Everardo Gómez Reyes
Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Everardo Gómez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Oscar Filiberto Bay Hernández, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese sin proveer sobre su contenido el oficio de cuenta signado por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, en razón de que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia definitiva y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 602/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Everardo Gómez Reyes, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. EJECUTORA: 2. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita al Sector Central, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: 1.- De la AUTORIDAD ORDENADORA, reclamo la ORDEN DE APREHENSION que dictó en la causa penal 139/2014-1, en la que por HOMONIMIA se pretende privar de la libertad personal. 2.- De las AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo la ejecución que pretenden dar a la orden de aprehensión dictada por la autoridad ordenadora e la que por HOMONIMIA se pretende privar de la libertad personal. SEGUNDO.- Trámite de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 602/2019; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de actos restrictivos de la libertad, cuya ejecución es de imposible reparación atribuible a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en razón de que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado (foja 49), aceptó que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en la causa penal número 139/2014-I, el extinto Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de ese Distrito, libró orden de aprehensión en contra de Everardo Gómez Reyes, por el delito de violencia familiar en agravio de Adriana Onofre Ramírez; certeza que se corrobora además, con la copia certificada de la citada causa penal remitida por el mencionado Juez responsable como apoyo a su informe; la cual dada su naturaleza tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central, residente en esta ciudad al rendir su respectivo informe justificado, negó la ejecución del mandamiento de captura reclamado (foja 49), su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter con el que fue señalada en el presente juicio, e independientemente de que conozca o no la orden de aprehensión reclamada, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que les son propias, se encuentran en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza aceptó el Juez de la causa. TERCERO. Causal de improcedencia actualizada. No obstante la certeza de la orden de aprehensión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6 ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, en relación con la orden de aprehensión de que se trata, pues acude a esta instancia constitucional con el argumento de que se trata de una homonimia al de aquel en contra de quien se libró dicha orden en la causa penal 139/2014-I. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 6 de la Ley de Amparo en su parte que interesa disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. (.)." En íntima vinculación con lo anterior, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, señala que: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.). De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del numeral 61 invocado, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte el citado numeral 6 refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, a quien afecte la norma general o el acto reclamado y por tal circunstancia, tenga necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal a efecto de que se respete el derecho contemplado en la Constitución o en el tratado internacional y que alega transgredida. Por último, de la lectura del numeral 5º transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo). En este sentido, cuando un acto autoritario no afecte el interés jurídico del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia; luego, en la especie, se sostiene que la parte quejosa no acredita que los actos reclamados le causan agravio alguno. Previo a demostrar la afirmación sostenida, es necesario precisar que, cuando en un juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona cuyo nombre coincide con la parte quejosa, a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Sexto Circuito, visible en la página 982, del Tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4o. y 5o. de la citada ley." Bajo ese contexto, en el caso el quejoso no allegó medio de convicción alguno tendiente a demostrar que la orden de aprehensión reclamada emitida en la causa penal 139/2014, se pretende ejecutar sobre su persona, ya que sólo ofreció como pruebas las siguientes: Originales a) De la credencial para votar a nombre de Everardo Gómez Ryes, con clave de elector GMRYEV80081112H301, y CURP GORE800811HGRMYV08, expedida por el Instituto Nacional Electoral. b) De la cartilla nacional de salud con número de afiliación/matrícula/expediente 1024, expedida por el centro de Salud Santa Cecilia de Acapulco, Guerrero. c) De la boleta de valuación 1992-1993 del Sistema Educativo Nacional de Educación Primaria del alumno Everardo Gómez Reyes, expedida por la Directora de la Escuela Francisco Sarabia, con domicilio en esta ciudad, el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres. d) Del acta de nacimiento con folio A12 0095945, de Everardo Gómez Reyes (quejoso) expedida por la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, de la que se aprecian los siguientes datos: Everardo Gómez Reyes (quejoso) con fecha y lugar de nacimiento once de agosto de mil novecientos ochenta, en Acapulco, Guerrero, hijo de Alfredo Gómez Maldonado e Hipólita Reyes Ramírez. e) De la impresión electrónica de la constancia de clave única de Registro de Población (curp) GORE800811HGRMYV08, expedida por la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. f) De la hoja de asignación de número de seguridad social con folio 1529085533543192981231, asignada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en favor de Everardo Gómez Reyes. g) Del reporte de crédito especial de personas físicas con folio de consulta 1,136,776,053, generado por buro de crédito. h) De cuatro impresiones fotográficas del quejoso. i) Del acta de nacimiento con folio A12 0095944, de Everardo Gómez Reyes (inculpado) expedida por la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, de la que se aprecian los siguientes datos: Everardo Gómez Reyes (inculpado) con fecha y lugar de nacimiento ocho de abril de mil novecientos noventa y tres, en Zihuatanejo, Guerrero, hijo de José Ángel Gómez Núñez y Angélica Reyes Rumbo. j) De ocho imágenes de publicaciones de internet (Facebook) k) Copia simple de la comparecencia y declaración de la agraviada Adriana Onofre Ramírez, dentro de la averiguación previa AZUE/AEDS/01/0108/2014. Luego, de la confrontación de las referidas documentales con las constancias remitidas por el Juez de la causa a su informe justificado, sólo se evidencia que la orden de aprehensión emitida en la causa penal 139/2014, no se encuentra dirigida hacia su persona sino a otra del mismo nombre. Lo anterior, se estima así porque del análisis de los documentos aportados se advierte que el quejoso nació el once de agosto de mil novecientos ochenta, en Acapulco de Juárez, Guerrero, tener a esta fecha treinta y nueve años de edad, que sus padres se llaman Alfredo Gómez Maldonado e Hipólita Reyes Ramírez y que es vecino de esta ciudad; en tanto que de la causa penal número 139/2014, en específico de la comparecencia ministerial de la agraviada Adriana Onofre Ramírez (fojas 72 y 73) que presentó querella por el delito de violencia familiar en contra de Everardo Gómez Reyes, ante el Agente Auxiliar del Ministerio Público de Fuero Común, especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el diecisiete de julio de dos mil catorce, y en la misma señaló que el agraviado en la citada fecha tenía veintidós años de edad, originario de Zihuatanejo, e hijo de los señores José Ángel Gómez Núñez y Angélica Reyes Rumbo, datos que coinciden con el original del acta de nacimiento proporcionada por el aquí quejoso relacionada en el inciso i); lo cual confirma que se trata de personas distintas, es decir, que sólo se trata de una homonimia. Consecuentemente, al no tratarse de la misma persona contra la que se dictó la orden de aprehensión dentro de la causa penal 139/2014, sino a una distinta pero con similar nombre, el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle perjuicio alguno, aunado a que tampoco se allegó prueba alguna con la que se demostrara que el citado mandamiento de captura reclamado se pretendiera ejecutar en la persona del quejoso Everardo Gómez Reyes, lo anterior, no obstante que en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, haya manifestado bajo protesta de decir verdad, que el día quince de junio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diez horas cuando se trasladaba a la ruta del centro a retorno en la Cima en esta ciudad estaba un operativo de la policía investigadora ministerial, y un elemento ministerial le dijo que tenía una orden de aprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 139/201-I, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Azueta, por el delito de violencia familiar en agravio de Adriana Onofre Ramírez; pues dicha protesta de ley por ser un requisito que debe contener la demanda establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, no cuenta por sí mismo con el carácter de medio de prueba, tal y como lo señala la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228, sexta parte, página 29, que sobre el tema menciona: ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen." Igualmente conviene citar por las razones que la informan, el criterio aislado que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 188, del Tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. LA PRUEBA DE SU EXISTENCIA NO ESTA COMPRENDIDA EN LA PROTESTA DE DECIR VERDAD. La protesta de decir verdad a que se refiere la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo de ninguna manera releva al quejoso de probar la existencia del acto reclamado cuando éste es negado por la autoridad responsable. Por todo ello, es procedente concluir que, en el presente asunto, queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que el citado quejoso carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es decretar su sobreseimiento. Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio aislado sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 2821, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA EN AMPARO EL QUEJOSO QUE DEMUESTRA QUE TIENE UN NOMBRE HOMÓNIMO AL DE AQUEL EN CONTRA DE QUIEN SE LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, A NO SER QUE DEMUESTRE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES, QUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS HAN TRATADO DE CUMPLIMENTARLA EN SU PERSONA. De una interpretación conjunta a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que el interés jurídico para acudir al juicio de garantías consiste en la demostración plena de la afectación que un acto de autoridad causa a una persona. Acorde con ello, si al reclamar la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, el quejoso demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se emitió, y de las constancias respectivas se advierten los datos que permiten identificar plenamente a la persona por la que se libró aquel mandato, resulta evidente que la orden de captura no afecta en forma alguna al impetrante de garantías y, por ende, carece de legitimación para reclamarla en amparo, dado que no se encuentra dirigida a su persona sino a una distinta pero con similar nombre, por lo que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un perjuicio. Lo anterior no impide que si el quejoso demuestra, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentar la referida orden en su persona, pueda concederse la protección constitucional, toda vez que dichos actos de ejecución son contrarios a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen una molestia y afectación en su persona, al pretenderse cumplir un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo de idéntico nombre, esto es, en los casos de homonimia en donde es plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo de libertad, lo único que puede llegar a afectar al quejoso es su ejecución. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 602/2019. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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