los agentes de seguridad pública al recibir una llamada de auxilio, acuden a la calle 5 de Mayo de la Colonia Ampliación Gregorio Méndez del municipio de Balancán, Tabasco; que dichos agentes policiales llegaron al domicilio a las diecisiete horas con veinticinco minutos aproximadamente, quienes se percataron que el domicilio estaba rodeado por un centenar de personas, así mismo pudieron percatarse que quince personas sacaban a otra del domicilio, quien vestía en esos momentos playera negra sport, y se los entregan, refiriéndoles que momentos antes había lesionado a una persona de nombre Ricardo Felipe Molina Rivera. De igual manera, existe la entrevista del testigo Marcos Antonio Chan Rivera, quien indicó que se encontraba el día de los hechos, alrededor de las dieciséis horas con cinco minutos sobre la calle 5 de Mayo de la Colonia Ampliación Gregorio Méndez del municipio de Balancán, Tabasco, cuando observó que la víctima Ricardo Felipe Molina Rivera fue agredido por el inculpado Everardo Guadalupe Chan García con un machete a la altura de la cabeza, y que cuando iba a darle otro machetazo, intervinieron los vecinos del lugar, impidiendo que se consumara ese hecho. Que, al percatarse de dicha circunstancia, Everardo Guadalupe Chan García empezó a huir y fue perseguido por los vecinos del lugar, que son quienes lo sacan de su domicilio particular y lo entregan en ese momento a los agentes de seguridad pública municipal. De lo que se colige que -tal como lo sostuvo el juez de control- tales datos de prueba ponen de manifiesto que se cumplieron con los requisitos constitucionales y legales destacados para considerar que la detención se realizó en flagrancia, pues -como se ha indicado- el imputado fue detenido por los ciudadanos (vecinos del lugar), ya que al ser éste sorprendido por los vecinos, cuando le asestaba machetazos a la víctima Ricardo Felipe Molina Rivera. De ahí que el quejoso fue sorprendido y detenido por las personas que presenciaron el hecho delictivo y que impidieron a su vez que diera otro machetazo a la víctima, por lo que se puede evidenciar que dicha detención no fue de manera arbitraria, sino conforme a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 16 Constitucional, puesto que fue evidente la flagrancia, circunstancias que conforme a la máxima de la experiencia y el sentido común para dilucidar que se cometieron hechos que son antijurídicos. Razones por las que se considera que sí se colmaron las condiciones exigidas por los artículos 16 Constitucional y 146, fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el quejoso fue detenido en flagrancia. Segunda vertiente. En diverso aspecto, se analiza la segunda acción en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, a saber, presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste defina su situación jurídica. Tiene sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, Mayo de 2013, Tomo I, materia: Constitucional, Penal, Registro 2003545, Décima Época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras." Al respecto, se destaca que la detención material del imputado Everardo Guadalupe Chan García sucedió aproximadamente a las diecisiete horas con veinticinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, momento en que fue entregado por los vecinos del lugar a los agentes de seguridad pública municipal, y éstos a su vez pusieron al inculpado a disposición del Agente del Ministerio Público a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos de ese mismo día. Asimismo, entre esa hora y las diecisiete horas con veinticinco minutos del mismo día, existe una diferencia de dos horas con veinte minutos, sin embargo, este juzgador comparte el criterio del juez responsable al considerar que las dos horas con veinte minutos que transcurrieron se estiman razonables, puesto que el imputado al momento de ser detenido presentaba lesiones, y tuvo una valoración médica previa, de ahí que se justifique la demora de dos horas y veinte minutos para la puesta a disposición de Everardo Guadalupe Chan García ante el Agente del Ministerio Público. Razones por las que esta autoridad coincide con el juez de control responsable, en el sentido de que sí se logró la inmediatez en la puesta a disposición ante la representación social respectiva. Ahora bien, el ministerio público tuvo a su disposición al quejoso de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dejando detenido bajo custodia en el hospital general de Balancán, Tabasco, y a disposición del juzgado de Control a Everardo Guadalupe Chan García, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 110, 112, 123 fracción I, 11 fracción I y 67 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, cometido en agravio de Ricardo Felipe Molina Rivera, en esa fecha el fiscal peticionó audiencia de control de detención. El uno de octubre de dos mil veinte, previo a la audiencia de control de detención, el juez de Control responsable tomó en consideración el diagnóstico médico emitido por el doctor Arnulfo García Magaña, quien señaló que el imputado presentaba un estado de confusión congnitivo por enema cerebral traumático, esto es, que el cerebro del imputado se encontraba inflamado por traumatismos en el cráneo, por lo que el médico le generó un plan de tratamiento por cinco días. Por lo anterior, al advertir el juez de Control que no existían las condiciones para que el imputado pudiera con plena conciencia estar presente en su audiencia y ejercer la defensa material, así como un dialogo correcto con la defensa, con fundamento en el artículo 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó la suspensión del procedimiento, y del plazo constitucional para resolver el control de la detención en forma indefinida hasta en tanto contara con el informe correspondiente por parte del hospital general de Balancán, Tabasco. Por lo anterior, se tiene que la inmediatez en la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público se encuentra plenamente justificado; no pasa inadvertido para este juzgador que en la audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, el juez de Control responsable haya manifestado que el fiscal Investigador haya puesto a disposición de ese juzgado al detenido antes de fenecer las cuarenta y ocho horas, sin embargo debe decirse que dicho lapso se ajusta al parámetro de cuarenta y ocho horas, que prevé el artículo 16 Constitucional, para que el fiscal ordene su libertad o lo ponga a disposición de la autoridad. Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Everardo Guadalupe Chan García, en los que refiere: Que este jugador debe de agotar el control difuso de convencionalidad ex oficio, entre lo dispuesto en el artículo 146 fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo que señalan los artículos 7.3 y 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La indebida fundamentación y motivación que realizó la autoridad ordenadora al considerar los hechos descritos en el informe policial homologado, se encuentran apegados a lo establecido en el numeral 146 fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin tomar en cuenta los argumentos que se debatieron en audiencia. Que al realizar una reclasificación al fundamento de la flagrancia, realizó un acto indebido, afectando con ello el principio del debido proceso. Que en ningún momento se estableció en la audiencia que los vecinos sacaron al quejoso de su domicilio en forma violenta y los medios con los que los sacaron, realizando estos actos vandálicos. Que la calificación de legalidad a la detención y retención realizada por la autoridad responsable ordenadora es violatoria de garantías prevista en los artículos 1º Constitucional, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así mismo, sigue alegando que la autoridad responsable con su proceder ha violentado en su perjuicio el derecho a la vida, en razón de que deja de observar que es una persona que padece de lesiones en su cerebro a consecuencia de las constantes lesiones que le infirieron al momento en que sucedieron los hechos, y que resulta ser una persona vulnerable ante el riesgo que implica un posible contagio del virus SARS- CoV2 (COVID- 19), por lo que al ordenar su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Tenosique, donde no se han establecido protocolos necesarios para contener y evitar la propagación del virus antes referido, se está proponiendo un riesgo inminente la salud del quejoso. Dichos motivos de inconformidad son por una parte inoperantes y por otra infundados por los motivos que a continuación se exponen. Respecto a los conceptos de violación marcados con los incisos 1) y 4), estos resultan inoperantes en razón de que el quejoso Everardo Guadalupe Chan García, en su primer concepto de violación afirma que se están violentando sus derechos fundamentales y que la calificación de la detención fue arbitraria; sin embargo, ninguno de sus argumentos explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho. Pues se dedica a hacer precisiones respecto del artículo 1º Constitucional, y transcribirlo, parafraseando dicho artículo, asimismo en el cuarto concepto de violación alega que la calificación de legalidad a la detención y retención realizada por la autoridad responsable ordenadora es violatoria de garantías prevista en los artículos 1º Constitucional, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, no es suficiente que el disconforme alegue una exacta o inexacta aplicación de la norma y la observancia de otra, porque en primer término debió combatir las consideraciones de la responsable que la llevaron a emitir la resolución de seis de octubre de dos mil veinte, en donde se calificó de legal su detención; de ahí la inoperancia del cuestionamiento. Cobra aplicación por identidad de razón y espíritu que la motiva, la Jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, número 1a./J. 44/2016 (10a.), que es de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE LIMITAN A EXPONER LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, SIN APORTAR ARGUMENTOS PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD." Además, que también resulta inoperante la solicitud del quejoso en el sentido de que este juzgador debe de agotar el control difuso de convencionalidad ex officio, entre lo dispuesto por el artículo 146 fracción II, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo señalado por los artículos 7.3 y 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, primero, porque no debe perderse de vista que la calificación de la detención la hizo el juez de control responsable no este juez de amparo; y, segundo, porque la aplicación del control difuso ex officio en materia de derechos humanos, es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin. Sin embargo, la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por lógica, debe privilegiar y dar preferencia a la aplicación del derecho nacional interno. Ahora bien, el sistema nacional prevé una serie de formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; por lo que si se acudiera directamente al control difuso de convencionalidad, se provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del derecho para la solución de los casos, pues podría pasar que existiendo solución en la normativa interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicara la normativa internacional, dispensando a la persona del cumplimiento de las cargas que le correspondan de acuerdo con el orden jurídico nacional, lo que es irrealizable y agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema interno. Es aplicable para apoyar lo expuesto, la Jurisprudencia (III Región) 5o. J/8 (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que este órgano constitucional comparte y que aparece publicada en la página 1360, del Libro 4, de Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Décima Época, que textualmente dice: "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. De la interpretación sistemática y teleológica de los principios pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, hermenéutico en materia convencional, previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, se advierte que la aplicación del control difuso ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin. Esto significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia en los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales, así como en la legislación ordinaria, para que, una vez que se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex officio. De no hacerse así, éste pudiera aplicarse sin restricción alguna, acudiendo de manera directa a la normativa internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que el sistema jurídico de cada Estado presenta características especiales que lo distinguen, por lo que de acuerdo a su situación, cada Nación deberá establecer cómo aplicar el control difuso de convencionalidad que lo haga coherente con su derecho interno y, como consecuencia, que se logre la optimización de los derechos humanos. Además, es importante establecer que el sistema nacional prevé una serie de formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; por lo que si se acudiera directamente al control difuso de convencionalidad, se provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del derecho para la solución de los casos, pues podría pasar que existiendo solución en la normativa interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicara la normativa internacional, dispensando a la persona del cumplimiento de las cargas que le correspondían de acuerdo con el orden jurídico nacional, lo que es irrealizable y agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema interno; máxime que la Constitución Federal, en su artículo 1o., condiciona que dicho control sea útil para optimizar el derecho humano, lo que constituye un presupuesto constitucional previo que el aplicador deberá ponderar para estar en condiciones de realizar o no el control citado." A mayor abundamiento, este juzgador no puede realizar un control difuso de convencionalidad ex officio, respecto de las leyes que menciona, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los juzgadores sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones sobre las que están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de Amparo, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene aplicación por analogía, la Tesis P. IX/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 355, Materia Constitucional, Registro 2009816, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla." Por otra parte, es inoperante el concepto de violación marcado con el inciso 6), en el que establece que la autoridad responsable con su proceder ha violentado en su perjuicio el derecho a la vida, en razón de que deja de observar que es una persona que padece de lesiones en su cerebro a consecuencia de las constantes lesiones que le infirieron al momento en que sucedieron los hechos, y que resulta ser una persona vulnerable ante el riesgo que implica un posible contagio del virus SARS- CoV2 (COVID- 19), por lo que al ordenar su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Tenosique, donde no se han establecido protocolos necesarios para contener y evitar la propagación del virus antes referido, se está proponiendo un riesgo inminente la salud del quejoso. Pues con dicho argumento, el quejoso no combate de ninguna manera la resolución que por esta vía se estudia, pues con ello hace aseveraciones ambiguas y superficiales, puesto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado. Tiene sustento a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, (Mayo de 1999), página 1001, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, aquellos se consideran inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo solicitado, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que este Tribunal Colegiado no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías en favor del peticionario, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que lo en ellos expresados carece de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada, con base en los intocados fundamentos en que se apoya. De igual forma se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 191 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, (Enero de 1991), Octava Época, que dispone: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES DEL FALLO. Cuando hay considerandos esenciales que rigen los puntos resolutivos del fallo reclamado y no se atacan en los conceptos de violación, es ocioso el estudio de los alegados en la demanda de garantías, porque aun cuando fundados, serían inoperantes. Máxime, que no basta con expresar que se violan derechos fundamentales, sino debe decirse cuál es el motivo de dicha violación y controvertir la razones de la autoridad responsable que tuvo para emitir el acto reclamado en la forma que lo hizo, y si en este caso no se combatieron dichas razones y motivos, es evidente que la sola manifestación de que se violan derechos humanos son inoperantes. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Es decir, la parte quejosa no menciona qué formalidad se violentó con el dictado de la resolución impugnada, ni la relaciona en forma alguna sus manifestaciones con el contenido de los numerales de la Constitución; en esas circunstancias, es claro que sólo realiza afirmaciones superficiales que generan la inoperancia de sus agravios, pues no se advierte de ellos que establezca un razonamiento susceptible de análisis. Lo anterior encuentra sustento en lo resuelto por Tribunales Colegiados del Primer Circuito, en tesis I.4o.A. J/48, jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al Enero de 2007, página 2121, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." En cuanto al concepto de violación marcado con el inciso 2), en el que expresa la indebida fundamentación y motivación que realizó la autoridad ordenadora al considerar los hechos descritos en el informe policial homologado, se encontraban apegados a lo establecido en el numeral 146 fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin tomar en cuenta los argumentos que se debatieron en audiencia, dicho concepto de violación es infundado, dado que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Así entonces, el juez de Control responsable de Emiliano Zapata, Tabasco, fundó la calificación de la detención en el artículo 16 Constitucional quinto párrafo y 146 fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto párrafo: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. "[.] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. [.]". Artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. De los referidos preceptos se desprende que cualquier persona puede detener a quien sorprenda cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniendo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y, ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Tiene sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, página 319, Materia (s) Constitucional, Penal, Registro 2012053, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN CIUDADANA. LA ATRIBUCIÓN PARA QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA REALIZAR UNA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA DE DELITO NO COMPRENDE LA AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR, INDAGAR O INVESTIGAR AL DETENIDO. La atribución de carácter provisional y circunstancial prevista en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgada a cualquier persona para detener a quien sorprenda cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y, ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, constituye una injerencia en la esfera individual del ciudadano que, si bien es legítima, debe ceñirse estrictamente a su literalidad. Esto es, como cualquier limitación a un derecho fundamental -en la especie, la libertad personal- dicha atribución debe interpretarse de forma restrictiva; de ahí que la detención ciudadana debe limitarse a tomar medidas para evitar la fuga del inculpado y, en consecuencia, no comprende la autorización para registrar, indagar o investigarlo, si se realiza con otro fin que no sea cerciorarse de que porta un arma que pudiera representar un riesgo para sí o para los demás, lo cual es la única salvedad congruente con la necesidad de seguridad durante la medida coercitiva, pues no parece razonable exigir al aprehensor una conducta heroica o temeraria cuando está realizando un aseguramiento en aras del interés público. Fuera de este supuesto, la posibilidad de los particulares de detener en flagrancia no conlleva atribuciones indagatorias ni confiscatorias." Así entonces, de la audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, desahogada por el juez de Control Ludwig Ovando Ramón, al analizar el audio y video, se puede advertir que este fundó su determinación en los artículos 16 Constitucional y 146 fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, motivó aduciendo que dicha detención había sido legal porque un grupo de personas habían detenido al inculpado Everardo Guadalupe Chan García, cuando se percataron que éste dio un machetazo en la cabeza a la víctima Ricardo Felipe Molina Rivera, y a su vez impidieron que diera uno más, que dichas personas le persiguieron hasta el domicilio particular del imputado, lo sacaron del mismo, y posteriormente lo entregaron a la autoridad más cercana, que en este caso fue la policía municipal de Balancán, Tabasco, quienes a su vez pusieron a disposición del Ministerio Público; por lo que, dicha detención se realizó conforme a derecho. También, es infundado el concepto de violación marcado con el inciso 5), en el que dice el quejoso que al realizar el juez de Control la reclasificación al fundamento de la flagrancia realizó un acto indebido, afectando con ello el principio de debido proceso. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que si bien, el juez de Control estableció que no le asistía la razón al fiscal acusador al invocar la fracción II, inciso b), del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que los agentes de seguridad pública de Balancán, Tabasco, no realizaron la detención del imputado Everardo Guadalupe Chan García, puesto que lo que ellos hacen es atender una llamada de auxilio, y en base a ello acuden al domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo de la Colonia Ampliación Gregorio Méndez, de Balancán, Tabasco, en donde llegaron aproximadamente a las diecisiete horas con veinticinco minutos, en donde se percataron que ese domicilio estaba rodeado por un centenar de personas y logran advertir que aproximadamente quince personas sacan del domicilio a una persona del sexo masculino quien portaba una camiseta sport negra, y se los entregan señalándoles que momentos antes había lesionado a una persona de nombre Ricardo Felipe Molina Rivera. Por tanto, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de Control, acorde a sus facultades correctamente otorgó una clasificación jurídica distinta, puesto que los agentes de seguridad pública de Balancán, Tabasco, en ningún momento detuvieron en flagrancia al imputado, sino que ya había sido detenido por los ciudadanos, entonces no resultaba aplicable la fracción II, inciso b), del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1013, Registro 2021809, Décimo Época, que establece lo siguiente: "RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Juez de Control para otorgar una clasificación jurídica distinta a los hechos que fueron motivo de la imputación, siempre y cuando el Juez de Control les haga saber al imputado y a su defensor en la propia audiencia que va a clasificar de manera distinta los hechos para que en esa misma diligencia pueda tener la oportunidad de defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de la vinculación a proceso. Esa fórmula es acorde con lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017, en el que, entre otras consideraciones, estableció que es factible variar la clasificación legal de los hechos delictuosos, pero previendo mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa; contemplando como tal el consignado en el penúltimo párrafo del citado numeral, ya que garantiza que el imputado conozca oportunamente ese cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de defensa, que le permite ofrecer los datos de prueba que considere, así como formular los alegatos respectivos, con el fin de desvirtuar dicha calificación jurídica. De modo que si el Juez de Control decide "motu proprio" cambiar la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el Ministerio Público en la formulación de la imputación; previamente, debe comunicarlo al imputado y a su defensor, a fin de no trastocar los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia y debido proceso, puesto que desde una perspectiva de lógica jurídica, sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se tornaría en letra muerta el contenido de la norma procesal en comento." En conclusión, el juez de Control al prever la figura de flagrancia, fundó su decisión en la fracción II, inciso a) del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual este juzgador estima correcto, puesto que el imputado fue detenido por personas en calidad de ciudadanos mexicanos, quienes detuvieron a otra persona que fue sorprendida durante la comisión misma del delito, y le detuvieron en el momento inmediato posterior a la ejecución del ilícito, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana (policía municipal de Balancán, Tabasco), quienes a su vez, realizaron lo propio ante la autoridad ministerial. Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el que establece que en ningún momento se estableció en la audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, que los vecinos sacaron al quejoso Everardo Guadalupe Chan García de su domicilio en forma violenta y los medios con los que lo sacaron, realizando estos actos vandálicos. Pues en efecto, es infundado dicho concepto, puesto que no se advierte en el audio y video de seis de octubre de dos mil veinte, relativa a la audiencia de calificación de detención que se haya establecido que el imputado fue sacado de su domicilio de forma violenta o con actos vandálicos, pues el juez de Control estableció que no se le hizo del conocimiento de la existencia de alguna carpeta de investigación iniciada por el delito de allanamiento de morada, por lo que no tenía elementos para establecer que la actuación de esos ciudadanos había sido ilícita, por el contrario, advertía que existía una persecución inmediata y material ininterrumpida. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: "PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS" JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA." "INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE." "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." "CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA." "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS." "DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL." Sin embargo, en la especie resultan inaplicables toda vez que como se delimitó en párrafos anteriores, pues todas las tesis van encaminadas a solicitar a este juzgador que resuelva conforme al control difuso de convencionalidad ex officio, pues en el concepto de violación respectivo se ha dado contestación de que no compete a este juzgador pronunciarse al respecto, dado que no fue este órgano quien calificó de legal la detención, aunado a ello, como ya se explicó, tampoco se puede poner por encima de las leyes nacionales, a las leyes y tratados internacionales para brindar un mayor beneficio al inculpado cuando no tiene la razón. En cuanto a las tesis invocadas en el principio pro homine y pro persona, la vinculación de las normas aquí invocadas con el aludido principio, no conllevan a establecer la procedencia de la libertad del aquí quejoso, pues dicho principio en modo alguno, puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones "más favorables", cuando dichas interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas. Tampoco implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma que lo venían desempeñando, antes de la reforma, sino que dicho principio sólo conlleva, a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, está se aplique, sin que dicha circunstancia implique que se dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, página 772 (registro digital 2006485), que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Página 847, Registro 2016525, Décima Época, de rubro y texto siguientes: TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Everardo Guadalupe Chan García en su escrito de demanda, y al no advertir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado al tercero interesado Ricardo Felipe Molina Rivera; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Everardo Guadalupe Chan García, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se libró el despacho 116/2020-4, con número de orden 214/2020, al Juez Civil de Primera Instancia de Balancán, Tabasco, a efecto de que en auxilió de las labores de este juzgado, emplazara al tercero interesado Ricardo Felipe Molina Rivera, la cual fue remitida mediante mensajería acelerada Estafeta, con número de guía 3963248834, y de acuerdo con el rastreo efectuado en la página https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, dicha comunicación oficial se encuentra "en carga pendiente de salida a ruta local". Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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